Los recursos del Consell ante el Supremo frenan el concierto de medio centenar de aulas

Veintisiete colegios concertados de la Comunitat han obtenido en los últimos años una sentencia del TSJCV que rectifica el recorte de fondos públicos aplicado por Educación, en la anterior legislatura, para alguna de sus aulas.

Suman 67 clases, con sus correspondientes puestos escolares que, en la mayoría de los casos, siguen sin disponer del concierto reconocido en primera instancia debido a que la Abogacía de la Generalitat -a instancias del Consell- ha recurrido los fallos iniciales ante el Tribunal Supremo. Por tanto, una de las grandes polémicas del primer Botánico -la otra es el plurilingüismo- sigue abierta y a expensas de lo que se determine en Madrid. La tardanza en llegar al punto y final del conflicto está afectando directamente a 54 de las citadas unidades de Infantil, Bachillerato y Formación Profesional, según se desprende de la información recopilada por LAS PROVINCIAS a través de centros, patronales y fuentes judiciales.

La mayoría de los casos (44) son clases de Bachillerato de 16 escuelas. Tras el proceso general de renovación de conciertos de 2017 Educación optó por reducir la oferta -e incluso eliminarla- en 21 centros, de los que 20 presentaron un recurso de lo contencioso. Para el curso 2017-2018 perdían 1º y para el siguiente ejercicio, 2º. La mayoría se quedaron sin fondos públicos en una de sus líneas -dos aulas afectadas-, aunque hubo cinco que perdieron las dos existentes, quedándose sin Bachillerato concertado.

Las 20 escuelas que recurrieron tenían 54 aulas afectadas por el recorte (de 1º y de 2º), consiguiendo todas una sentencia favorable que deshacía la medida. El recurso del Consell ante el Supremo ha implicado que la mayoría -las 44 citadas- se hayan quedado a la espera.

Las otras diez corresponden a cuatro centros que o bien disponían de la suspensión cautelar de la supresión o solicitaron la ejecución provisional de la sentencia del TSJCV, previo depósito de un aval. La decisión del Alto Tribunal también afectará a estas últimas, aunque a día de hoy sí disponen del concierto. Respecto a las otras 44 aulas, en muchos casos no están funcionando y en otros siguen acogiendo alumnos en régimen privado, con costes mucho mayores para las familias.

Otras nueve unidades recortadas y a la espera del Supremo corresponden a Formación Profesional, etapa que también pasó por la renovación general de 2017. Tres son los centros afectados con sentencia favorable del TSJCV, que deshizo recortes de primer y segundo curso de grados medios y superiores. Cierra el recuento una unidad de tres años -segundo ciclo de Infantil- que según fuentes patronales también ha sido llevada ante el Alto Tribunal.

Hay tres sentencias más, todas ellas referidas a Infantil. En un caso no ha sido recurrida, aceptando Educación el primer fallo del TSJCV. En las otras dos, este periódico no pudo confirmar si ya son firmes o también están a expensas del Supremo.

El tribunal radicado en Madrid ya ha admitido varios de los recursos presentados a instancias del Consell -todos referidos a etapas postobligatorias- y se pueden leer a través del buscador de resoluciones del Consejo General del Poder Judicial. El acuerdo de la sala correspondiente es similar. Se considera que la cuestión que tiene interés casacional para la formación de jurisprudencia es si «los conciertos educativos singulares -los de FP y Bachillerato- suscritos por las comunidades autónomas en las enseñanzas no obligatorias pueden extinguirse unilateralmente por la Administración o si por el contrario, debe procederse a su renovación en tanto que cumplan con los requisitos establecidos, en relación con los conciertos educativos generales». Dicho con otras palabras, el debate es si se les debe dar el mismo trato que a los referidos a las etapas obligatorias.

Cabe recordar que el Supremo debe pronunciarse tanto sobre los fallos que afectan directamente a los centros como sobre aquellos que anularon parcialmente el decreto del Consell aprobado en 2017 que reguló el sistema de conciertos.

La Conselleria de Educación informó ayer de que los centros públicos y concertados han comenzado a recibir los importes derivados de las becas de comedor correspondientes al mes de junio del curso pasado, unas transferencias que corresponden a Hacienda. Las mismas fuentes señalaron que la mayoría de centros ya las han recibido. Quedarán por abonar las correspondientes a septiembre. En la última mesa de negociación de la concertada se alertó de la demora en los pagos, que también afectan a los gastos de funcionamiento, pendientes desde el pasado agosto. En los públicos, que van por un procedimiento distinto, acaban de iniciarse las trasferencias correspondientes a junio. Educación asegura que pese a las dificultades de tesorería por los retrasos del FLA, todos los centros han dispuesto de fondos suficientes para el primer trimestre de este curso.