UGT denuncia que el programa informático del Consell también provoca impagos a residencias, ONG y familias de acogida de niños

Se trata de impagos generalizados en algunos conceptos salariales, según comunica el sindicato UGT, que ha constatado «numerosos retrasos en ayudas y pagos a entidades sociales». Desde diciembre de 2023, la Generalitat no abona con regularidad las ayudas para manutención y gastos sanitarios destinadas a familias acogedoras de niñas y niños tutelados, explica el sindicato, que recuerda que estas ayudas «constituyen un derecho de la ciudadanía y resultan necesarias para que las familias atiendan adecuadamente, entre otros, a recién nacidos, así como a niños con necesidades especiales que requieren familias de acogida con urgencia, familias que en muchos casos han visto cómo el mes de marzo terminaba y aún no habían ingresado las ayudas del mes de enero», expresa.

Las ONG también se encuentran en una situación parecida. Son las que gestionan plazas públicas concertadas en residencias, centros y viviendas de mayores dependientes, personas con discapacidad, mujeres víctimas de violencia de género, niños en situación de desamparo y personas en riesgo de exclusión social. A estas organizaciones sin ánimo de lucro la Generalitat aún no ha pagado las facturas correspondientes al mes de enero, según denuncia UGT, destinadas a financiar los gastos de manutención y costes sanitarios de los usuarios con plaza concertada, así como a cubrir las facturas de suministro de energía y los salarios de los profesionales especializados que atienden estos centros y recursos del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales.

No obstante, Hacienda puntualiza que estos pagos suelen hacerse con dos meses de retraso y que el año pasado empezó a abonarse el mes de enero el día 14 de marzo. Este año, defiende Hacienda, el retraso sólo sería de 15 días con respecto al año anterior, teniendo en cuenta este cambio del nuevo complejo sistema informático.

Y los errores en este programa informático también afectan a las residencias y centros propios de la Generalitat que atienden plazas públicas de mayores dependientes, personas discapacitadas, así como niños tutelados o en conflicto con la ley, y que se encuentran gestionadas a través de colaboración público privada mediante contrato público de gestión. Las entidades ni siquiera han cobrado de la Generalitat la totalidad de los gastos de manutención y costes de personal correspondientes al año 2023, añade UGT.

«Esto está está provocando que algunas entidades hayan tenido que acudir ya al banco de alimentos para poder garantizar la correcta alimentación de las personas usuarias atendidas», asegura el sindicato en un comunicado. «La gravedad de la situación es tal que la deuda generada por este Consell en los citados centros públicos durante el primer trimestre del presente año ya se encuentra en niveles similares a la generada por el anterior gobierno», apunta.

A principios de febrero, la Generalitat, en palabras de su titular de Hacienda, Ruth Merino, tildó las situaciones de impago de este Consell como «retrasos puntuales» y garantizó el pago de todos los compromisos contraídos. Desde la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda se está comunicando a las familias y entidades damnificadas que la situación se debe a «problemas informáticos puntuales» con el sistema de facturación Nefis.

María Navarro, responsable de servicios sociales de UGT, tacha de «inaceptable» que la Generalitat incumpla los derechos de la ciudadanía más vulnerable «excusándose en problemas informáticos o falta de medios, ya que cualquier iniciativa de la administración, y más si está sujeta a norma, debe ir acompañada de su correspondiente dotación presupuestaria».

Además, Navarro denuncia que además los profesionales de los centros concertados y los centros públicos de gestión privada «continúan sin percibir los salarios establecidos por convenio para los años 2023 y 2024, debido a la inacción de este Consell que aún no ha licitado los contratos públicos caducados, ni ha revisado los precios de las plazas concertadas», destaca.