los juzgados valencianos se ahogan con 250.000 casos pendientes

«Hoy es un día histórico». El decano de los jueces de Valencia, Pedro Viguer, lanzó una marcada frase desde el estrado de la sala de prensa de la Ciudad de la Justicia. A su lado, flanqueado por los representantes de las siete asociaciones de jueces y fiscales. Un frente común nunca visto que se vio culminada por la primera huelga conjunta convocada por los principales actores del mundo jurídico contra el Ministerio de Justicia. Unas 2.000 causas, juicios, declaraciones y resoluciones paralizadas por la protesta fueron la punta del iceberg de una crisis originada por la total ausencia de inversiones estatales, la nula creación de juzgados y las intromisiones en la independencia de los jueces con la actual política de nombramientos del Consejo General del Poder Judicial. Los últimos días se ha escenificado también la 'guerra' y posterior 'paz' entre los Colegios de Abogados y la Conselleria de Justicia por la falta de acuerdo sobre las retribuciones del turno de oficio. Y en medio, los últimos anuncios de mejoras de medidas de seguridad de la conselleria en la Ciudad de la Justicia, tras las críticas de falta de comunicación de los sindicatos y emplazando la llegada de la nueva central de alarmas que vigilará los incendios en todos los juzgados de la Comunitat hasta no antes del año que viene. Y con 35 planes de emergencias por culminar.

Con todo este maremágnum, no es exagerado decir que la Justicia está en pie de guerra. Ni siquiera la máxima responsable del sector en la Comunitat, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, se esconde al afirmarlo. «La situación de relativa normalidad que presentan la mayor parte de los órganos judiciales de la comunidad, pese a sus muy elevadas tasas de litigiosidad, no es debida sino al esfuerzo desarrollado por cuantos prestan servicio en la Administración de Justicia», asegura en la última memoria. Y pese a ese arremangarse de jueces, fiscales, letrados de la administración de Justicia (anteriores secretarios judiciales), funcionarios y demás protagonistas del proceso, cada año los juzgados de la Comunitat acaban con 250.000 asuntos pendientes de tramitar, como indica ese último informe anual del TSJCV.

El colapso se ha reducido en los últimos años, pues en 2012 esa misma cifra de asuntos pendientes superaba las 400.000 causas. Aunque no en todos los órdenes: los juzgados de lo Social, castigados por el aumento de materias en despidos, reclamaciones de salarios o sanciones laborales aparejado a la crisis económica, ha aumentado en los últimos cuatro años: en 2012 eran 27.596 los asuntos pendientes, mientras que en 2016 (el último año completo del que el TSJ ofrece datos) fue de 30.450.

«No existe hoy una hoja de ruta, ni constatamos tampoco interés político por mejorar el funcionamiento del sistema judicial. En realidad, nunca lo ha habido: la Justicia no interesa, no da votos», fue el mensaje lanzado en unas jornadas nacionales de jueces decanos en Málaga en la que ya hace unos años empezó a gestarse la pionera huelga celebrada esta semana. Desde el TSJ se ha proclamado siempre que la Comunitat es la tercera con los tribunales más congestionados de España.

Pese a ello, ni un sólo órgano nuevo se ha creado en la región -una tónica pareja casi a toda España- desde 2010. Y no será por falta de necesidades. El TSJ no cesa de reclamar más de medio centenar de juzgados y nuevas plazas de magistrados, los que aparecen en el gráfico adjunto.

¿Cuáles son los principales puntos negros en la Justicia valenciana? LAS PROVINCIAS da voz a los cinco principales actores del mundo judicial. Representantes de los jueces, fiscales, abogados, letrados de la administración de justicia y funcionarios desgranan por dónde hace aguas el sistema en la región.

La falta de compromiso con la modernización tecnológica y la renovación de sedes centran las críticas del Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia

1. Sin avances en la implantación de la Oficina Judicial iniciada hace dos años. La falta de colaboración y diligencia del Ministerio de Justicia lo han bloqueado.

2. Ídem con la falta de modernización tecnológica. Hace años que entró en vigor la obligatoriedad del ¡papel cero', y no se cumple. Tampoco se ha avanzado en implantar un sistema de gestión procesal para cumplir las exigencias legales de tramitación de procedimientos.

3. Necesidad y urgencia de contar con infraestructuras adecuadas, un tema en el que en dos años no se ha avanzado. Ejemplos destacados: un edificio emblemático como es el Tribunal Superior de Justicia, una capital como Alicante, y poblaciones como Llíria, Ontinyent o Gandia.

4. La inversión en medios materiales requiere una planificación adecuada y la reorganización y rediseño de las oficinas, en la línea indicada en el punto 1. De otra manera, cualquier inversión en este ámbito queda diluida y su eficacia resulta nula.

