Protección de Datos investiga el abandono de documentos confidenciales en plena calle

La Agencia Española de Protección de Datos ha abierto actuaciones previas de investigación de oficio por el hallazgo en la calle de decenas de documentos judiciales, con datos privados de personas denunciadas, procesadas o condenadas, a escasos metros de una de las fachadas laterales de la Ciudad de la Justicia de Valencia.

LAS PROVINCIAS fue testigo el pasado 25 de abril de la presunta vulneración del deber de confidencialidad de datos personales al tener acceso a parte de la documentación impresa que un empleado del servicio de limpieza dejó en la acera a primera hora de la mañana, fuera de los contenedores de basura, en la calle Antonio Sacramento.

La mayoría de los papeles estaban dentro de bolsas negras, pero algunos se encontraban esparcidos por el suelo, como un sobre con membrete del Decanato de los Juzgados de Mislata. Entre los documentos había sentencias, escritos de recursos de apelación, cédulas de notificación, solicitudes de cambios de abogado y otras diligencias de dos juzgados, al menos, con instalaciones en la Ciudad de la Justicia de Valencia. Algunos de los papeles fueron troceados antes de meterlos en las bolsas, pero otros estaban indemnes o simplemente arrugados y correspondían a juicios celebrados pocos días antes.

En la mayoría de la documentación impresa eran legibles nombres y apellidos, números de teléfono, direcciones postales y correos electrónicos de individuos denunciados, condenados o investigados. Como ya informó LAS PROVINCIAS, un trabajador de la empresa que recoge la basura comunicó la incidencia a un inspector del Ayuntamiento de Valencia, ya que no era la primera vez que dejaban fuera de los contenedores bolsas con papeles de los juzgados.

Tras ser informado del incidente, el gerente de la Ciudad de la Justicia, Miguel Furió, ordenó la apertura de una investigación interna y dirigió un mensaje a los funcionarios, a través de la red de comunicación de los juzgados, para recordarles que no deben tirar a las papeleras la documentación impresa que genera su actividad laboral. Al día siguiente, la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas mandó colocar más contenedores en los juzgados para depositar los documentos que luego son recogidos para su destrucción. Sin embargo, esto no evitó que el grupo parlamentario de Ciudadanos en Les Corts Valencianes solicitara explicaciones a la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, por la vulneración de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal.