La reforma de la ley del 'sólo sí es sí' no evitará la rebaja de penas a los violadores

Uno de los efectos no deseados de la nueva ley ha sido esta rebaja de las penas a algunos violadores. Esto se ha producido, según señala Vicente Ibor, abogado penalista y diputado de la junta de gobierno del Colegio de Abogados de Valencia, por un «defecto de técnica jurídica». «No se ha tenido en cuenta la proporcionalidad de las penas», apunta.

En la misma línea se pronuncia el profesor de Derecho Penal de la Universidad Católica de Valencia, Juan Carlos Vegas, que añade que «la reforma sólo será válida para los delitos que se produzcan una vez que se apruebe pero no con efectos retroactivos».

Los expertos coinciden en señalar este hecho. «El acusado puede acogerse a la pena más favorable para sus intereses», añade Vegas.

De esta forma, y según resaltan los expertos, la rebaja de penas continuará. Ahora mismo se han registrado cerca de medio centenar de reducciones de castigos en la Comunitat Valenciana y esperan varias decenas (otras 50 pendientes de resolución, según los últimos datos facilitados por el Tribunal Superior de Justicia valenciano). Pero pueden ser muchos más casos.

La Comunitat Valenciana encabeza el ránking nacional con 46 reducciones aprobadas por los órganos judiciales. A continuación, se sitúa Madrid, con 42; País Vasco con 35; 22 en Galicia; 20 en Andalucía; 18 en Baleares y en Castilla y León. Le siguen Canarias con 13, Asturias con doce; 11 en Cataluña; 8 en Extremadura y 7 en Cantabria.

Los penalistas también destacan que una de las causas por las que se han producido las rebajas de penas es que la ley del 'sólo sí es sí' acabó con el tipo penal del abuso sexual. Con esta modificación se pretendían endurecer las condenas pero ha tenido el efecto contrario «gracias al principio de proporcionalidad de la ley», expresa Vegas.

Así, al eliminarse el abuso, todos los delitos sexuales han pasado a considerarse como agresión con lo que la horquilla de las penas se amplía y conlleva una reducción de penas. «El abanico se abre y como consecuencia también se reducen las mínimas», apunta Vegas. «Es un efecto indeseado de la ley», añade el penalista.

Este efecto ya fue advertido por la Fiscalía y por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sin que el Ministerio de Igualdad, impulsora del proyecto de ley, hiciera caso a los avisos. El consejo también señaló que la interpretación de lo que se entiende por consentimiento puede ser problemática porque «el quid para que haya delito es precisamente este factor», aclara Vegas.

En este sentido, Vicente Ibor considera que la ley, tenía que haberse aprobado con el parecer de los operadores jurídicos, en especial con la colaboración del Colegio de Abogados, «al menos con los principales como los de Madrid, Barcelona y Valencia que somos los que sabemos».

Tanto Vegas como Ibor destacan que el Código Penal ya recogía la necesidad de que haya consentimiento para que las relaciones no sean consideradas como un delito. «La ley no era necesaria», apunta Ibor que resalta que la reforma de la norma es «imprescindible pero contando con los operadores jurídicos».