![Oltra acusa a la residencia de Torrent de no frenar el contagio del virus](https://s3.ppllstatics.com/lasprovincias/www/multimedia/202009/04/media/cortadas/residencia-torrent-kMgB-U12096807039G3G-1248x770@Las%20Provincias.jpg)
![Oltra acusa a la residencia de Torrent de no frenar el contagio del virus](https://s3.ppllstatics.com/lasprovincias/www/multimedia/202009/04/media/cortadas/residencia-torrent-kMgB-U12096807039G3G-1248x770@Las%20Provincias.jpg)
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F. RICÓS
Valencia
Viernes, 4 de septiembre 2020, 14:20
La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, señaló directamente a la residencia de ancianos Lope de Rueda de Torrent de ser la causante del contagio de 44 de sus residentes por no haber reservado un 10 % del total de sus plazas para los inquilinos que se contagien de coronavirus, un hecho que ha negado el presidente de la patronal de los geriátricos valencianos, José María Toro.
Oltra, durante su comparecencia tras la celebración del pleno del Consell, aseguró que la residencia de Torrent «no cumplió la medida de reservar un 10 % de sus plazas para el aislamiento de contagiados».
La número dos del Consell y líder de facto de Compromís afirmó que su conselleria ha abierto un expediente informativo al centro Lope de Rueda porque de acuerdo con los informes elaborados por los técnicos sanitarios, no se cumplía con la reserva de plazas para los infectados.
Este hecho «ha podido ser determinante». Con estas palabras la vicepresidenta achacaba directamente a la empresa la responsabilidad de extender el contagio entre los residentes.
La también consellera de Igualdad, que tiene las competencias de las residencias de mayores, indicó que ese 10 % de reserva de plazas «está pensado para aislar a los residentes que den positivo y cuya situación médica no haga necesario un traslado al hospital», indicó.
«En cuanto se resuelva el expediente sabremos más sobre lo que ha podido suceder», añadió la número dos del Gobierno valenciano.
Por su parte, José María Toro, presidente de la patronal de las residencias valencianas de personas mayores, Aerte, negó la acusación directa de Oltra. «Eso no es verdad», sostuvo.
Toro afirmó que la normativa de la conselleria de Igualdad en cuanto al aislamiento de residentes contagiados habla de «la posibilidad de aislar un 10 % de personas residentes en habitaciones con baño propio». Y recordó que es misma normativa oficial también indica que «de forma alternativa y justificada podrán disponer de un espacio adaptado dentro del centro residencial para tal efecto que garantice el aislamiento de al menos el 10 % de las personas residentes, que en todo caso deberá tener acceso a baños de uso exclusivo de las personas residentes de la zona aislada».
Toro considera que no hay que reservar el 10% de las plazas sin ocupar «sino que hay que elaborar un plan para poder aislar ese porcentaje, reubicando a los usuarios en caso necesario o aprovechando espacios comunes adaptados». E incide en que sería imposible reservar plazas cuando la ocupación de los centros es casi plena.
Durante su comparecencia, Oltra también habló del aumento de los contagios y de fallecimientos dentro de las residencias de ancianos durante los pasados meses de julio y agosto. «El virus entra en una residencia de personas mayores siempre desde fuera, bien por los trabajadores, bien por las visitas o por las salidas», dijo.
No obstante, la vicepresidenta acotó el alcance de sus palabras. «Lo más habitual es que sea por los trabajadores, porque las visitas son sin contacto, al aire libre o con mamparas, y las salidas, aunque también son un factor de riesgo, se impide que se hagan en solitario, siempre con profesionales del centro o familiares que firman una declaración responsable», puntualizó.
No obstante, la vicepresidenta quiso suavizar su acusación y pidió empatía hacia los profesionales. «En una residencia con grandes dependientes hay mucho contacto físico. Por mucho que se utilicen los equipos de protección, puede pasar».
La aprobación del decreto ley de sanciones a las residencias de mayores, aprobado ayer en Les Corts, ha enfadado al sector, hasta el punto que la patronal Aerte ha cargado contra el obierno valenciano y las fuerzas políticas que lo sostienen: PSPV, Compromís y Unidas Podemos. La patronal considera que este régimen sancionador especial «no va a incrementar el nivel de atención y protección de las personas mayores que viven en centros residenciales y vuelve a criminalizar al sector».
Aerte considera la medida «innecesaria» pues eindicaron que en la defensa de la propuesta la vicepresidenta Mónica Oltra dijo que «este reglamento no se debía a incumplimientos detectados en servicios sociales, y que hubiera bastado un régimen sancionador general» como el de 2019.
La normativa «denota un desconocimiento importante de la realidad de las residencias» y que se puede sancionar «la negativa a la realización de las pruebas diagnósticas de detección del Covid-19 cuando corresponda por prescripción sanitaria, recogido en el artículo 6.6 sobre infracciones graves, cuando las pruebas diagnósticas debe hacerlas la conselleria de Sanidad».
«¿Quién asumiría el riesgo de mantener trabajando a una persona positiva o con síntomas con las consecuencias para las personas residentes, los compañeros de trabajo y la entidad que gestiona el centro?», se pregunta el presidente de Aerte, José María Toro. «Las residencias necesitan más apoyo y menos sanciones», dice Toro.
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