La reforma constituye una de las grandes apuestas del Consell

El pleno de Les Corts aprobó el pasado enero la modificación de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje que fue impulsada en 2014 por el último gobierno del Partido Popular. La reforma de la Lotup era uno de los caballos de batalla del nuevo gobierno en su pretensión de evitar los conocidos como PAI fantasma o los pelotazos urbanísticos. Los cambios han afectado a más de un centenar de artículos.

Entre otras, se introducen medidas para fomentar la gestión directa por las administraciones dando preferencia a este modo de gestión. También se limita la clasificación urbanística de suelo no urbanizable a urbanizable para los PAI.

En la nueva redacción se elimina la figura de las Actuaciones Territoriales Estratégicas (ATE) para facilitar las inversiones socioeconómicas sostenibles se prevén los Proyectos de Inversión Económica Sostenible (PIES), que regulan la posibilidad de materializar proyectos que respondan a un interés general y a un desarrollo económico compatible con el entorno en el que se lleven a cabo.

La legislación establece un marco referencial mínimo para que los ayuntamientos puedan dar solución a las casuísticas que se dan en el territorio por las malas prácticas anteriores. Así, se dan alternativas e instrumentos jurídicos a los municipios para que decidan cómo actuar en aquellos suelos que se iniciaron la gestión urbanística y no la han finalizado, como las denominadas «urbanizaciones fantasma». De esta manera, se podrá optar por finalizarlas con la división de sectores o bien realizar una reparcelación inversa.

También se ha buscado dar solución a la implantación irregular sobre el territorio de una gran cantidad de edificaciones aisladas o agrupadas en suelo no urbanizable. Así, desarrolla una regulación con el régimen de deberes para adecuar y regularizar estas construcciones.

Se crea la figura del rehabilitador para posibilitar la edificación en solares abandonados y en las zonas degradadas de la ciudad, bajo un control público de los objetivos de la actuación. En estos casos, los ayuntamientos podrán declarar zonas prioritarias donde se quiera facilitar la edificación de solares y acabar la trama urbana convocando un concurso público. También establece un régimen claro para las actuaciones de regeneración.