La prohibición de recoger apuntes enfrenta a universidades e Interior

Los alumnos universitarios no sólo se enfrentan a la incertidumbre de cómo se evaluarán sus exámenes a distancia, sino también a la imposibilidad de contar con todo el material didáctico que se quedó en residencias y pisos de estudiantes cuando se estableció el confinamiento de la población a mediados de marzo, lo que provocó que muchos jóvenes decidieran pasarlo en sus viviendas familiares. Entonces no se sabía que el curso terminaría a distancia, pues fue una decisión que en la Comunitat se adoptó el 3 de abril, incluyendo los exámenes finales en el caso de la red pública.

El problema fue trasladado a universidades e instituciones desde las organizaciones estudiantiles y ha llegado hasta la Conferencia de Rectores (Crue), que ha pedido una rectificación al Ministerio de Interior, departamento que ha cerrado la puerta a realizar desplazamientos puntuales para recoger material pese a que inicialmente sí se llegaron a autorizar desde las delegaciones del Gobierno de diferentes regiones, como la valenciana. Entidades como la Asamblea General de Estudiantes (AGE) de la Universitat o la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (Creup) también piden un cambio de postura, pues los exámenes llegan en un mes.

Fuentes universitarias explicaron a LAS PROVINCIAS que el 22 de marzo la rectora de la Universitat de València ya planteó una solución al ministro del ramo, Manuel Castells, aunque la primera ampliación del estado de alarma, que además limitó la movilidad a las actividades esenciales, bloqueó cualquier salida. Posteriormente, las cinco universidades públicas, a través de la Miguel Hernández de Elche (que ostenta la portavocía de los rectores valencianos) elevaron una consulta fechada el día 10 a la Delegación del Gobierno en la Comunitat en este sentido.

En la respuesta, firmada por la Subdelegación de Alicante, se advertía de que estos desplazamientos «pueden considerarse actividad de análoga naturaleza a la prestación laboral o profesional», que sí está recogida en el decreto que regula el estado de alarma. «Se trataría de un desplazamiento justificado, debiendo aportarse la documentación correspondiente en caso de ser requerida», señalaba, antes de añadir que sería preciso aportar el DNI y el carnet universitario ante la posible identificación del alumno por las Fuerzas de Seguridad.

Además, desde la Universitat y desde la Politècnica se impulsaron consultas directamente a la Delegación del Gobierno en Valencia para disponer de una mayor seguridad jurídica, informándose, según las fuentes consultadas, de que se precisaría de una certificación de la universidad que validara una declaración responsable del alumno. Es decir, que el desplazamiento serviría para recoger material.

Todo cambió el pasado jueves 16, cuando las universidades recibieron una nueva comunicación de la Delegación del Gobierno (y de la Subdelegación de Alicante) que aludía al criterio aplicado por el Ministerio del Interior a nivel estatal, en el sentido de que los desplazamientos no estaban amparados dentro del estado de alarma a la espera de que las «autoridades competentes (las sanitarias) no dispongan de un criterio al respecto».

Inmediatamente las instituciones trasladaron a sus alumnos que los justificantes emitidos (unos 2.400 sólo entre la Universitat de València y la Politècnica) dejaban de tener valor. En el comunicado oficial de la institución decana, colgado en la página web, la rectora Mavi Mestre agradeció «la sensibilidad de la delegada del Gobierno» aunque advirtió de que se iba a presentar un escrito de protesta ante el presidente del Gobierno y los ministerios del Interior y de Universidades. La respuesta del primero ha llegado ya, reiterando que la competencia es de Sanidad.

«Esperamos que en poco tiempo se habilite algún procedimiento común y organizado que permita estos desplazamientos controlados», explicó ayer Andrés Fernández, coordinador de la AGE de la Universitat. En el mismo sentido se pronunciaron desde la Creup: «Se debe rectificar la decisión del Ministerio (del Interior) para garantizar la igualdad de oportunidades del estudiantado», dijeron.

Por su parte, Miguel Ángel Collado, presidente de la sectorial de Asuntos Estudiantiles de la Crue, ha remitido una misiva al ministro pidiendo un cambio de criterio «urgente por razones del calendario académico».