5. Garantizar el uso efectivo de las dos lenguas cooficiales en la Comunitat Valenciana en el ámbito de la Administración de Justicia.

1.Derogar plazos máximos de instrucción mientras no se dote de medios. No es posible el control de los plazos en una instrucción que no dirige el fiscal.

2.Parar implantación de justicia digital sin garantizar funcionamiento de programas y equipos. Las experiencias piloto ralentizan.

3.Autonomía presupuestaria del ministerio fiscal para optimizar sus recursos.

4. Instalaciones: inasumible el estado de la Fiscalía de Alicante. Sin espacio ni calefacción. Falta de iluminación natural en Ciudad de la Justicia. Sumarios en el suelo.

5.Escasez de funcionarios y fiscales. Un ejemplo: en Vinaròs no se crea un fiscal desde 2009. Cuatro fiscales atienden cinco juzgados.

6.Colapso en juzgados como Requena, Llíria, Nules, Vinaròs o Torrevieja. Los plazos de instrucción impuestos, con la carencia de medios, propician la impunidad si no hay prórrogas.

1.Imprescindible crear nuevas unidades judiciales. Se adoptan planes de refuerzo cuando la solución es incrementar planta.

2.CGPJ debe fijar carga de trabajo. 730 juzgados de España tienen carga superior al 150%. Imposible dar respuesta al ciudadano en un tiempo razonable.

3.Más medios personales y materiales: oficinas de atención a la víctima, gabinetes para periciales psicológicas, servicios de traducción, refuerzos de plantilla...

4.Más oficinas de atención a las víctimas y más recursos. Sobre todo en casos de violencia de género, en los que las denunciantes acuden muy desorientadas a los juzgados.

5.Insuficiencia de medios tecnológicos para acabar con el papel en los juzgados. Palacios de justicia insalubres e inseguros.

La mejora de la retribución de los abogados de oficio y aumentar la eficacia de los juzgados, objetivos para el decano del Colegio de Abogados de Valencia.

1.Falta de conciencia de la importancia de la justicia. No es menos importante que sanidad o educación, pero sí tiene menos medios. Se prevé el derecho de la traducción e interpretación gratuita, pero la falta de dotación supone una mayor dilación de la detención o proceso.

2. Casi todos los que integran los órganos judiciales se ven más como un poder que como un servicio público. Convierten sus resoluciones en mensajes morales a la sociedad. Respeto la huelga, pero no se notificaron a los abogados las suspensiones por secundar el juez la huelga, encontrándose los abogados un cartel en los juzgados.

3.Falta cooperación con los abogados de oficio y se perjudica a los ciudadanos más desfavorecidos. Son servidores públicos, pero su retribución es indigna.

4.Sin parámetros de eficiencia y productividad en los juzgados y de vocación de atención al público. Si se aplicaran se evitarían dilaciones. La reforma de la ley de enjuiciamiento criminal prevé instrucción de seis meses y la posibilidad de su prórroga hasta el infinito, sin actividad investigadora real.

5.Vulneración del secreto en la instrucción, desprecio a la presunción de inocencia por gabinetes de comunicación. Cualquier ciudadano llamado como investigado sufre un escarnio público.

El uso de WC como archivos, juzgados con un 300% de asuntos sobre lo marcado y diferencias salariales de hasta 600 euros entre funcionarios, entre sus reivindicaciones.

1. La Comunitat es la región con más órganos sobrecargados. El 55% soportan cargas de trabajo superiores al 150% de lo recomendado por el CGPJ, estando muchos por encima del 300%. Tenemos poco más de 400 órganos judiciales y estimamos que se necesitarían al menos 50 más.

2.Inversión en sedes judiciales. Salvo excepciones como Paterna, Vila-real, Castellón o Ciudad de la Justicia, el resto están en estado lamentable: cables cruzando dependencias, falta de estanterías, archivos en WC, juzgados en bajos comerciales, falta de salidas de emergencia o deficiencias de seguridad.

3.El archivo de Ribarroja, que recibe los procedimientos de las tres provincias, está desbordado. Comenzó en 2.011 con una capacidad para 500.000 cajas y en 2015 ya llegó al límite. Con un gran expurgo, se liberó espacio para 150.000 cajas. Hoy vuelve a estar al 100%. Prioritaria su ampliación.

4.Exceso de polivalencia. Los funcionarios no se especializan y acaban sacando correo, formando expedientes, embargando o haciendo subastas. Ya nadie sabe sus funciones. Se acabarán haciendo juicios sólo con el auxilio judicial...

5.Los funcionarios sufren recortes, congelaciones y supresiones de pagas extra desde 1994. Agravio con funcionarios de sanidad o educación. Según territorios, hay diferencias que rondan los 600 euros.