Las residencias reclaman enfermeros del extranjero ante la falta de plantilla

Las residencias de ancianos están encontrando problemas para mantener o contratar a enfermeros ante la falta de profesionales en la Comunitat, por lo que reclaman a la Administración, tanto autonómica como central, que actúe, por ejemplo, propiciando la llegada de profesionales extranjeros o ampliando la oferta educativa.

Como recogió LAS PROVINCIAS el pasado viernes, las ofertas veraniegas para cubrir sustituciones en la sanidad pública está afectando a la presencia de estos profesionales en los centros de mayores, situación que los sindicatos achacan a las poco atractivas condiciones laborales de este ámbito sociosanitario.

Al respecto, el presidente de la Asociación Empresarial de Residencias de la Tercera Edad y de Servicios a Personas Dependientes de la Comunitat (Aerte), José María Toro, amplió la falta de estos profesionales no sólo al ámbito residencial o autonómico. «Esta situación se está produciendo en hospitales, que están teniendo que cerrar camas en estos meses, centros de salud, con las carencias en pediatría, e incluso en el Instituto Valenciano de Atención Socio-Sanitaria y, también, en otras comunidades autónomas», explicó. En su opinión, tal es la situación que se está produciendo una «competencia» entre sectores y comunidades autónomas para disponer de profesionales -de ahí que algunos abandonen las residencias atraídos por los contratos de sustituciones veraniegas del personal sanitario-. «El problema de fondo es que no hay suficiente personal sanitario y que la Administración debería actuar para que se aumente el número de profesionales a través de una mejora de la oferta educativa o de la posibilidad de que profesionales de otros países puedan venir a España a trabajar», apuntó este portavoz del sector. Toro también cree que «el incremento de población que atender, por el envejecimiento de la sociedad, y la falta de planificación nos han llevado a esta situación».

Sindicatos como CCOO o Satse coinciden en señalar como causantes de la situación a las no demasiado boyantes retribuciones y a las condiciones laborales existentes en este ámbito. El presidente de Aerte, ante ello, opina que «afirmar que esto es un problema exclusivamente salarial, en el marco de la negociación del convenio colectivo que se está llevando a cabo, parece un análisis superficial y poco riguroso».

En esta línea, el secretario general del Consejo de Enfermería de la Comunitat (Cecova), Juan José Tirado, destacó que las residencias de ancianos -en un porcentaje muy alto son de titularidad y gestión privada- tienen «un problema de fidelización de profesionales». «Presentan como handicap que el trabajo desempeñado no puntúa para la bolsa o el desempeño, algo que es impensable, puesto que son funciones y tareas propias de enfermero», resumió Tirado. Por tanto, un cambio en la normativa que contemple estos puntos «ayudaría» a que las residencia puedan conservar o incorporar a estos profesionales. «La eventualidad se da, en gran parte, por las cuestiones de la puntuación», agregó este portavoz.

Por su parte, desde la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas informaron que el pasado año se interpusieron cinco sanciones por incumplimientos de ratios en residencias y centros de mayores, es decir, que las instalaciones contaban con menos personal (normalmente enfermeros o auxiliares) del que se requiere en función del número de usuarios. Durante toda la pasada legislatura el número de sanciones alcanzó las 17. En esta línea, desde el departamento concretaron que, el pasado año, se llevaron a cabo 213 inspecciones en residencias de mayores y explicaron que «un incumplimiento de ratio implica un informe de inspección desfavorable», que suele derivar en una sanción. En esta línea, destacaron que estas visitan van a más -por ejemplo, en 2015 se llevaron a cabo 152- y para ello se ha tenido que aumentar el número de inspectores -se pasó de ocho a veinte en la pasada legislatura-, mientras que se incorporarán 14 más a lo largo de este año.

Por último, el portavoz de Aerte quiso añadir que este sector tiene un enfoque más social que sanitario, por lo que «las personas se ven atendidas por un equipo multidisciplinar que garantiza la atención que se presta a las personas en situación de dependencia». Además, agregó, «el ciudadano en última instancia puede ser atendido por la Conselleria de Sanidad, ya que tienen el derecho reconocido por la normativa que regula el sistema público valenciano».