La reducción de las ratios máximas de alumnos por aula que ideó el Consell del Botánico en el 2017-2018 se aplicará el curso que viene en diez localidades valencianas más, llegando a un total de 65. La Conselleria de Educación autoriza esta medida en ... municipios en los que la bajada de la natalidad es lo suficientemente holgada como para minorar los puestos que se ofrecen en la admisión, sin riesgo de que quede algún niño sin escolarizar, y tiene algunas derivadas que han provocado recelos en el sector concertado, en el sentido de que puede servir para fomentar, de manera indirecta, trasvases de alumnos hacia la enseñanza pública.
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Es decir, que aunque los colegios de la red tengan demanda suficiente para llenar sus clases se vean obligados a no atender solicitudes que presenten las familias para poder entrar, acabando estas matrículas en escuelas de la misma localidad con suficientes puestos libres. Con la actualización del listado, la más grande desde que se creó la iniciativa, habrá 23 colegios más en esta situación, que se sumarán al centenar donde el tope rige desde cursos anteriores.
El máximo de alumnos por aula en Infantil está fijado por regla general en 25. Con la medida Educación autoriza a que se reduzca a 22, 23 o 20, en los casos más extremos. Se empieza aplicando en 1º, que es el nivel de acceso habitual al colegio, aunque se consolida, de manera que en los cursos siguientes se mantendrá la ratio extraordinaria hasta afectar a toda la Primaria. Así, en nueve años se habrá completado su implantación en las diez nuevas localidades, situándose los topes citados en todas las aulas entre 1º de Infantil y 6º de Primaria. Al ser una limitación territorial afecta tanto a centros públicos (habrá 49 más) como a los concertados (los 23).
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Algunos representantes de la red concertada valenciana no sólo han cuestionado el tope mediante declaraciones públicas, sino que se ha llegado a actuar por la vía judicial. Cabe recordar que la patronal Escuelas Católicas lo recurrió ante el TSJCV, que en primera instancia le dio la razón.
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Se argumentó que el cambio no se había negociado en tiempo y forma y que se invadían competencias estatales, aunque en el trasfondo se cuestionaba la afección a la demanda social al tener que dejar de acoger a potenciales alumnos, planteando otras medidas alternativas como facilitar el desdoble de clases con más medios humanos.
Incluso se habló del riesgo de que influyera a la hora de renovar un concierto en la ESO, teniendo en cuenta el hándicap que podía suponer la obligación de atender a menos estudiantes en las etapas previas (entre dos y cinco por aula y nivel) cuando para mantener los fondos públicos la administración exige un mínimo de alumnos. En cualquier caso, la Abogacía de la Generalitat, a instancias de la Conselleria de Educación, recurrió en casación ante el Supremo, que anuló el fallo previo al considerar que la administración autonómica es competente para bajar las ratios que fija la normativa básica de manera justificada.
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El departamento que dirige Raquel Tamarit defiende la medida en términos de calidad educativa, pues con ratios más bajas se facilita la atención de los niños. Y la crisis demográfica lo permite. Por ejemplo, la tasa bruta de natalidad en 2020 (los que entran en 1º de Infantil en esta admisión) alcanzó su nivel más bajo en casi medio siglo. Por no hablar de que también se ha reducido la llegada de nueva población. Además, esta decisión permite que ninguna clase de 1º de Infantil, sea pública o concertada, se tenga que cerrar por falta de alumnado.
Entre las diez localidades que entran en el listado hay cinco en las que sus centros concertados están más llenos que los públicos -lo que se puede traducir en términos de demanda-, aunque es cierto que en varios casos el margen es muy estrecho.
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Para calcular la ocupación se toman las vacantes que presenta cada red en 2º y 3º de Infantil, que son indicativas de cómo funcionaron las admisiones de los años previos (2022 y 2021 respectivamente). Es decir, si son pocas se entiende que fue bien, y si son muchas que la red en cuestión flojeó en términos de matrícula.
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Joaquín Batista
Las cinco localidades citadas son Ibi (21,16% de vacantes en la pública frente al 18,3% de la concertada), Paiporta (10,9%-10%), Puçol (14,2%-2%), Sagunto (14,6%-13,3%) y Torrent (14,47%-14,31%). Por contra, en otros tres municipios las tornas se invierten a favor de la pública: Vinaròs (6%-16%), Guadassuar (25%-48%) y Utiel (28,6%-30,4%). En los dos restantes -Ayora y Rafelbunyol- toda la oferta es de titularidad de la Generalitat.
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Haciendo el mismo ejercicio en las localidades más pobladas del listado -entraron en cursos previos- la tendencia es similar. En la provincia de Alicante destaca Alcoy (20% de vacantes en la pública frente al 9,8% de la red concertada) y en Castellón la más grande es la capital, donde los porcentajes son del 17% y el 5,3% respectivamente.
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