La reforma educativa da vía libre para limitar conciertos y primar más el valenciano

El Gobierno ya tiene claras sus propuestas para modificar la legislación educativa actual, una batería de medidas que han sido remitidas a las principales organizaciones del sector y que deberán ser debatidas y negociadas antes de su plasmación en forma de ley. Se recoge la anunciada eliminación del criterio de la demanda social en la planificación escolar, lo que la concertada interpreta como una manera de restarle peso en la oferta de plazas, y se deja claro que el Ejecutivo evitará regular cualquier disposición que tenga que ver con las lenguas cooficiales, un aspecto que dependerá exclusivamente de las comunidades autónomas. Es una diferencia clave respecto a la Lomce actual, que sí recoge la obligación de las administraciones de que exista una presencia razonable del castellano y de la lengua autonómica. Esta fue establecida por los tribunales de justicia, a raíz del modelo catalán, en un 25% de las horas lectivas, exactamente el mínimo que por regla general se imparte en todos los colegios de la Comunitat (válido para ambas lenguas oficiales).

Aunque la redacción de esta propuesta del Gobierno de Sánchez es lo suficientemente ambigua para ser objeto de diferentes interpretaciones, permite pensar que da pie a aumentar más si cabe el peso del valenciano en la Comunitat en detrimento de las restantes lenguas que se utilizan en clase, siempre que así lo quisiera el Consell.

El texto de propuestas deja claro también que no se pronunciará en la ley sobre la exención de la asignatura (sí quedó recogida en la Lomce), por lo que un hipotético cambio en la situación valenciana actual -basada en la Ley de Uso y Enseñanza de 1983- no encontraría obstáculos en la norma básica estatal. Otra cosa es que la jurisprudencia tuviera algo que decir, igual que sucedería con un mayor arrinconamiento del castellano. En cualquier caso todo dependerá de cómo se plasme el nuevo articulado, pues de momento sobre la mesa sólo hay declaraciones de intenciones.

Otros de los cambios planteados son la eliminación de los itinerarios de la ESO, el nuevo tratamiento de la asignatura de Religión, la obligatoriedad de Valores Cívicos y Éticos en Primaria y Secundaria, refuerzos individualizados para el alumnado repetidor de manera excepcional, la posibilidad de ampliar el Bachillerato a tres años para casos concretos o la necesidad de hacer evaluaciones censales de diagnóstico en Primaria y la ESO, que se sumarían a las muestrales de final de etapa que sustituyen a las reválidas. Las comunidades también tendrán más peso a la hora de diseñar los contenidos de las asignaturas -deshaciendo la centralización que propició la Lomce- y se contemplan varias medidas para facilitar la promoción del alumnado de un curso a otro, siempre en casos específicos.

Desaparece la obligación de la Lomce de tener en cuenta este criterio en la planificación de la oferta de plazas. Exactamente se propone «recuperar una formulación no restrictiva del papel de los poderes públicos en la programación general de la enseñanza y eliminar las referencias a una demanda social que, en todo caso, debe ser conocida en el marco de dicha programación».

El sector concertado considera que implicará restarle peso. Por ejemplo, que las autonomías ya no tendrán que valorar si la enseñanza concertada de una localidad suma más demanda que la pública a la hora de decidir sobre la apertura de una línea educativa. También cierra la puerta a la cesión de suelo público a entidades privadas para que construyan colegios con la promesa del concierto, opción explotada en Madrid y fallida en la Comunitat.

Otra posible consecuencia es que se pierda cierto sustento jurídico en cuanto al mantenimiento de unidades concertadas si la comunidad autónoma decide cerrar un aula con la suficiente demanda. En la Comunitat, la mayoría de conciertos suprimidos por Educación en aulas de Bachillerato han sido anulados por los tribunales con fallos que recuerdan la doctrina del Supremo, que recoge la idea de la demanda social.

La ley ya no incluirá la coletilla de que no se considera discriminación por género, y «se reforzará la prioridad en el régimen de conciertos para los centros que se organicen bajo el principio de la coeducación».

Se suprimirá (de la ley nacional) «la regulación del uso de la lengua cooficial y de la escolarización asociada a ella, dejando que su regulación corresponda a las comunidades autónomas. Esta supresión afecta, entre otros aspectos, a la regulación de la exención de cursar o ser evaluado en la lengua cooficial». Más allá de la generalidad de esta parte del documento, se anuncia también una ordenación «acorde con la sentencia del Constitucional que se pronuncia sobre el sistema educativo y el modelo territorial». El fallo anuló el mecanismo del PP para que las autonomías pagaran la matrícula en centros privados de los alumnos que no pudieran acceder a enseñanzas mayoritariamente en castellano por invadir competencias.

Sin embargo esa misma sentencia incluye ideas como la siguiente: «Hemos de reiterar una vez más que corresponde al Estado velar por el respeto de los derechos lingüísticos en el sistema educativo, pero también que tal función ha de desplegarse sin desbordar las competencias que constitucionalmente le están reservadas y sin soslayar los límites y exigencias que ha fijado la jurisprudencia constitucional». Es decir, obliga a velar por el derecho de todos los españoles a utilizar la lengua oficial que consideren, lo que incluye el castellano. La letra pequeña será la clave.

Los alumnos ya no tendrán que elegir entre ambas asignaturas. La nota de la primera no contará en el expediente, ni para acceder a becas ni para entrar en la universidad, y los que no la seleccionen no tendrán una materia alternativa. La propuesta no se detiene a señalar a qué dedicarán ese tiempo. También dejará de ser una materia específica en Bachillerato, sin más concreción sobre si se podrá cursar al menos en 1º si hay demanda. En cuanto a Valores Cívicos y Éticos, será de oferta obligatoria en algún curso comprendido entre 3º y 6º de Primaria y también en 3º o 4 de la ESO.

El texto se refiere a la ampliación de los cursos en dos ocasiones. Por un lado, plantea flexibilizar la duración de la etapa, así como de la FP Básica, para el alumnado con necesidades educativas especiales. Y más adelante, para casos excepcionales, propone que la modalidad ordinaria se prolongue tres cursos.

Se habla de incorporar la opción de obtener el título de Bachillerato «por compensación en caso de superar todas las materias salvo una» y de dar «más capacidad de decisión al equipo docente a la hora de valorar quién promociona» en la ESO, FP Básica y Bachillerato. Aunque la Lomce permitía excepciones a criterio del profesor (como la LOE anterior), sí era más rígida en cuanto al paso de curso con varias asignaturas instrumentales suspendidas.