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El Tribunal Supremo ha confirmado la condena a doce años de prisión a un detenido custodiado en el complejo de Zapadores que en abril de 2021 propinó una brutal paliza a una agente de la Policía Nacional, que sufrió múltiples lesiones y secuelas. El auto también avala la indemnización a la que tiene derecho la víctima, que supera los cien mil euros.
La condena se ha conseguido gracias al sindicato JUPOL, mayoritario en el cuerpo, que ha mostrado su satisfacción por la ratificación a la vez que ha alertado del «aumento exponencial de las agresiones a policías nacionales en España, llegando a superar las 12.000 el año pasado». A juicio de la organización, los datos demuestran «el daño irreparable que se ha hecho al principio de autoridad por las penas irrisorias que en muchos casos se aplican a los agresores».
«Desde JUPOL llevamos años reclamando una reforma legislativa con la que se endurezcan las penas para los agresores a agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y que se establezcan las medidas y medios necesarios para evitar la desprotección de los agentes de la Policía Nacional», concluyen las mismas fuentes.
La resolución del Supremo implica confirmar también el incremento de la condena fijada en primera instancia por el juzgado de lo Penal, que atribuyó al condenado un delito de atentado contra la autoridad, si bien gracias a los servicios jurídicos del sindicato, ejercidos a través de Eugenio Mata de MATA Abogados, se consiguió que la Audiencia Provincial, tras los recursos de la defensa y la fiscalía, dictaminara una pena mayor por los delitos de asesinato en grado de tentativa, atentado y lesiones.
En concreto, se ha condenado al acusado a 12 años y cinco meses de prisión, cinco de libertad vigilada y al pago de 600 euros de multa, además de dictarse una orden de alejamiento. En materia de responsabilidad civil, deberá indemnizar a la agredida con 101.889,05 euros, y al otro policía nacional que resultó herido durante la intervención a 1.877 euros.
La agente sufrió un traumatismo craneoencefálico, tres fracturas mandibulares, varios hematomas en la cara y los brazos, tuvo visión borrosa durante cuatro días, cervicalgia y un cuadro de estrés agudo postraumático. Unas lesiones que le han dejado secuelas físicas y psicológicas por las que ha tenido que solicitar una adaptación de su puesto de trabajo al no poder llevarlo a cabo con normalidad, según recoge el fallo facilitado por JUPOL.
El pronunciamiento del Supremo llega después de que la defensa del procesado presentara un recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJCV, que se desestimó, por lo que recurrió en casación alegando que se había vulnerado el derecho fundamental a la presunción de inocencia, considerando que la declaración de los agentes «no puede actuar como prueba de cargo porque son víctimas de los hechos que se enjuician», además de señalar que las imágenes de la cámaras, que eran oscuras, «tampoco sirven para concluir su autoría».
Todas los argumentos son rechazados por el Alto Tribunal, que considera que el órgano de apelación estimó que no se había producido vulneración del citado derecho, señalando además que la decisión de culpabilidad, y por ende el fallo condenatorio, se había basado en una «abrumadora prueba de cargo valorada sin tacha por el órgano de enjuiciamiento, en el sentido de que se puede apreciar en la grabación de los hechos y que así lo relataron los denunciantes en una declaración a la que se le ha otorgado plena credibilidad», al no haber motivos para «ser considerados ilógicos o arbitrarios».
La agresión se produjo el 14 de abril de 2021. El procesado, en situación irregular en España, se encontraba en un calabozo de Zapadores tras participar en una agresión previa a otra persona en la calle. Su actitud ya resultó problemática, pues no paraba de proferir insultos a los agentes y a otros detenidos. Tras un enfrentamiento con otro interno, pidió a la policía ir al baño, recriminándole a la vuelta haber cerrado la celda dando un portazo.
Cuando los agentes de Zapadores decidieron cambiarle de ubicación, la policía entró para comunicárselo al observar que estaba tumbado y cubierto con una manta, aparentemente tranquilo. Le dio un toque con el pie y le informó del traslado para que cogiera sus cosas, pero al no reaccionar se aproximó más al procesado, quien «de manera inesperada le propinó un fuerte golpe que la dejó inconsciente cayendo de espaldas al suelo, asestándole en esta posición reiterados puñetazos en la cabeza y el rostro que pusieron en peligro la vida de la agente», según recoge el relato de los hechos probados de la sentencia de la Audiencia Provincial, ahora confirmada. Se necesitaron tres agentes para poder reducirlo, resultando también herido uno de ellos.
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