El reguero de despropósitos de Sanidad ante una paciente que murió en la Comunitat de infarto de miocardio

Hasta en dos ocasiones el personal médico no hizo un correcto diagnóstico ni tratamiento. Tanto en la ambulancia como después en el centro de salud le dijeron que tenía una dorsalgia y en la primera ocasión le inyectaron Voltaren y Primperan, al pensar que el dolor y los síntomas no tenían que ver con el infarto, y la familia denuncia que esos errores impidieron que se hubiera podido salvar la vida de la mujer. En ningún momento se le dio un tratamiento para un infarto. Por eso denunciaron y el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat ha dictaminado que la conselleria tiene que pagarles esa cantidad económica al marido y los dos hijos.

La reclamación es por la responsabilidad patrimonial con motivo del fallecimiento a consecuencia de la asistencia sanitaria en el sistema público de salud valenciano. La mujer, de 72 años, murió el 17 de julio de 2022. Durante la madrugada, mientras estaba en casa, empezó a tener síntomas compatibles con un infarto. Sus familiares llamaron a Emergencias y a las 5 de la mañana llegó una ambulancia a su domicilio.

Pero este vehículo se presentó en su casa sin un médico, y sólo iba equipado con una auxiliar de enfermería. Esta profesional llamó por teléfono al facultativo de guardia para explicarle los síntomas de la paciente, que eran dolor en el pecho, náuseas, sudores fríos, etc. El médico decide que le inyecten los dos medicamentos mencionados, sin haber llevado a cabo ninguna exploración.

Precisamente los estudios realizados sobre el Voltaren señalan que se puede asociar con un aumento del riesgo de sufrir ataques cardíacos. Es decir, que estaría totalmente contraindicado para un posible infarto, como el que tenía la mujer. Mientras que Primperan lo que hace es que previene las náuseas o los vómitos. Ninguno de los dos fármacos, pues, era adecuado para un infarto.

Tras habérselos inyectado, la mujer se quedó en su casa pero seguía encontrándose mal. A las 9 de la mañana su familia la lleva al centro de salud. Explican los síntomas al personal del ambulatorio, pero tampoco perciben la gravedad del caso y los profesionales sanitarios deciden dejar a la señora en la sala de espera. Además, en aquel momento aún había restricciones por el Covid, y ordenan a la familia que deben salir a la calle. La mujer se queda sola, sin atención de nadie, durante dos horas. Que resultan letales.

Al ver que pasaba el tiempo sin noticias, el yerno de la fallecida subió a la primera planta a comprar agua, y se encontró a la mujer en la sala de espera, sola, y con la cabeza apoyada en la pared, completamente inconsciente. Dio la voz de alarma y los sanitarios (esta vez sí con un médico) acudieron para colocar a la mujer en una camilla. Le practicaron las maniobras de reanimación manual, pero no respondía.

El facultativo indica que necesita una máquina desfibriladora, pero el centro de salud no tenía ninguna. Desde el ambulatorio llamaron a una ambulancia para que trajera esta máquina, que tardó en llegar 40 minutos. Cuando apareció el vehículo, la paciente ya había fallecido. En total habían pasado cerca de ocho horas desde la primera llamada de madrugada. Y en ningún momento se le atendió correctamente. Por eso la familia denuncia que con un acertado diagnóstico se hubiera salvado.

Pero en lugar de eso, la enferma padeció una serie de errores médicos que condujeron a su muerte. Así lo ratifican los informes que el Consell Jurídic incorpora a su dictamen. Tanto el de Inspección de los Servicios Sanitarios como el de la Comisión de Valoración del daño corporal, tras realizar un análisis de los hechos, coinciden en que la actuación sanitaria no fue acorde a la 'lex artis', es decir, a las normas, conocimientos, reglas técnicas y prácticas que un profesional debe seguir para actuar con diligencia y de acuerdo con los estándares de su profesión.

Ambos informes indican que no se realizaron las pruebas pertinentes para llegar a un diagnóstico correcto, lo que privó a la mujer de las expectativas de curación. Expresan que no se revisó la historia clínica, no se le tomaron las constantes vitales ni se le comprobaron los síntomas que tenía. Tampoco se le realizó una correcta auscultación ni exploración de las extremidades ni una radiografía de tórax, para saber el alcance de la infección que erróneamente se le había diagnosticado.

Incluso detallan que a las 11:49 horas de aquel día de la muerte, el médico la exploró y mantuvo el diagnóstico de dorsalgia. Mientras estaba inconsciente le administraron tres ampollas de adrenalina y cinco más cuando llegó la ambulancia al centro de salud. Pero tras 45 minutos de maniobras de reanimación, a las 12:49 horas se constató el fallecimiento.

Por tanto, los informes determinan que la asistencia y tratamientos no fueron correctos. Por todo ello, la resolución del Consell Jurídic Consultiu es que Sanidad debe indemnizar al marido con 106.000 euros y cada uno de los dos hijos con 17.000 euros más, para el montante total de 140.900 euros por esa mala atención que causó la muerte. Ahora Sanidad tiene la competencia de resolver el proceso, y puede aceptar y pagar a la familia, o iniciar un proceso judicial si no considera justa la cantidad, porque este dictamen no es vinculante, pero sí un argumento de mucho peso para cualquier juez.