La quema de la paja del arroz llega sin contratar una empresa para su retirada

El pasado viernes el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV) publicó la orden de la Conselleria de Agricultura por la que se autoriza la quema de la paja del arroz en el parque natural de la Albufera en determinadas condiciones.

Al igual que en los dos años anteriores se aplica el acuerdo alzado entre la Generalitat y los agricultores por el que el parque se divide en dos zonas. En una se autoriza la quema mientras que en la segunda la conselleria se encargará de su retirada.

Falta un día para que comiencen el periodo de quema (el 1 de octubre) y la conselleria todavía no ha adjudicado el contrato. Como ya sucedió el año pasado, el proceso se ha retrasado. Agricultura, a través de la empresa pública Vaersa, no inició la licitación hasta el pasado nueve de septiembre. Cerrado el plazo de presentación de ofertas el 24 de septiembre, se han presentado dos empresas.

El viernes se celebró la mesa de contratación que ha solicitado más información a ambas empresas antes de proceder a la adjudicación. Está previsto que se vuelva a reunir a lo largo de esta semana.

Las fuentes consultadas no descartan que, como ya sucedió el año pasado, el concurso quede desierto. En este caso todo el proceso se retrasaría varias semanas con los consiguientes perjuicios medioambientales para el parque, además de los problemas que ocasiona a los agricultores.

La Conselleria de Agricultura no ha iniciado el proceso de contratación hasta bien entrado septiembre con lo que los plazos son muy ajustados si se tiene en cuenta que los trabajos deben empezar el primer día de octubre. En 2019 convocó el concurso en agosto que quedó desierto con lo que la adjudicación definitiva no se pudo firmar hasta noviembre.

Sin poder retirarla porque no se ha contratado la empresa y sin tampoco poder quemar, corre el riesgo de quedarse en los campos y producir graves daños ambientales.

El mayor riesgo es el de anoxia. Tras la recolección del arroz, los restos de las gavillas del cereal quedan amontonados en el campo y tienen que ser retirados antes de la gran inundación del otoño-invierno para evitar que se pudra y contamine el agua de la laguna, además de impedir los perjuicios que pueden conllevar para la siguiente temporada de cultivos.

Si los restos quedan en el agua se puede producir una catástrofe medioambiental, ya que la presencia de abundante materia orgánica provoca la disminución de oxígeno en el agua, podredumbre y la posible mortandad de aves y peces como ocurrió el verano del año pasado.

Este año el contrato de la Generalitat para la retirada de la paja del arroz ha sufrido una merma del 25%. Ha salido a licitación por 145.000 euros frente a los 195.000 presupuestadas en el último ejercicio.

Frente a las 2.410 toneladas que se esperan recoger en los tres meses de vigencia del contrato (octubre-diciembre), en 2019 se fijaba una cantidad de 1.950.

En la memoria de la licitación se señala que la cantidad a recoger dependerá de varios factores, entre ellas las condiciones meteorológicas.

Desde la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA) se muestran partidarios de retirar la mayor cantidad posible y quemar el resto. Sostienen que la incineración de los restos no tiene repercusiones medioambientales frente al hecho de dejar la paja en los campos.

Por otro lado, fuentes de AVA advierten de que no hay suficientes medios técnicos para retirar toda la paja. Uno de los problemas a los que se enfrentan las empresas es a que la maquinaria no puede acceder a todas las zonas del parque. Muchas de ellas son pantanosas y no pueden sostener el peso de camiones y recogedoras que se terminan hundiendo en el fango.

En este sentido, subrayan que mientras no haya una alternativa tecnológica adecuada poner la retirada de la paja del arroz como alternativa a la quema no es real. Por otro lado, recuerdan que la quema no está prohibida por la ley y sostienen que la legislación europea permite excepciones en varios cultivos como el arroz.