El Consell promete mejorar los centros de menores «para evitar los lamentables hechos del pasado»

«Los centros de menores serán una cuestión prioritaria, pues nos preocupa mucho la situación heredada», ha indicado en su primer intervención, antes de destacar que los tutelados «requieren de un lugar seguro sin violencia ni agresiones que sea digno para el desarrollo de su vida». Por ello, se han comenzado a realizar «inspecciones centro a centro para ver su estado de mantenimiento, en muchos casos preocupante -cuestión en la que ha vuelto a incidir más adelante, cuando hablaba de la escasa ejecución del programa de mejora de infraestructuras sociales- así como sus protocolos de gestión y de funcionamiento, con el objetivo de mejorar lo que funcione mal y evitar los lamentables hechos del pasado», ha continuado.

Si bien ha optado por no personalizar su referencia, estaba claramente relacionada con la gestión del Botánico y particularmente con el caso que implicó al exmarido de la exvicepresidenta Mónica Oltra. «Queremos que los derechos de los menores estén protegidos y garantizados, que prevalezcan sobre cualquier otro interés de este gobierno», ha rematado.

En cuanto a la lucha contra la violencia de género, ha afeado los vaticinios de la izquierda a raíz del cambio de gobierno, en el sentido de que se iba a dinamitar el camino recorrido, defendiendo que se destinarán diez millones más que en 2023 a reforzar los recursos asistenciales, siendo la mayor partida la destinada a incrementar el número de profesionales de los centros Mujer 24 Horas, que pasarán de 196 a 237. También se sacará a concurso el centro de Elche y se licitarán el resto de equipamientos, que desde 2019 están funcionamiento mediante expedientes de enriquecimiento injusto (pagos de funcionamiento que se aprueban una vez vencido el contrato del servicio, en teoría excepcionales). Además se ha referido a nuevos programas de concienciación, por ejemplo para el ocio nocturno, o al incremento de puntos violeta en festivales de música.

En cuanto a dependencia, ha defendido que al llegar se encontraron con que la gestión de los expedientes estaba paralizada desde mayo, lo que provocó un incremento de las listas de espera que se ha podido mitigar mediante créditos extraordinarios. Las cifras que ha facilitado, tras afearle la diputada de Compromís Nathalie Torres su falta de transparencia, son las siguientes: en mayo había 10.474 personas a la espera de reconocimiento, que se elevaron a 18.000 en agosto y que se han reducido a 16.825 en octubre. También le ha indicado que los datos están disponibles en la web de Imserso.

Para seguir reduciendo las listas, y por tanto ampliar el número de personas atendidas, Camarero ha anunciado que el presupuesto para prestaciones en 2024 se elevará a 520 millones, un 12,5% más que en 2023. Esta previsión, que es inicial y seguro se incrementará en función de las nuevas peticiones que lleguen en los próximos meses, debe servir también para cumplir con los incrementos que decidió el Gobierno central, al que la vicepresidenta ha acusado de no cumplir con su parte de financiación, que debería llegar al 50% aunque como mucho se ha situado en el 23% en el último ejercicio. De hecho, ha cifrado la deuda con la Comunitat por esta infrafinanciación en 1.340 millones de euros, una cuantía que figura en el apartado de ingresos pese a reconocer que difícilmente conseguirá su abono, como tampoco lo consiguió el Botánico ni el PP previamente.

La vicepresidenta se ha mostrado muy crítica con la herencia en la ejecución del plan Convivint (infraestructuras de servicios sociales), que ha cifrado en el 20%, anunciando a continuación «el análisis de los compromisos alcanzados con cada ayuntamiento para poder planificar las obras en los próximos años», haciendo especial hincapié en las reformas. También ha prometido nuevos incentivos para las familias acogedoras, pues se trata de un recurso deficitario, así como un plan para reducir las esperas para el reconocimiento del grado de discapacidad, que llegan a los dos años.

Por otro lado, se ha comprometido a crear nuevos programas para las personas mayores (de termalismo y de vacaciones sociales) y a ejecutar los que el Botánico «pintó en los presupuestos de 2023 y nunca vieron la luz», entre ellos el de barreras arquitectónicas en viviendas.

También ha defendido el anuncio de Carlos Mazón de construir a lo largo de la legislatura diez mil viviendas públicas, y para ello se prevé en las cuentas de 2024 un incremento del 6% en el capítulo de inversiones. «Pero cambiaremos algunas cosas, pasando de una normativa ideológica a otra lógica que derive de criterios técnicos, con colaboración público- privada, dinamizando el suelo público disponible, con planes estratégicos de rehabilitación y de alquileres sociales», ha añadido.

En este sentido también ha afeado al Botánico la existencia de programas de la extinta Conselleria de Vivienda que no se han ejecutado, como actuaciones en barrios y municipios, el plan para dignificar el parque de vivienda pública o las ayudas a la rehabilitación.