El profesorado asociado amenaza con una huelga tras tres años esperando la mejora salarial prometida

El profesorado asociado de la Universitat de València se plantea convocar una huelga de cara al mes que viene como medida de presión ante el incumplimiento sistemático de la mejora de sus condiciones laborales, especialmente las retributivas, por parte del Consell.

Así lo han explicado este viernes los miembros de la Plataforma PDI Precarietat, que han organizado una protesta justo antes del inicio del acto de apertura de curso, al que ha asistido la consellera de Universidades, Josefina Bueno. Ha sido silenciosa, con una pancarta portada por varios miembros de la entidad situada junto a la puerta de acceso al paraninfo.

También han enseñado varios carteles que reclamaban la puesta en marcha del convenio colectivo del personal laboral de las universidades públicas, una promesa casi histórica de la Generalitat que se materializó a cuatro días de las elecciones autonómicas de 2019 con un preacuerdo en el que participó la Conselleria de Educación, entonces con competencias en materia universitaria, las organizaciones sindicales y las cinco instituciones académicas.

Ese documento nunca se ha aplicado. Tras los comicios y la creación de la Conselleria de Universidades desde el departamento se plantearon dudas jurídicas sobre la conveniencia de que la administración fuera parte en un acuerdo laboral entre empleadores (las instituciones) y sus trabajadores, llegándose a plantear una nueva redacción que la dejara fuera aunque garantizara la financiación para aplicar la subida.

Los reparos del Ministerio de Hacienda, porque el incremento contravenía las normativas de estabilidad presupuestaria, fueron la puntilla para un pacto que quedó en agua de borrajas. Pese a las peticiones del Consell e incluso desde el Ministerio de Universidades al departamento estatal nunca se ha llegado a aplicar una excepcionalidad en las reglas presupuestarias que permitiera poner en marcha el convenio.

«Hemos tenido mucha paciencia, y la seguimos teniendo, pero estamos convencidos de que hacen un juego de trileros: la rectora culpa a la conselleria, la conselleria al Ministerio de Universidades, este al de Hacienda, que lo traslada a la conselleria... han tejido una red en la que se sienten cómodos pero que supone una absoluta inacción. Mientras nosotros seguimos cobrando lo mismo, un salario de cinco euros la hora», ha lamentado Jordi Pérez, miembro de la plataforma.

Por su parte, Isabel de la Cruz ha lamentado la disparidad de criterios a la hora de decidir sobre la continuidad o el despido del profesorado asociado a principios de curso, «en algunos casos alegando que no se cubren necesidades docentes aunque luego se firma otro contrato, o argumentando que se incumplen requisitos profesionales que en cambio sí sirvieron en los años anteriores».

En cuanto a la posibilidad de convocar una huelga, ha explicado que se planteará a la asamblea de asociados prevista para el próximo martes y que no se descarta que sea indefinida, como la que impulsaron en 2018, que coincidió con las elecciones al rectorado que apuraron a Mavi Mestre.

La plataforma también ha lamentado el aplazamiento del juicio que tienen pendiente por el no reconocimiento de las horas de preparación de clases del que sí gozan el resto de figuras docentes (el último retraso lo ha fijado para marzo), y ha mostrado su desconfianza en relación a las declaraciones de esta misma semana del conseller de Hacienda, Arcadi España, que se comprometió a avanzar en la materia «para garantizar estabilidad laboral».

Durante el acto de apertura del curso, la consellera Bueno ha vuelto a hablar de compromiso para sacar adelante el convenio, así como el plan de financiación plurianual, mientras que la rectora Mavi Mestre ha reclamado a la Generalitat «un último esfuerzo para que el convenio se pueda hacer efectivo este curso para mejorar las condiciones del profesorado».

El preacuerdo, según informó la Conselleria de Educación en su momento, no sólo implicaba un incremento salarial, sino que igualaba las retribuciones de las diferentes figuras laborales entre las distintas universidades. El máximo, de un 39%, se aplicaría a los profesores asociados de la Universitat Politècnica, porcentaje que en el caso de la Universitat de Valéncia, la Jaume I y la Miguel Hernández llegaba al 35%. En la de Alicante, los mejor situados actualmente, iba a ser de un 8%.

En el caso de los profesores ayudantes, otra de las figuras laborales especialmente precarizadas, se situaba en el 34% en el mejor de los casos, en el de los ayudantes doctores llegaba al 20% y para los colaboradores al 6%. El contratado doctor, que es indefinido, subía hasta el 5,7%.

En cifras absolutas, el documento recogía que estos últimos tendrían una retribución anual de 31.175 euros. Para los ayudantes doctores se alcanzarían los 28.127, para los ayudantes los 21.702 y para los asociados oscilaba entre 10.225 y los 5.112 en función de las horas de docencia.

Los incrementos se aplicarían de manera progresiva durante tres años. Es decir, se habría llegado a las cifras citadas el año pasado.

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