Los regantes exigen a Puig que presione en Madrid para saltar el trasvase al Segura

El vicepresidente de la Federación de Regantes de la Comunitat Valenciana (Fecoreva), José Antonio Andújar, reclamó ayer al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, una mayor presión en Madrid. Consideró que la vía de los recursos no es la única y apuntó que se trata también de un problema de índole política.

Tras conocer la decisión del Gobierno, Andújar remitió una carta al presidente de la Generalitat y le señaló que "tu plan no se ha cumplido, el trasvase se ve disminuido por nada, como si fuéramos niños nos dan la esperanza del agua del mar y todo por nuestro bien".

Así, en opinión de los regantes, el plan de Puig ha fracasado y es momento de pasar a otro nivel, a hacer política. En esta línea, el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, consideró que "hay una falta de peso político lamentable de los gobernantes de la Comunitat".

Y es que los expertos consideran que la decisión ha sido tomada sin argumentos técnicos. "Se ha aprobado este Real Decreto en contra de las recomendaciones del CEDEX y resulta injustificado, carente de motivación suficiente, inoportuno, extemporáneo y, por tanto, arbitrario", señaló Joaquín Melgarejo, catedrático y director del Instituto del Agua de la Universidad de Alicante que añadió que "es una decisión eminentemente política".

Mientras, el presidente de la Generalitat volvió ayer a recalcar su respaldo al trasvase pero señaló que no estaba dispuesto a entrar en "una guerra del agua para eso con nosotros que no cuenten". Apostó por la negociación y señaló que los regantes de la Comunitat Valenciana tienen que tener agua de calidad y a un precio razonable para siempre.

Además, el recorte se ha aprobado sin aportar ninguna alternativa. Como señaló Andújar, "sólo nos ha ofrecido promesas y no nos fiamos". Ante la posición del Gobierno, los regantes se están planteando iniciar una campaña de movilizaciones que pasa por acciones informativas durante este verano y más manifestaciones y actos de protesta a partir de septiembre. Entre otras alternativas estudian una marcha hasta Madrid para pedir ser recibidos por Sánchez.

El presidente de Asaja-Alicante, José Vicente Andreu, incidió en las consecuencias económicas de la medida y ayer señaló que el 40% del valor de la producción agraria de la provincia está asociada al trasvase y que de la transferencia dependen 140.000 empleos directos y 100.000 indirectos.

Mientras, la Diputación de Alicante ha dado los primeros pasos para activar la vía judicial. Un recurso que también ha anunciado el Consell. Tras la publicación ayer en el BOE se abre un plazo de dos meses para presentarlo por vía contencioso-administrativa ante el Tribunal Supremo.

Para el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, el PSOE "está clavando ese clavo en la mortaja del Tajo-Segura". Consideró que "ya no valen declaraciones ni palabras vacías que no se traducen en nada, ni decir que el trasvase es irrenunciable cuando cada día el Partido Socialista renuncia a él. Hay una falta de peso político lamentable de los gobernantes de la Comunitat ante el Gobierno de España y ante las direcciones de sus propios partidos". Mazón consideró que la decisión del Gobierno dará también paso a un "otoño caliente".