«La prevención en las residencias ha sido tímida, insuficiente y tardía»

valencia. Un informe de la Universitat de València y el Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local pone en cuestión todo el sistema de residencias para personas mayores de la Comunitat Valenciana, que depende de la conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que dirige la vicepresidenta Mónica Oltra, y en especial cómo se han gestionado durante la pandemia del coronavirus.

El estudio destaca frases como «las medidas preventivas ante el coronavirus han sido tímidas, insuficientes y han llegado con retraso o demasiado tarde» o «la magnitud de la consecuencia de la pandemia hubiera sido menor si hubiera habido mayor coordinación sociosanitaria y si las residencias hubieran estado mejor dotadas» y también indica que «han faltado medios, directrices, claridad y protocolos» de actuación para abordar la crisis.

El informe, fechado el 28 de abril, está elaborado por Sacramento Pinazo, presidenta de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología para la Universitat de València y el Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local. Se titula 'La atención en residencias. Recomendaciones para avanzar en un cambio de modelo y una nueva estrategia de cuidados' y en él se hace referencia a las residencias de personas mayores durante la pandemia.

Para empezar indica que la crisis sanitaria del Covid-19 «ha puesto en evidencia los déficit de la atención a las personas en situación de fragilidad, discapacidad y dependencia, muchas de ellas personas mayores y de otras edades, con grandes necesidades de apoyo».

Considera que «el tsunami» del coronavirus ha arrasado cuestiones esenciales para la dignidad como que «el número de personas muertas ha sobrepasado los límites asumibles».

Asimismo pone de manifiesto las condiciones que rodearon a muchas muertes en situaciones de aislamiento, «lejos de familiares y en entornos desconocidos (UCI), sin facilitar las despedidas».

Señala también que «se han vulnerado muchos de los derechos fundamentales de las personas, produciéndose situaciones de discriminación por edad, sobreprotección y revictimización de diversos colectivos».

Destaca que «el número tan elevado de muertes en personas mayores obliga a reflexionar sobre los cuidados y la atención a las personas más vulnerables», por lo que concluye que las medidas preventivas han sido tímidas, insuficientes y tardías.

Además pone en evidencia que durante la crisis «ha habido protocolos de triaje y se ha incluido la edad para la no realización de determinados procedimientos terapéuticos», como que a personas de determinada edad quedaban excluidas de la intubación porque se destinarían a enfermos más jóvenes.

Afirma que «hay que conciliar seguridad y derechos» de los residentes, que está bien que se aíslen las residencias de personal externo para evitar contactos pero que las relaciones familiares se deben mantener aunque sean temáticamente.

Indica, además, que la situación a la que nos ha llevado el Covid-19 nos obliga a plantearnos con una actitud proactiva y fundamentada la planificación para la post pandemia, lo que implica reflexionar sobre el modelo de cuidados» y destaca que desde las Administración se debe evitar «que se instale un discurso negativo hacia las residencias».

Apunta, además, que a la Comunitat Valenciana le faltan 5.000 plazas de residencias para estar en la media española y que no se ha construido ninguna en los últimos 10 años.

Denuncia retrasos en los pagos de la Administración a las empresas que gestionan las residencias y destaca que «no se puede exigir calidad si no se financian suficientemente». Concluye que la fragilidad del sistema de cuidados en las residencias ha quedado en evidencia.