Los psiquiatras, contra el Consell por su ausencia en el plan de salud mental

valencia. La Sociedad de Psiquiatría de la Comunitat Valenciana ha cargado contra el Consell por excluir a estos profesionales del arranque del plan de salud mental puesto en marcha por Presidencia de la Generalitat, y concretamente por el comisionado para este proyecto.

Aseguran que «la prevalencia de trastornos mentales es de más de un 25% a lo largo de la vida y son una de las causas más frecuentes de discapacidad». Y a pesar de ello los psiquiatras «venimos denunciando desde hace años su olvido y estigmatización y demandando una mayor atención y recursos». Apuntan que ante las consecuencias de la pandemia «por fin» los políticos incluyen la salud mental en sus agendas.

Pero la iniciativa del comisionado de Puig para su plan de salud mental deja fuera a los psiquiatras. «Denota falta de confianza hacia los profesionales que trabajamos en este campo. De hecho, el comité de expertos no incluye a ningún profesional público activo de las distintas especialidades que atienden la salud mental: ningún trabajador social ni enfermero especialista, ningún psiquiatra ni psicólogo clínico que se encuentren trabajando como tal actualmente en la sanidad pública», aseguran.

El plan de salud mental ha arrancado con una encuesta a la que seguirá una convención de ciudadanos elegidos al azar, en la que se abordarán las conclusiones de esa encuesta.

«¿Una propuesta así sería imaginable en otras especialidades médicas? Seguramente no. Es impensable que se pregunte a la población general, no sólo a los afectados, cómo desea que se trate el cáncer o los problemas cardíacos», indica la Sociedad de Psiquiatría en una carta.

Apuntan a renglón seguido que los ciudadanos seleccionados no serán pacientes ni familiares ni tienen por qué saber nada sobre trastornos mentales, «pero recibirán una formación por parte del comité de expertos. Tememos que esa formación suponga en realidad una deformación según los criterios de un comité cuyos miembros desconocen el día a día del trabajo en salud mental».

«Lo que realmente necesitan los pacientes y sus familias y lo que demandamos los profesionales es que se invierta en recursos humanos y estructurales en la salud mental pública», añaden.

Agregan que los trastornos comunes «se están medicalizando porque los médicos de familia no disponen de tiempo para escuchar a sus pacientes y porque no existe la figura del psicólogo de atención primaria».

En la gran mayoría de los centros de salud mental «faltan psicólogos y no pueden citar a los pacientes con la frecuencia necesaria para llevar a cabo una verdadera psicoterapia», dicen.

Asimismo, afloran deficiencias a la hora de tratar a pacientes con trastornos psíquicos graves «ingresados en unidades de agudos obsoletas no suelen disponer de distracciones ni de espacios al aire libre» y desvelan que «se está sobremedicando a muchos pacientes crónicos ante la escasez de recursos rehabilitadores».

Además denuncian que la mayoría de las comunidades terapéuticas para tratamiento de la dependencias «no son públicas y tienen listas de espera enormes», están en manos privadas o de ONG, la carencia de pisos tutelados y afirman que «muchas personas que precisan de centros de media y larga estancia se están enviando a otras comunidades autónomas ante la falta de plazas en la nuestra».

Tienen la impresión de que la convención será «humo costoso que no va a resolver ninguno de los problemas que la salud mental tiene planteados» y que va a «demorar la adopción de soluciones para todas las carencias que arrastramos largo tiempo en la salud mental pública».

Para el diputado del PP José Juan Zaplana, «la actual situación a la que Puig y Barceló han llevado la salud mental no se arregla con convenciones ciudadanas sino evaluando las políticas erróneas de los últimos años, planificando con los profesionales y asociaciones las de los próximos y reforzando las plantillas».