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La reparación de los ascensores dañados por la dana es un asunto que ocupa al Consell, especialmente preocupante resultan los 321 elevadores aún averiados ... que se encuentran en fincas donde residen colectivos vulnerables. La Generalitat cifró la afección de la catástrofe en 10.000 elementos de esta maquinaria que quedaron inoperativos en las zonas damnificadas. De ellos, tan sólo 4.000, es decir el 40% del total, han vuelto a funcionar cinco meses después de la riada. No obstante, tal y como ha manifestado el secretario autonómico para la Recuperación, Venancio Aguado, el Consorcio de Compensación de Seguros ha informado a la Vicepresidencia que dirige Gan Pampols que espera tener arreglados todos estos dispositivos a finales de este año.
«El Consorcio nos asegura que cuando acabe este año, a finales de diciembre, puedan estar reparados todos los ascensores», ha declarado Aguado que ha cuantificado en 321 los casos en los que la inoperancia de los elevadores causa graves problemas de movilidad en personas que residen en dichas fincas.
Aguado ha comentado que los problemas de movilidad no hay que entenderlos solamente como cuestiones relativas a personas enfermas, gente mayor o con problemas de movilidad articular sino también cabe incluir a aquellas familias con menores a su cargo que deben subir varias plantas con sus pequeños o el carro al brazo. De hecho, ante esta problemática, el propio vicepresidente abrió la puerta el pasado viernes a realojar a algunos de los damnificados con tal de garantizar su «calidad de vida».
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Por su parte, Gan Pampols ha desvelado que la Conselleria de Vivienda escribió una carta al presidente del Consorcio, José Antonio Fernández de Pinto, «rogándole que se agilizara el pago». LAS PROVINCIAS ha tenido acceso al contenido de la misiva firmada por la vicepresidenta primera de la Generalitat, Susana Camarero. En el documento, Camarero tilda el problema como «prioritario» e insiste en la importancia y el «carácter elemental» que tienen los ascensores para los colectivos vulnerables.
«Por ello, le solicitamos que se dé prioridad a estos casos y se agilice el pago de las indemnizaciones por daños materiales, permitiendo a las comunidades de propietarios restablecer el funcionamiento de los ascensores cuanto antes», prosigue la vicepresidenta que confía en el compromiso de Fernández de Pinto así como en que el responsable del ente asegurador «atenderá personalmente esta solicitud, garantizando una respuesta urgente y efectiva a los expedientes».
La carta cuenta con un listado adjunto en el que se aportan datos de los municipios donde se concentran la mayor parte de estos afectados. Paiporta, Massanassa, Catarroja y Aldaia son las poblaciones donde este problema está más extendido según el censo elaborado con las aportaciones del CERMI, los administradores de fincas, Cruz Roja y los servicios sociales municipales.
Además, Servicios Sociales recuerda que se ha ingresado a personas en residencias de mayores y que se han puesto a disposición de los damnificados orugas para poder desplazarse por las escaleras. El área dirigida por Camarero advierte en su radiografía que la mayoría de afectados por la inoperancia de los ascensores son personas mayores de 70 años.
El vicepresidente ha explicado que los ascensores son dominio privado de la comunidad de vecinos, es decir, la cuantía de indemnización se percibe en función del seguro que tengan contratado los residentes. «El verdadero problema es la derrama», ha comentado Gan Pampols sobre el coste que supone para los vecinos afectados afrontar presupuestos de 60.000 euros para reparar sus elevadores y que, en algunos casos, el importe se dispara hasta los 80.000 por la complejidad de las cavidades o las alturas de la finca. Además, hay veces en las que las empresas especializadas piden una señal del 10% del gasto total de la rehabilitación para poder contratar sus servicios.
El encargado de pilotar la Recuperación y el secretario autonómico han indagado en los motivos que ralentizan el arreglo de los dispositivos de elevación. Aguado ha comentado que los problemas para que las empresas reparadoras adquieran los componentes de repuesto «superan las capacidades de la conselleria», pero ha puesto en valor el plan activado por la Conselleria de Educación para habilitar que haya más técnicos aptos para desempeñar los trabajos de reconstrucción.
El vicepresidente ha apelado a la existencia de problemas de oferta y demanda dado que mientras la oferta de piezas se mantiene, la demanda de estas sigue al alza dejando como resultado que el precio de los materiales sube. Este factor se une a que muchas de las compañías especializadas emplazan a junio el inicio de los trabajos.
A ritmo de unas 65 reparaciones diarias, el vicepresidente ha hecho cálculos con los que «con un poco de suerte y con piezas de repuesto se llegará a final de año con ese problema resuelto».
En cuanto a la limpieza de garajes, Aguado ha confiado en que durante el primer semestre del año el Instituto Valenciano de la Edificación haya podido inspeccionar y determinar la estabilidad de los inmuebles.
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