Primer revés judicial contra Rovira: el TSJCV paraliza los cambios en las plantillas de colegios e institutos

Los acuerdos de plantillas (uno para Infantil, Primaria y Especial y otro para ESO, Bachillerato y FP) recogen los criterios para establecer el número de maestros y profesores que precisan las escuelas públicas en función de su tamaño y sus peculiaridades. Por ejemplo, si atienden un porcentaje mayor de alumnos con necesidades de apoyo, tienen aulas específicas de Educación Especial, prestan servicio en zonas rurales o cuentan con una clase de dos años. Por no hablar de las diferencias, en cuanto a dotación de profesionales, entre centros de una línea (pequeños) y los que cuentan con cinco, seis o hasta diez, en el caso de los institutos (y sus secciones) más grandes. La aplicación práctica de los acuerdos sería progresiva, entre el curso 2023-2024 y el 2024-2025, y supondría un incremento final, entre ambos ejercicios, de alrededor de 5.000 profesionales.

El pasado mayo los actuales gestores de la Conselleria de Educación optaron por denunciarlos, es decir, dejarlos sin efecto, al considerar que no contaban con el presupuesto suficiente, se rubricaron cuando el Botánico estaba en funciones y debía limitarse a asuntos de despacho ordinario y que su tramitación presentaba irregularidades, como la falta de una memoria económica. Así, para diseñar el ejercicio actual, se elaboraron unas instrucciones transitorias para determinar las plantillas, basadas en órdenes normativas anteriores, de 2013 y 2015, y con la idea de impulsar otra negociación con los sindicatos para tener nuevos acuerdos para los próximos cursos. Por su parte, tanto el STEPV como CC. OO .PV recurrieron la anulación ante el TSJCV, por implicar una merma de recursos y, a su juicio, por irregular, solicitando además la suspensión cautelar, a la que ahora ha accedido la sección segunda de la sala de lo contencioso-administrativo.

El tribunal considera que no está constatada la pretendida nulidad de los citados acuerdos, pues no se ha aportado por la Abogacía de la Generalitat «resolución judicial o administrativa» que así lo declare, ni tampoco «una impugnación que cuestione su legalidad».

Para armar su decisión, considera que se cumplen los requisitos para adoptar una medida cautelar, como que la pretensión de los sindicatos tiene «apariencia del buen derecho», señalando además que la denuncia podría ser «manifiestamente extemporánea» conforme al artículo 38 de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Y es que sólo se puede anular un acuerdo transcurrido un año de su aplicación, y en este caso, su puesta en práctica era progresiva, finalizando en el curso 2024-2025. En resumen, que la actual conselleria no respetó los plazos.

La sala también cuestiona, en los dos autos notificados este miércoles, uno para cada sindicato, los argumentos planteados por la administración para oponerse a la petición de cautelares, pues alegó que de aceptarse estas medidas el curso 2024-2025 no podría comenzar en las fechas previstas -aunque el auto haya llegado más tarde- «debiendo prevalecer el interés público al verse afectados 1.800 centros y 70.000 docentes».

La sala defiende, en este sentido, que el citado «interés público» se ve protegido por la normativa «que debe considerarse vigente al efecto». Es decir, hay plantillas docentes funcionando, las basadas en las órdenes de 2013 y 2015 que sirvieron de base para las instrucciones transitorias de este ejercicio.

Si se desestiman los recursos de reposición que previsiblemente presentará Educación contra las cautelares, tocaría rehacer la asignación de profesores con el curso ya rodado. De hecho, es lo que van a pedir los sindicatos recurrentes: que se apliquen ya los acuerdos del Botánico, que volverían a tener vigencia y contemplan más profesionales en las plantillas.

En este escenario, sería necesario crear cerca de 1.400 plazas más que las actuales y asignarlas a los centros, con los consiguientes cambios horarios, de grupos, de tutorías y de organización interna para los centros. Por no hablar de las previsiones presupuestarias que tendría que hacer la administración. Basta con hacer una cuenta sencilla: los acuerdos preveían, para este ejercicio, 1.898 profesionales adicionales, mientras que el incremento real aplicado, en base a las citadas instrucciones transitorias, ha sido de 533, con la previsión de llegar al millar a lo largo del ejercicio.