«Al menos es un punto de inflexión para seguir adelante»

En el primero de los casos, la madre de Samuel podrá pedir su prestación como viuda. «Hasta ahora mi madre ha continuado cobrando la pensión de jubilación de mi padre, ahora habrá que tramitar la baja de esta pensión y solicitar la prestación por viudedad», apunta y señala la situación de vulnerabilidad en la que queda su progenitora, que una discapacidad que le obliga a estar en silla de ruedas y para quien su padre era su principal apoyo y soporte.

En el caso de Ernesto, son sus sobrinos los que podrán conseguir, además de la indemnización por el fallecimiento de su madre, las prestaciones por orfandad. Unos hijos que lo están pasando muy mal, como toda la familia, puesto que también han perdido a la madre y abuela, respectivamente.

Ernesto asegura que ellos han tenido suerte porque desde el primer momento el Ayuntamiento puso a disposición de toda la familia a un psicólogo que les está ayudando en este duro proceso. Además, en su caso, también cuenta con otro por parte de la empresa. «Me duele en el alma porque yo cuento con dos profesionales cuando hay familias que no cuentan con ninguna ayuda psicológica», lamenta.

Es el caso de la familia de Samuel Ruiz. Reconoce que en las primeras semanas tras la dana, se pusieron en contacto desde la Generalitat conmigo, pero con mi hermana no, pero más que nada para comentarle que contactaran con su médico de cabecera para que les remitiera a salud mental. «Mi sobrino, que estuvo presente cuando mi padre desapareció, lo está pasando muy mal y no está recibiendo ningún tipo de ayuda», subraya. «Personalmente aún no asumo lo sucedido, para mí mi padre sigue estando ahí, en su chalé», apunta.

Susana Vidal, la mujer del tercer fallecido, no ha querido hacer ninguna declaración. Aún no está con fuerzas para hablar. Su pérdida, al igual que la de Ernesto, también es doble. La dana se llevó a su hija, además de a su marido.

Aunque para estas familias se abre una nueva etapa con la declaración de fallecimiento, no se da por cerrado el duelo porque continúan con la esperanza de que los cuerpos de su padre y hermana aparezcan. Cuentan con el compromiso de las fuerzas y cuerpos de seguridad de que la búsqueda continuará, incluso y de manera oficial no se les indica (los efectivos les han transmitido que seguirán trabajando a título particular).

Pero, además, están dispuestos a ir a los tribunales a buscar justicia. Las tres familias forman parte de la Plataforma de SOS Desaparecidos que va a emprender acciones legales. «Contamos con un equipo de profesionales, cada uno especializado en su materia en el que tenemos mucha confianza. Están recopilando todos los datos y todas la pruebas y a partir de ahí se valorará y se decidirá si se pedirán responsabilidades por la vía civil o se plantea una querella por lo penal», explica Ernesto Martínez, quien apunta que el pasado domingo tuvieron una reunión informativa al respecto.

Para Samuel Ruiz, el objetivo es que se haga justicia. «Queremos que no se olvide todo lo ocurrido y que se haga justicia y caiga quien tenga que caer y que las muertes no queden en nada».

Sobre estas acciones legales, los expertos consultados por LAS PROVINCIAS no son tan optimistas. «El problema está en demostrar la causalidad. Poder demostrar que las personas han causado el daño o delito (homicidio imprudente) que se denuncia. Desde el punto de vista jurídico es difícil de acreditar porque hay muchos factores, cada situación personal es distinta», explica Borja Sánchez, coordinador de la Clínica Jurídica de la Universidad Católica de Valencia.

Para Javier Plaza, catedrático de Derecho Civil, también es complicado demostrar la responsabilidad en un caso como el de una riada «altamente excepcional, impensable y absolutamente inevitable». «En estos supuestos de fuerza mayor las negligencias son exonerantes», indica. No obstante, apunta, que siempre está la interpretación del juez, sobre todo en lo que a responsabilidad patrimonial se refiere, al entender que se deberían haber adoptado medidas preventivas.