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El recibo del agua se va a incrementar para los valencianos. La novedad es que lo hará menos de lo esperado, aunque durante más tiempo. Así lo ha anunciado la consellera de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, Salomé Pradas, que ha explicado este jueves en Les Corts las líneas estratégicas para esta legislatura. Uno de los puntos más polémicos es la deuda que generó el anterior gobierno de PSPV y Compromís con el impago del canon del agua, que obligaba ahora a los valencianos a asumir un sobrecargo de 20,12 euros mensuales en la factura.
La consellera ha anunciado que este viernes el Consell va a aprobar un Decreto Ley que permitirá una ampliación de 18 a 36 meses del prorrateo del plazo para devolver estos 276 millones de euros, para que así la cuota mensual sea mucho más baja y asumible para los ciudadanos. Es decir, esta devolución del dinero en cuotas se deberá seguir haciendo hasta el año 2027.
En la aprobación del Decreto Ley de este viernes en el pleno del Consell se darán los detalles y la cuantía concreta en que se incrementará el recibo del agua y a la que tendrán que hacer de frente los valencianos. Este aumento del prorrateo del plazo funciona exactamente igual que si se negociara con el banco un incremento del plazo de la hipoteca. La deuda sigue siendo la misma, pero al tener más meses para pagarla, se reduce la cantidad en cada cuota.
Además, habrá reducciones del 30% para personas en vulnerabilidad y un 50% de la cuota aplazada a vulnerables severos. «El Botànic ha creado una deuda con el aplazamiento del canon del agua, es un engaño cuyas consecuencias pagan ahora todos los valencianos. Si el recibo del agua ha subido es por culpa del engaño del Botànic», ha dicho Pradas. «Anunciaron la suspensión y exención del canon, pero lo que realmente hicieron fue aplazar el pago en el tiempo, un ejemplo más de su trilerismo en la gestión», ha señalado la consellera sobre la decisión de Puig de aplazar el pago del agua.
Esta decisión se enmarca en el nuevo plan de saneamiento y depuración de la Comunitat que va a impulsar la Generalitat, tras haber caído en agosto el anterior plan decretado por Ximo Puig que permitía ese aplazamiento. En 2022 el anterior Ejecutivo autonómico vendió la medida como una rebaja de la cuota del agua, pero realmente sólo era un aplazamiento que ahora deben asumir los ciudadanos con sobrecostes. Por eso Pradas ha definido esta maniobra como «el engaño del Botànic». Según los datos oficiales, cada hogar de la Comunitat ha dejado de pagar 11,5 euros mensuales durante un año y ahora ese dinero se debe devolver.
Sin embargo, en el PSPV han criticado estas declaraciones de la consellera, y recuerdan que tanto PP como Vox votaron a favor de aplazar el canon en su día y que los socialistas presentaron una proposición de Ley en la que pedían ampliar la suspensión hasta el 31 de diciembre y condonar todo el importe a las personas con rentas inferiores a 30.000 euros. Además, para el resto de gente, la ampliación del plazo a devolver el canon sería de 60 meses, en una propuesta realizada por registro de entrada en Les Corts el pasado día 14. Pero esas medidas que sí han pedido ahora no las llegó a plasmar Puig cuando estaba en el gobierno y se limitó a dejar aplazado el pago, sin solventarlo de cara al futuro.
El canon de saneamiento es un impuesto ecológico cuya razón de ser es mejorar el nivel de conservación de Medio Ambiente de la Comunitat Valenciana. Su recaudación es la base de la financiación de los gastos de gestión y explotación de las instalaciones de evacuación, tratamiento y depuración de aguas residuales de titularidad pública y, en su caso, de las obras de construcción de estas instalaciones.
Además, la consellera ha anunciado también la creación de la Mesa del agua de la Comunitat, formada por administraciones, universidades y agentes sociales. «No podemos consentir más recortes injustificados, como los recortes arbitrarios del Tajo-Segura por parte del Gobierno, que frenan nuestro desarrollo social. Vamos a defender cada gota de agua y recurrir cada recorte. Haremos una defensa integral del agua de forma social, institucional y judicial», ha señalado. También la titular de Medio Ambiente se compromete a poner en marcha las obras del trasvase Júcar-Vinalopó, tras ocho años de paralizado por el Botànic.
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