La red de residencias no crece en diez años y deja a 3.000 mayores sin plaza

Los resultados cosechados por el último concurso impulsado por la Generalitat para concertar plazas en residencias privadas, y en el que se ha quedado desierta cerca del 25% de la oferta, ha vuelto a poner de manifiesto la escasez de recursos que viene arrastrando la Comunitat. De hecho, durante, al menos, la última década, apenas ha aumentado la cantidad de infraestructuras en la región, lo que ha provocado que la lista de espera de usuarios alcance ya a unos 3.000 solicitantes.

En concreto, la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas impulsó un concurso con el que pretendía contratar 1.550 nuevas plazas en residencias privadas a las que poder derivar a los solicitantes de estos recursos, puesto que las infraestructuras públicas son incapaces de acoger el volumen de demanda. Sin embargo, la respuesta de las compañías no ha cumplido las expectativas del departamento de Mónica Oltra y varios lotes en los que se dividía el concurso han quedado sin una sola oferta, lo que se traduce en unas 400 plazas menos de lo previsto inicialmente. Y todo ello, en un contexto de progresivo envejecimiento de la población no correspondido con un aumento similar en el número de recursos.

Por tanto, la cifra de plazas residenciales apenas ha variado en la última década; diez años en los que la Comunitat ha pasado de tener 354 centros con 26.516 plazas -según recoge el informe 'Instrumentos de financiación y gestión en residencias de personas mayores' elaborado por el departamento de Economía Aplicada de la Universitat de València- a contar con 334 residencias, veinte menos, y 27.429 plazas, apenas 913 más. Así las cosas, mientras que el número de mayores de 80 años ha crecido un 34% en estos últimos diez años, la de plazas residenciales sólo se ha incrementado un 3,4% y prácticamente gracias a las iniciativas privadas.

Además, el último informe sobre envejecimiento en red elaborado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) establece una radiografía nacional de la situación que no deja en muy buen lugar a la Comunitat. Según el estudio, la región presenta un ratio de plazas residenciales por cada 100 mayores de 65 años de 2,8. Sólo Ceuta, Murcia y Canarias presenta unas tasas inferiores. Por tanto, la Comunitat no sólo está lejos de la media española, situada en 4,1 plazas por cada 100 potenciales usuarios. Autonomías como Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León o Aragón duplican, y hasta llegan a triplicar en algunos casos, la oferta valenciana, siempre en comparación con la población de cada región.

Esta carencia de plazas se hace casi más patente en el ámbito público, puesto que, salvo Cantabria, la Comunitat es la autonomía con un porcentaje inferior de recursos de titularidad de la Administración. Así, según el informe del CSIC, apenas el 19,9% de las residencias de la región son de titularidad pública, frente al 27,2% de la media nacional o, por ejemplo, al 55% de Extremadura o al 52% de Canarias.

Este histórico déficit se ha visto agravado en los últimos diez años y, según fuentes de la Asociación Empresarial de Residencias de la Tercera Edad y de Servicios a Personas Dependientes de la Comunitat (Aerte), son varios los motivos por lo que el sector privado no ha apostado por incrementar los recursos en la Comunitat. Por un lado, el conflicto jurídico que se ha venido arrastrando desde 2016 el conocido modelo Cotino, «que no daba seguridad jurídica sobre la situación de concertación en la Comunitat», la crisis económica, «los mensajes del Gobierno del Botánico sobre la preferencia por las entidades públicas o sin ánimo de lucro», «la desprofesionalización de las prestaciones con la apuesta por los cuidados en el ámbito familiar», «la complejidad burocrática y los atrasos en la autorización de nuevos proyectos» y «los retrasos en los pagos de las facturas por este tipo de servicios».

Por tanto, el sector apunta, por un lado, a las dificultades económicas por las que ha atravesado no sólo la región, sino todo el país, durante la última crisis de este freno en la puesta en marcha de nuevas infraestructuras. Pero, por otro, apunta directamente a la gestión del tándem PSPV-Compromís, en la primera legislatura, y a la incorporación de Podemos en esta segunda como responsables de la situación, con unas políticas que han generado inseguridad a las empresas dispuestas a invertir en la Comunitat y una apuesta por los cuidados en el ámbito familiar -con la intención de que los beneficiarios estén en su entorno más cercano el mayor tiempo posible- frente a la atención profesional de las residencias.

La situación actual, por tanto, ha desembocado a que se den casos como el registrado en el último concurso, que ha vuelto a dejar patente las diferencias existentes entre la conselleria y el sector empresarial. Para el departamento de Oltra, la mayoría de las plazas vacantes se encuentran en los núcleos más poblados, «donde las empresas tienen asegurado el negocio y, por lo tanto, no les interesa presentarse a estos concursos». Frente a ello, fuentes de las empresas achacaron a los bajos precios ofertados por la conselleria, alrededor de un 30% menos que las tarifas de mercado, que el concurso no haya tenido una mayor aceptación, precisamente, en las grandes ciudades, donde los costes son mayores que el poblaciones rurales de interior.

Ante esta situación, desde Igualdad confirmaron que la conselleria ya está «estudiando fórmulas para atender la demanda de plazas públicas en estas zonas, bien a través del concierto social -que también implica concertar plazas en residencias, pero éstas gestionadas por entidades sin ánimo de lucro- o bien impulsando infraestructuras de carácter público»; decisión que requerirá una mayor inversión.

Además, las proyecciones de futuro no invitan al optimismo. Según cálculos de Aerte, y en relación de las previsiones que maneja el Instituto Nacional de Estadística de aumento de la población mayor, calculan que sería necesario casi duplicar la oferta actual o, al menos, generar unas 18.000 plazas más en la próxima década. En concreto, recuerdan que para alcanzar la tasa media española se tendrían que poner en marcha en la Comunitat casi 13.000 plazas nuevas, cifra que se eleva hasta las 19.000 si el objetivo fuese llegar al ratio recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Esto se traduce en la construcción de entre 150 y 200 nuevas residencias.