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Representantes de la Conselleria de Sanidad, con Miguel Mínguez al frente como máximo responsable, y todas las fuerzas sindicales con representación en la mesa sectorial (con la excepción de CESM-SAE), posaron sonrientes para inmortalizar un momento que casi podría llamarse de histórico. A principios ... del pasado mes de marzo, trabajadores y Generalitat había llegado a un amplísimo acuerdo que, entre otras medidas, contemplaba reducir la jornada laboral de los profesionales sanitarios hasta las 35 horas semanales, además de muchas otras mejoras, especialmente en Atención Primaria. Para hacerlo posible, entre este año y 2025 el departamento autonómico debe contratar a unos 2.500 nuevos profesionales (el propio presidente –ahora en funciones– Ximo Puig anunció el pasado ejercicio la incorporación de 995 a lo largo de 2023).
Sin embargo, casi cuatro meses después, apenas se han registrado movimientos para implantar esa jornada laboral, la contratación de personal o las mejoras prometidas en los centros de salud. Y la yo advertía el PP de que no era más que «un brindis al sol», especialmente ante la convocatoria de unas elecciones en mayo que, finalmente, apartará al Gobierno del Botánico del Ejecutivo autonómico. ¿Y qué ocurrirá con estos acuerdos adoptados entre los sindicatos y la conselleria? Pues no está claro, sobre todo porque al menos hasta ayer no habían sido publicados en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).
Y de esto, precisamente, se quedaba este lunes el sindicato CSIF, que denuncia que transcurrido este tiempo desde la firma del acuerdo, el pacto sigue sin quedan patente en el DOGV, por lo que la formación exige su publicación inmediata para que comience a aplicarse.
Al respecto, el sindicato recuerda que el acuerdo, rubricado el 8 de marzo, contemplaba la inclusión de tres días de libre disposición para año 2023; cuatro en planilla y dos de libre disposición en 2024 y las 35 horas semanales en 2025 para el personal de Sanidad. «En la firma, la conselleria se comprometió a su rápida publicación para cumplirse», aunque parece que no ha sido así, al menos hasta las elecciones.
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La no publicación en el DOGV, según CSIF, está provocando, por ejemplo, que responsables de diferentes departamentos nieguen solicitudes para disponer de esos tres días contemplados para los trabajadores para este año. Esa negativa la basan en la falta de publicación, de nuevo, en el diario oficial. La central sindical recalca que el hecho de que no se haya reflejado en el DOGV supone, por una parte, «un incumplimiento de la conselleria del acuerdo alcanzado» y, por otro, «una falta de seguridad jurídica y de transparencia».
La formación, además, subraya que este pacto lleva aparejado la contratación de más personal. En conjunto, implica la creación de aproximadamente 2.500 plazas hasta 2025, «para lo cual tienen que empezar a activarse desde ya». De hecho, Puig prometió 995 nuevas plazas para este año y un par de semanas antes de las elecciones autonómicas y municipales apenas se habían creado 57 y, en ese momento, ninguna de ellas había sido ocupada por profesional alguno, según la información proporcionada por la propia conselleria a LAS PROVINCIAS.
Así las cosas, la central sindical insta a Sanidad a desarrollar su labor hasta el final de su mandato. El sindicato lamenta que «la pasividad que está demostrando la conselleria con los retrasos en los planes de vacaciones o en informar sobre el cierre de plantas de hospitales se haya extendido hasta el incumplimiento de sus propios acuerdos».
Por otra parte, el sector de Salud de UGT Serveis Públics del País Valencià ha exigido a la Conselleria de Sanidad que cumpla con los tribunales y reclasifique de la categoría C2 a C1 los puestos de trabajo del personal técnico de Emergencias Sanitarias (TES) del SAMU.
Esta reclasificación, que implica una mejora de las retribuciones de este colectivo, sigue pendiente «a pesar de las sentencias favorables del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana y el Supremo», según ha denunciado el sindicato en un comunicado. El proceso afecta a un total de 60 trabajadoras y trabajadores del SAMU, a quienes les corresponde una mejora de sus retribuciones de alrededor de 250 euros al mes. UGT ha apuntado que el conflicto judicial «se arrastra desde hace más de ocho años sin que la Conselleria de Sanidad haya dado una solución».
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