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La transcripción de la declaración de Salomé Pradas ha permitido profundizar en los detalles de su comparecencia. El testimonio se puede resumir en algunos puntos. ... Por ejemplo, su inexperiencia, el papel prioritario de los técnicos, la implicación de la delegada del Gobierno en la toma de decisiones, la ausencia de información en el Cecopi sobre el barrando del Poyo y la falta de fiabilidad del sistema Es-Alert, el SMS masivo para alertar a la población.
Pradas no solo defendió su actuación sino que censuró la de otros dirigentes. La Generalitat ha concentrado todas las sospechas en el papel de Miguel Polo, presidente de la CHJ. Y Pradas apuntaló ese mensaje contra Polo en sede judicial. Una eventual imputación de Polo potenciaría todavía más el relato de la Generalitat. Ese escenario no se puede descartar definitivamente.
La consellera arremetió contra el cargo socialista, desaparecido de los medios desde el fatídico día. Polo participó en aquel Cecopi de manera telemática. Pradas sostiene que incumplió las directrices porque debió hacerlo de manera presencial. Así lo recoge el Plan Especial Inundaciones en el momento en el que se activa el plan de presa. Este protocolo se activó alrededor de las 18 horas. Pero el presidente de la CHJ ya estaba online.
Además, tal y como ha informado LAS PROVINCIAS, la plantilla de la CHJ en las horas clave de la emergencia se vio reducida justo a la mitad. De igual modo, Polo nunca comunicó a la delegada del Gobierno ninguna incidencia en el barranco del Poyo y mantuvo su agenda con absoluta normalidad. De hecho, Pradas no dudó en exponer esta circunstancia a la jueza: «Mientras estaba viendo las primeras consecuencias de la dana, Polo estaba en unas jornadas de la Universitat Politècnica de València (UPV); no debía de estar muy preocupado».
Del mismo modo, la dirigente autonómica ya había reprochado también a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, que no la convocara a la reunión de primera hora de la mañana del día 29 donde Bernabé se reúne con los mandos de la Policía Nacional y Guardia Civil junto a otras agencias con responsabilidad en la emergencia. «Esto hubiera mejorado la coordinación».
Pradas sólo respondió a las cuestiones de su abogado lo que permitió que el interrogatorio fuera más plácido que si hubiera demostrado un mayor deseo de transparencia al aceptar preguntas de todas las partes.
El núcleo de las pesquisas es el envío del mensaje de Es-Alert. La jueza sostiene que fue «tardío y erróneo». La investigada no lo comparte. Explicó que se comienza a hablar de esta posibilidad sobre las 19, dos horas después del inicio de la reunión. Recordó, además que el proceso no resulta rápido. «Desde que los técnicos introducen el mensaje, se valida y se solicita su verificación del Cenem pasa una media hora». El Cenem es el Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (CENEM), una entidad estratégica de gestión y coordinación de la información y alerta a nivel nacional en materia de Protección Civil.
Pero, además, el carácter inédito del sistema no parece que encuentre acomodo claro en las normas, según la consellera. «No está regulado en ninguna norma nacional, hay un protocolo del ministerio, un documento provisional que se tiene aún que aprobar por la Comisión Nacional de Protección Civil». Pradas continuó con su argumentación ante la jueza: «Es una especie de guía de usuario, no hay directrices técnicas, y en ese protocolo se decía que el ministerio podía lanzar el esalert».
El Cenem -continúa Pradas- sería el organismo responsable. «En el protocolo se establece que es competencia de la Dirección General de protección civil del estado, y el Cenem podrá emitir alertas a todo el territorio nacional en caso necesario». En este punto, señala a la entonces ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. «Estaba en Brasil». Y, de nuevo, contra Bernabé: «La delegada de gobierno tampoco lo propuso».
Pradas insistió durante buena parte de su comparecencia en la naturaleza provisional del Es Alert. «No consta en los planes para el aviso a la población, ni en emergencias ni inundaciones». De hecho, según ella, hace apenas tres semanas que la Generalitat ha iniciado «los planes para implementar el sistema en los planes de emergencias». Pero aquel día, en las horas clave, «no era un mecanismo de aviso a la población, estaba en fase de pruebas experimental». Y da un dato de carácter embrionario: «Se habían hecho dos pruebas y una había fallado».
La declaración de Pradas se une a la del secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso. Son los dos únicos investigados en la causa, ambos altos cargos de la Generalitat. La jueza descarta de momento implicaciones penales de Bernabé o de otros dirigentes gubernamentales. Pero son varias las partes que han recurrido estas decisiones iniciales. Todo queda ya en manos de la Audiencia.
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