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El Consejo Valenciano de Colegios de Procuradores ha mostrado su total oposición a las intenciones del Ministerio de Justicia de eliminar los límites mínimos de los aranceles de estos profesionales. La desaparición de este suelo retributivo está contemplada en el proyecto de Real Decreto que prepara el Gobierno. Esta norma establecía límites máximos y mínimos a los aranceles de la procura.
La presidenta del Consejo Valenciano de Colegios de Procuradores, Carmen Rubio, ha lamentado la imposición del contenido del Real Decreto a cambio «de mantener la incompatibilidad en el ejercicio de las profesiones de abogado y procurador». Esto también supondría el cierre del expediente sancionador abierto en Bruselas.
El sector lamenta que desde 2003, el tope máximo de los aranceles de los procuradores no se ha movido ni un ápice, «mientras que la inflación acumulada desde aquella ya lejana fecha supera el 40%». Para Carmen Rubio, que es decana del Colegio de Procuradores de Castellón, además de máxima responsable del consejo, «el trato que pretende darnos el Ministerio de Justicia es absolutamente injusto y denigrante, puesto que el mantenimiento de los topes máximos y la eliminación de los mínimos, de hacerse realidad, contribuirá a deteriorar un mercado que ya lo está desde hace muchos años».
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Además, la dirigente ha expresado su temor a que este nuevo sistema «repercuta negativamente en la calidad de los servicios que prestamos los procuradores, además de llevarnos a una espiral de descenso de las retribuciones, lo que nos abocará a prestar nuestro servicio a cambio de unas contraprestaciones claramente insuficientes para el importante trabajo que desarrollamos».
Rubio ha emplazado a los legisladores del Ministerio de Justicia a modificar el contenido del Real Decreto. A tal efecto, tanto cada uno de los colegios de la Comunitat como del resto de los colegios de España han presentado alegaciones al cambio legislativo. A través de estas alegaciones han solicitado la aprobación de una nueva regulación completa de los aranceles para que resulten adecuados a la realidad actual. El colectivo considera que, de aprobarse esta modificación, está en riesgo la viabilidad de la profesión. El Ministerio de Justicia se ha comprometido a abordar la reclamación en una reunión con los profesionales.
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