Bravo pide cambiar la ley para poder sancionar con hasta 15.000 euros a los clientes y proxenetas en las carreteras

En un discurso casi 'churchilliano' («lucharemos contra la prostitución en locales, calles y carreteras») y con el tono emotivo que emplea cuando habla del tema, la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, ha anunciado este lunes que ha pedido a la conselleria de Obras Públicas «un cambio en la ley de carreteras» para que se pueda multar con hasta 15.000 euros a los clientes que negocian con mujeres prostituidas en las vías comarcales y a los proxenetas que las explotan. El objetivo es que se les pueda sancionar por ocupación ilegal de espacio público, en este caso las zonas cercanas a una carretera.

Bravo ha hecho este anuncio en el foro por la abolición organizado por el Ayuntamiento de Valencia, que se ha puesto manos a la obra para ser la primera gran ciudad de la Comunitat que pone en marcha la ordenanza abolicionista de la conselleria. Hasta el momento, no se podía multar a los hombres que negociaran servicios sexuales en las carreteras y era muy difícil hacerlo a los burdeles, por lo que se está tramitando un cambio en la ley de espectáculos. Pero esta modificación de la Ley de Carreteras de la Comunitat Valenciana de 1991 permitirá perseguir tanto a clientes como a proxenetas, según ha explicado la consellera.

«Ponemos el foco en el putero pero hay que mirarlas a ellas: son personas que no están ahí por su propia voluntad», ha indicado Bravo. «Son mujeres víctimas de la pobreza y la explotación sexual», ha dicho la consellera, que ha apuntado a un 70% de las mujeres prostituidas en la Comunitat son menores o víctima de trata de mujeres. «Arrastramos los déficits de una sociedad enraizada en el patriarcado. Los hombres consideran que si pagan abusan», ha dicho la consellera antee un auditorio compuesto casi exclusivamente por mujeres, algo que ha lamentado tanto ella como la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Gloria Calero.

La consellera ha explicado que la propuesta enviada a la Conselleria de Política Territorial se solicita la inclusión de un nuevo artículo al final del Título VIII de la normativa autonómica sobre carreteras donde se prohíba «la ocupación temporal de las zonas de dominio público, de protección y de reserva para realizar en ella usos y actividades relacionadas con la prestación de servicios de naturaleza sexual». Además, la propuesta añade que se debe establecer «un procedimiento de actuación de apoyo y protección a las personas que realizan usos y actividades relacionadas con la prestación de servicios de naturaleza sexual».

De esta forma, la propuesta de la Conselleria de Justicia incluye también la adición al artículo 41 de la ley de Carreteras un nuevo apartado que defina como infracción grave «solicitar, negociar o aceptar, directa o indirectamente, servicios sexuales retribuidos en los espacios sujetos a esta ley, según lo dispuesto en su artículo 2. En ningún caso las conductas detalladas en dichos artículos serán motivo de sanción para las mujeres en situación de prostitución o víctimas de explotación sexual.» En este sentido, se considerará como una infracción grave que podrá ser sancionada con multas de entre 3.001 y 15.000 euros.

«Desde la Generalitat vamos a seguir marcando el camino hacia la abolición con medidas concretas como la modificación de la Ley de Espectáculos y el modelo de Ordenanza Abolicionista para acabar con este fenómeno que nos avergüenza», ha concluido Gabriela Bravo.

«Es la más absoluta degradación del concepto de dignidad. Por primera vez abordamos el proxenetismo en el Congreso, pero quiero dar un paso más allá: quiero que sean consideradas víctimas de violencia de género tal como exigen los convenios internacionales», ha añadido Bravo. «Vamos a seguir marcando un camino porque creo que la Comunitat Valenciana hemos conseguido construir un modelo potente», ha indicado.

Y en ese camino quiere seguir Valencia, aunque la posición de Compromís al respecto de la ordenanza de Bravo no parece la más favorable a tenor de las declaraciones de la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra. «La brocha gorda es para pintar paredes; no es útil en política. Confrontar regulación con abolición es una profunda estulticia», dijo el pasado 20 de mayo. Estas discusiones políticas no dejan de sorprender por cuanto tanto PSPV como Compromís son partidos de izquierda y ambos abogan por tejer una malla de ayudas sociales en torno a las mujeres prostituidas que les permita salir de esa situación.

Sandra Gómez, vicealcaldesa de la ciudad, se ha mostrado convencida de que habrá acuerdo para modificar la ordenanza, de 2013, que está, como ha dicho el concejal de Protección Ciudadana, Aarón Cano, «llegando al final de su vida útil». En este sentido, Cano ha indicado que en los cambios que pretenden introducir en la ordenanza (no se hará una nueva para que el trámite sea más rápido) se prestará especial atención «a los locales en los que se ejerce la prostitución, sean pisos u hoteles». «La prostitución callejera está prácticamente erradicada», ha dicho Cano: «La prostitución ya no se muestra ante nosotros pero existe».

«Tenemos que ver qué competencias tenemos contra los pisos donde se ejerce la prostitución y en lo que parecen hoteles. ¿Podemos hacer algo con la ordenanza de Espacio Público? ¿Y con la de actividades? La penalización del cliente es muy importante y es fundamental. Nos ha servido para erradicar la prostitución en Velluters, donde nos hemos servido de una táctica como Al Capone: hemos cerrado locales por no cumplir las ordenanzas municipales de actividades», ha dicho Cano: «No podemos quedarnos con las herramientas de los años 80».

«A la ordenanza tiene que ir acompañarla un plan de acción social para proteger a las mujeres prostituidas», ha dicho Gómez, que ha dicho que no hay «debate posible» sobre si penar o no al proxeneta. «¿No estamos todos de acuerdo en que la prostitución es una forma de violencia de género?», se ha preguntado.

Por su parte, Calero ha puesto en valor el trabajo de las feministas a la hora de sacar el debate a la palestra. «Vivimos en una sociedad judeocristiana donde todo lo tapábamos y todo lo escondíamos. Es hora de este debate importante. Tenemos que reflexionar. Tenemos que preguntarnos por las consecuencias físicas y psicológicas que acarrean el resto de sus vidas. Son gente muy joven que quizá no tendrán una relación sana afectivo-amorosa», ha dicho Calero, que ha añadido que en torno a un 80% de las mujeres prostituidas en la Comunitat son menores de edad.

«El patriarcado aprovecha la situación vulnerable de una mujer para comprar su intimidad. Luego dicen que actúan en libertad: qué mentira más grand. Los puteros nunca querrían que ese ejercicio de libertad lo ejercieran sus hermanas, hijas o madres», ha indicado la delegada del Gobierno.

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