La residencia investigada por la Fiscalía defiende a su plantilla

La directora asistencial de Domus Vi, la doctora Fini Pérez, salió ayer en defensa de «la mayoría de los trabajadores» de los geriátricos de ese grupo empresarial, en especial de los de la residencia de Llíria, investigada por la fiscalía por presunto maltrato a residentes. «Pongo la mano en el fuego por la mayoría de nuestro personal», afirmó.

«La mayoría de los empleados hacen su trabajo de forma responsable y excelente, no el 100%. Pero todos lo hacen lo mejor que pueden. La sociedad debería ver cómo se trabaja en los centros», aseguró. «No creo que nadie venga aquí a trabajar con el fin de hacer daño», afirmó.

«Estaremos a disposición de todo lo que se nos pida por parte de las autoridades y daremos cuenta de lo que sea necesario. En este momento, en el que está un procedimiento judicial abierto hay que dejar que la investigación siga su curso», dijo Pérez.

La responsable de asistencia indicó que las imágenes de presunto maltrato «son impactantes y debemos mirar internamente si hay que corregir algo», defendió en referencia a si la empleada que grabó las imágenes actuó por venganza.

Domus Vi también gestiona la residencia de Alcoy en la que al principio de la pandemia fallecieron al menos 73 personas a causa del coronavirus. La doctora Pérez aseguró que se trabajó «al 200 %», que hubo colaboración con la Administración pero reconoce que «no teníamos ni idea de cómo funcionar». Desveló que una vez pasado el brote se efectuó «una investigación». Realizaron «un cronograma de lo sucedido» . Respecto a la denuncia que plantean presentar la Asociación de Familiares de la Residencia Domus Vi de Alcoy y Cocentaina, Fino Pérez declaro que «por Alcoy estamos muy tranquilos» porque «se ha trabajado y se sigue trabajando muy bien».

Además, la directiva afirmó que no le consta que su empresa haya iniciado conversaciones con la Conselleria de Igualdad para revertir la concesión.

Por su parte, la consellera de Igualdad, Mónica Oltra, recordó que a Domus Vi en Llíria se le impuso «la sanción más alta jamás puesta por esta Conselleria», 174.000 euros tras cuatro inspecciones en 2019.

Pérez destacó que un 90% de las residencias que gestionan están libres de Covid, que en un 6% tiene entre dos y cuatro casos, y que en 12 residencias infectadas no ha habido fallecimientos .