Casi 20.000 personas claman contra el modelo lingüístico de Marzà

Orihuela acogió ayer la mayor protesta que recuerdan sus habitantes. Y la más multitudinaria de todas las que se han organizado en la Comunitat contra el modelo lingüístico del Consell del Botánico, que se concretó inicialmente en un decreto fallido por la acción de la justicia y que finalmente vio la luz en 2018 a través de la Ley de Plurilingüismo, que el curso viene completará su implantación en todo el sistema educativo.

Pese a que ya lleva casi dos años en vigor -toda la Primaria funciona bajo su paraguas- unas 17.000 personas según la estimación de la Policía Local y más de 20.000 atendiendo a las cifras de la organización quisieron mostrar su rechazo, colapsando la capital de la Vega Baja.

No es casual que el recelo sea intenso en zonas castellanohablantes teniendo en cuenta que la aplicación práctica de la ley ya ha supuesto la pérdida de líneas en castellano en muchos municipios de la Comunitat. Sin olvidar que el modelo ideal que propone implica reducir al mínimo legal la presencia del español en las aulas: un 25% de las horas lectivas, frente a un 50% en valenciano y otro 25% en inglés.

El manifiesto tuvo que leerse tres veces ante la cantidad de asistentes que no habían podido llegar a las inmediaciones del escenario instalado frente al Ayuntamiento, pues fuentes presenciales explicaron que cuando la cabecera enfilaba el tramo final todavía había participantes sin moverse. «Esperábamos gente, pero no semejante multitud de personas preocupadas por la educación de sus hijos», dijo Sonia Terrero, secretaria general de la Fapa Gabriel Miró de Alicante, organización que junto a Concapa e Idiomas y Educación componen el Foro por el Derecho a Elegir Lengua Vehicular, que impulsó la convocatoria.

Durante la marcha pudieron verse pancartas de diferente intensidad, desde las que acusaban al PSPV de ser un partido separatista hasta las que defendían que las lenguas deben unir y no dividir. Resultaba llamativa, por lo que implica, la de la Plataforma de Docentes por la Libertad Lingüística. También fueron muchos los políticos del PP, Ciudadanos y VOX que acudieron a la marcha. «Se invitó a todos los partidos, y en ningún caso han ocupado las pancartas principales, portadas por padres y madres a los que estamos agradecidos», indicó Terrero.

El manifiesto reivindicó el derecho a elegir la lengua de enseñanza o que los proyectos lingüísticos de los centros se elaboren atendiendo a su contexto real y también al nivel del alumnado en cuanto al dominio de las lenguas, sin olvidar la necesidad de que existan recursos humanos suficientes en las escuelas, especialmente en relación al aumento del peso del inglés.

También se pidió que sean el resultado de un proceso participativo que implique a todas las familias de los centros, por ejemplo a través de consultas. Además, se defendió la derogación de la ley «puesto que su implantación no favorece el plurilingüismo y ocasionará perjuicios en el proceso educativo de nuestros hijos». Los convocantes defienden que la llegada de la norma a toda la Secundaria afectará al rendimiento en las zonas donde el uso social del valenciano es prácticamente nulo y la exposición en las aulas muy reducida. Además, reivindicaron el derecho a la exención y la apertura de un proceso de diálogo para consensuar una norma que cuente con el apoyo de dos tercios de Les Corts.

En las últimas semanas la conselleria ha defendido que todas las peticiones de los convocantes están ya incluidas en la ley, e incluso ha abierto la mano, permitiendo una aplicación progresiva (curso a curso y no de toda la Secundaria a la vez) en los territorios castellanohablantes.

Además, la asociación Hablamos Español, que apoyó y participó en la manifestación, organizó otras doce concentraciones y protestas en diferentes municipios de la Comunitat, incluyendo las tres capitales de provincia, contra el avance de la ley. El manifiesto leído rechazaba «porcentajes impuestos» y defendía que «la libertad no se negocia».