Las promesas incumplidas de la seguridad

Del dicho al hecho hay un trecho. Y en materia de seguridad, ese trecho marca la diferencia entre una policía autonómica acorde las necesidades de la Comunitat, una sede policial que no amenace con desplomarse o una cárcel descongestionada en la que los funcionarios se expongan a menos riesgos. La actual legislatura socialista alcanza el ocaso y son varias las promesas, de este y anteriores gobiernos, que se ocultan por el horizonte en el atardecer de olvido. Sin que los interesados, policías, guardias civiles o funcionarios de prisiones, las hayan visto transformarse en realidad a pesar de considerarlas «urgentes y prioritarias». La falta de personal adecuado para la comisaría de violencia de género es la última crítica. Pero hay muchas más.

Francisco Estacio está al frente de la Confederación Española de Policía (CEP) en la Comunitat. Desde su punto de vista, y el resto de sindicatos coincide, «la joya de la corona» es el Complejo Policial de Zapadores. Su rehabilitación se propuso a finales del siglo pasado «y a día de hoy sigue en ruinas» con una red de seguridad en su vetusta fachada que protege a policías y peatones de posibles desprendimientos.

En la era Zapatero, la entonces vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, se comprometió a ejecutar la rehabilitación integral de este complejo, presentando un proyecto completo para una central moderna de Policía Nacional. Nada sucedió entre las viejas paredes de Zapadores. Mucho después, otro socialista, el ministro de Interior Fernando Grande-Marlaska, calificó la reforma de «prioritaria» en una visita a Valencia el año pasado. Y hasta la fecha.

La comisaría de Centro de Valencia, en la parte trasera del antiguo Palacio del Temple, fue clausurada por peligro de derrumbe y se reubicó en unas oficinas prestadas por el ayuntamiento en la calle Maldonado. Allí, en 100 metros cuadrados, se ubica el Grupo de Investigación del Distrito y la oficina de denuncias (ODAC). Como no hay espacio, otras unidades están en un edificio propuesto para demoler en Zapadores. La nueva comisaría de centro de Valencia fue proyectada dos años después en la antigua farmacia militar, «por lo que se alquiló ese bajo que hoy sigue cerrado y sin habilitar», lamenta el CEP.

También se acumulan promesas de nuevas instalaciones para la comisaría de Marítimo, en un estado «ruinoso» desde hace años. Esta sede, hoy en la calle Chulilla, «ha pasado por diversos proyectos abandonados, como su reubicación en uno de los tinglados que quedaron vacíos tras la Copa América o la construcción de una nueva comisaría en unos terrenos cedidos en el Cabanyal». Todo en el atolladero.

Además, como avanzó ayer LAS PROVINCIAS, cuatro sindicatos policiales han suscrito la petición al Gobierno para que cumpla de una vez con el convenio para cubrir las vacantes en la Policía Autonómica y que su número se eleve al fin a los 500 agentes acordados, en lugar de los actuales 387.

La indignación por el 'vamos a hacer y luego nada' también reconcome a guardias civiles. Juan José Tocón, al frente de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) echa en falta «más chalecos antibalas» o el desarrollo de una profunda reorganización territorial. «No son eficaces ni operativos esos cuarteles pequeños sin personal». También hacen hincapié en la «culminación del proceso de equiparación salarial firmado por el anterior gobierno y que debería haberse ejecutado».

También quejas entre rejas. Alberto Téllez, voz en Valencia de la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (ACAIP), estima que el incumplimiento más flagrante es la «paralización de las obras de la nueva cárcel de Siete Aguas». El nuevo centro penitenciario «es fundamental para descongestionar el de Picassent, que está muy por encima de los 2.000 internos y que no ha visto reducido el número de internos pese a la disminución del número total de reclusos a nivel nacional».

El portavoz sindical apunta otro factor cualitativo: «Picassent alberga un número importante de internos clasificados en Primer Grado, los más peligrosos del sistema penitenciario, pese a que estructuralmente no está preparada para ello y el módulo donde se ubican no reúne las medidas de seguridad adecuadas».