La ley ya recoge la exención del valenciano en Sanidad

La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, cerró ayer el trámite de negociación con los sindicatos para la aprobación de la nueva ley que regulará las relaciones laborales de la Generalitat con su plantilla y en la que se prevé la exención del requisito lingüístico para el ámbito sanitario si entrara en colisión con el derecho a la salud. El anteproyecto contempla que el dominio de la lengua cooficial sea desarrollado mediante un reglamento que tendrá que estar aprobado a los seis meses de la entrada en vigor de la ley. Si en el plazo de un año este reglamento no estuviera aprobado, se aplicará que a los aspirantes a los grupos A1, A2 y B, se les exigirá el certificado C1 (equivalente al antiguo Grau Mitjà) mientras que los opositores a los grupos C1 y C2 precisarán de los certificados B2 y B1 respectivamente (equivalentes al Grau Elemental). Para las agrupaciones profesionales funcionariales se exigirá la acreditación del nivel A2 (equivalente al Grau Oral).

La ley contempla la excepción «para el ámbito sanitario» puesto que, según Bravo, «la exigencia del requisito nunca debe entrar en colisión con el derecho a la salud y, por tanto, si esta exigencia produce una disfunción en el funcionamiento del sector público sanitario, priorizaremos siempre el servicio público sobre la exigencia de la capacitación».

Sobre esta cuestión, desde UGT criticaron que la Administración «imponga» el nivel de valenciano para cada puesto si no hay acuerdo en el reglamento. A su entender, antes que el valenciano «el primer objetivo debe ser salvaguardar el servicio público». Desde CC OO indicaron que «no queremos que un requisito del idioma haga que no tengas gente especializada en medicina».