Las residencias critican el retraso de dos semanas para hacer PCR a su personal

valenciA. Con enfado e impotencia la patronal de las residencias de mayores de la Comunidad Valenciana reclama que la Generalitat haga cuanto antes las pruebas PCR a los empleados que regresan a sus puestos de trabajo tras las vacaciones y a las nuevas incorporaciones para evitar nuevos contagios a residentes.

Desde este colectivo lamentan la tardanza en la realización de estas pruebas para detectar el Covid-19 después que se anunciara hace dos semanas que las asumiría el gobierno valenciano. La patronal de las residencias exige a Sanidad haga ya las pruebas, ya que el acuerdo se adoptó en el último Consejo Interterritorial de Salud entre el Gobierno central y las comunidades autónomas el pasado 14 de agosto.

El presidente de la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes (AERTE), José María Toro, recuerda que en «hace ya dos semanas que se aprobó». Toro valora que Puig anunciara que «Sanidad se haría cargo de realizar el procedimiento y las pruebas de PCR, porque es un paso que no han dado todas las autonomías, pero necesitamos que se haga de forma inmediata». Indica que «si se toman decisiones en coordinación, luego se tienen que hacer rápidamente en cada autonomía».

El portavoz de las residencias afirma que «hay departamentos de salud que niegan pruebas porque dicen que debería ver riesgos laborales, cuando es una cuestión de salud pública para evitar el contagio de mayores».

Las críticas coinciden con una reunión ayer entre el Ministerio de Derechos Sociales y las comunidades autónomas para analizar la situación en la que han dejado a las residencias los brotes de coronavirus desatados y las dificultades a las que se enfrentan para evitarlos, así como para mecanismos de coordinación.

Desde el Ministerio se indicó que tanto el Gobierno como las comunidades autónomas han constatado la necesidad de impulsar con urgencia un «plan de choque». Por su parte, el secretario autonómico de Igualdad, Rubén Sancho, comentó que trasladaron a la reunión «la necesidad de que desde el Gobierno central se lidere una guía que haga frente al estrés crónico que sufren los trabajadores de recursos como los centros de día y que puede generarles un síndrome de agotamiento».

Autonomías como la gallega reclamó más financiación para «adaptar las residencias y demás servicios sociales a la nueva realidad», así como que se hagan públicos los datos totales del impacto de la pandemia en estos centros. La Comunidad de Madrid, por su parte, pidió contar con la patronal y los sindicatos de las residencias de ancianos en las reuniones. Según los últimos datos del Instituto de Salud Carlos III, el 22,1% de los pacientes con coronavirus de más de 79 años requiere hospitalización y la mortalidad en ese grupo se eleva al 5 %.

El sector de las residencias aclara que lo ideal «es que estuvieran presentes en estas reuniones porque hemos estado en la primera línea de la pandemia». A esta opinión se suma el presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia, Ignacio Fernández-Cid, quien destaca que «lo ideal» sería que el diálogo se produjera entre ellos, Sanidad y Servicios Sociales, pero no hay comunicación.

La patronal valenciana recuerda que «el 15 de junio planteamos medidas como hacer ya los PCR; derivar a hospitales sin duda alguna a la gente afectada; y buscar centros intermedios para tener en un mismo espacio a las personas mayores con coronavirus de varias residencias que no estuvieran en estado grave». Añade que estos centros intermedios «evitarían tener que pasar por el confinamiento de los residentes en sus habitaciones porque ha tenido un impacto negativo».

Por eso, José María Toro afirma que el sector lleva tiempo proponiendo medidas «y desde mediados de junio ya se podrían haber aplicado. La reunión del ministerio llega tarde. Las comunidades han ido resolviendo cosas a nivel autonómico». La vicesecretaria del PP en la Comunitat, Elena Bastidas, reclama a la consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, que «se ponga al frente de las residencias para prevenir lo que ya están siendo rebrotes en 33 centros y tome medidas consensuadas». Bastidas afirma que la gestión de Oltra «es continuamente enmendada por el gobierno de España ante su incapacidad para sentarse con el sector».