R. González/L. Soriano
Dénia/Valencia
Viernes, 18 de octubre 2024, 01:18
El final de la cuenta atrás para que se implante la ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular se acerca y en la Comunitat Valenciana son muchas las localidades que están apurando hasta el último instante. La medida aprobada por el Gobierno ... de Pedro Sánchez, para dar cumplimiento a una directiva de la Unión Europea (UE) encaminada a reducir la generación de residuos, debe aplicarse como muy tarde en abril de 2025 y eso está conduciendo a nuevas tasas de recogida de basura o actualizaciones de las existentes que implican un aumento del recibo que van a pagar el próximo año los vecinos de los 159 municipios de más de 5.000 habitantes de la región.
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Las localidades han dispuesto de tres años para cumplir la Ley 7/2022, que tiene entre sus objetivos «prevenir y reducir el impacto de determinados productos de plástico en la salud humana y en el medio ambiente, con especial atención al medio acuático». Sin embargo, la proximidad de las elecciones municipales hizo que se postergara ese momento por las implicaciones que conlleva, al tener que incrementar la presión fiscal a los ciudadanos. Y después los meses han ido pasando sin que los gobernantes dieran el paso… hasta ahora.
El principal freno ha sido el artículo 11, centrado en los costes relativos a la gestión de los residuos. La normativa europea se rige bajo el principio de que «quien contamina paga» y establece que lo que cuesta ese servicio debe estar cubierto al completo por lo que pagan los ciudadanos. En la actualidad, no todos los ayuntamientos tienen vigente una tasa específica para la recogida de residuos, sino que ese concepto se tiene en cuenta dentro de otros impuestos que se cobran a los contribuyentes, como puede ser el IBI. Y los consistorios que sí disponen de la tasa concreta no repercuten el coste real, pues suele tratarse de un servicio deficitario.
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Por ello, todos se han visto afectados, de una forma u otra, por lo que algunos han calificado como el «basurazo de Pedro Sánchez». Y es que no está siendo plato de buen gusto para ningún equipo de gobierno local el elevar la tasa o el crear una nueva.
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Valencia es una de las ciudades que deberá implantar el nuevo impuesto, para disgusto de su alcaldesa. María José Catalá ha remarcado que hasta ahora el ayuntamiento asumía ese coste sin repercutirlo en la población y que ahora Sánchez «nos obliga a trasladar el coste a los vecinos». Por ello, ha insistido en que este 'basurazo' «nos obliga a cobrar por recoger la basura y es una tasa que no queremos».
Pero este no será el único incremento, también habrá una subida del 23% de la tasa Tamer, aprobada este jueves en la reunión de la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos (Emtre) y que oscilará entre los 7,8 y los 60 euros. Catalá ha atribuido este incremento a la «nefasta gestión durante ocho años del anterior gobierno».
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También hay localidades donde sí cuentan ya con una tasa específica para la recogida de basura. Las fórmulas que están barajando los ayuntamientos para establecer los aumentos de los recibos son complejas y se realizan bajo la premisa de tratar de distribuir el coste del servicio en función de la capacidad económica.
Dos ejemplos de ello son Dénia y Calp. La capital de la Marina Alta ha dividido el término municipal en 10 zonas y para determinar el incremento que se aplica en cada una se ha tenido en cuenta la medida del valor catastral de las viviendas que en esa se encuentran. Si bien la media del alza ronda el 20% respecto a la anterior cuota de 140 euros, las nuevas cifras oscilan entre los 154,93 euros que abonarán en el diseminado hasta los 191,64 euros de la urbanización de Montepego, pasando por los casi 178 de La Pedrera.
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La subida en Calp, aprobada en el pleno de este mes, resulta más sangrante para los bolsillos de los contribuyentes. Antes sólo había tres tarifas para las viviendas. En el centro urbano se abonaban algo más de 82 euros, al extrarradio le correspondían casi 110 y se elevaba hasta los cerca de 177 en los puntos más alejados. A partir de ahora el término municipal se divide en nueve zonas y las cuantías oscilan entre los 162,03 euros de Pou Roig y los 257,14 euros que tendrán que apoquinar quienes tengan una vivienda en Manzanera.
En Castellón, las familias deberán pagar una media de 105 euros. Una cifra similar es la establecida en Ontinyent, donde abonarán 108 euros. Esta cantidad, según dijo el pasado mes el edil de Hacienda, Juan Pablo Úbeda, no ha sido mayor gracias a una subvención europea y, además, el pago se podrá fraccionar. En el caso de Xàtiva, la tasa para los hogares se ha establecido en 60,94 euros, frente a los 45 anteriores
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Hay ayuntamientos que están tomando medidas para compensar a sus vecinos por el varapalo que supone esta nueva tasa o el incremento de la ya existente. Para ello están recurriendo a bonificaciones en la cuota municipal o la bajada de otros impuestos. Ahí se encuentran localidades como las de Xirivella, Dénia o Benissa, entre otras.
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