El reparto de plazas de profesores sin oposiciones suma ya 28 recursos judiciales

De momento la estabilización de estos profesionales, que no han tenido que superar los exámenes de una oposición como venía siendo habitual, ha derivado en casi una treintena de recursos -exactamente 28-, según se desprende de las diferentes resoluciones que publica el DOGV informando de los casos que llegan a la sala de lo contencioso administrativo del TSJCV. Se trata de una judicialización excepcional para cualquier medida del ámbito educativo, si bien es cierto que se trata de una vía extraordinaria que no se repetirá. En los últimos años sólo se le ha acercado el recorte de conciertos que impulsó el Botánico.

Las comunidades, en casi todos los ámbitos, han tenido que impulsar concursos similares por la ley estatal de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, que perseguía corregir la elevada provisionalidad y el abuso de esta figura, que creció exponencialmente con las políticas de recortes de la anterior crisis. Se buscaba evitar que los interinos se utilizaran para cubrir plazas estructurales, las que son necesarias a lo largo del tiempo y no responden a situaciones puntuales.

La mayoría de los recursos van contra la convocatoria en sí: hay aspirantes que consideran que el baremo aplicado no es correcto (debía ser igual en todas las comunidades autónomas) o que no se han incluido todas las plazas que correspondían. También han dado el paso funcionarios de carrera y opositores que ven lesionados sus intereses al no respetarse el principio de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública -una de las demandas es de la organización del Turno Libre-, así como profesores con discapacidad por no haberse reservado un cupo de plazas específicas -entre los recursos se incluye el protagonizado por la asociación Diversidad Funcional Docente-.

Los últimos (ocho) van contra las listas de admitidos a participar en el proceso -que ya está finalizado, pero los anuncios del DOGV siempre se publican con demora- y la previsión es que en las próximas semanas, cuando se cumpla el plazo para responder a los recursos de alzada (que agotan la vía administrativa) lleguen más demandas: las de aspirantes que consideran que no se les ha baremado correctamente. Esto es, que no se les han dado todos los puntos a los que tienen derecho. Cabe recordar que la ordenación de los elegidos se basa en contabilizar la puntuación por experiencia, por formación académica y por otros méritos.

Es el caso de V. E. G., maestro que ha reclamado porque no le han contado bien los puntos por servicios prestados al faltarle casi tres años. Si la respuesta de Educación es negativa, irá al TSJCV. «El error ha supuesto quedarme fuera de la estabilización», explica. A su juicio, la administración debe agilizar al máximo las respuestas a las reclamaciones y sobre todo determinar qué sucederá en caso de ser estimadas. O si los tribunales dan la razón a los afectados. «¿Entrará uno por otro? ¿Se creará una plaza nueva? ¿Y desde cuándo contará el nombramiento?», se pregunta. Sin olvidar el efecto que tendría la estimación de las impugnaciones previas, contra todo el procedimiento, entre los ya elegidos.