Las residencias temen que el futuro decreto del Consell provoque el despido de 3.050 trabajadores de 162 centros

El borrador del decreto que el Consell quiere aprobar para regular la tipología y el funcionamiento de los centros y servicios sociales en la Comunitat no convence ni de lejos a las residencias de mayores, puesto que calculan que la futura normativa afectará directamente a 162 centros y provocará el despido de 3.050 trabajadores. Así se ha hecho público este miércoles en el marco de la celebración de la asamblea general de la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (Aerte), donde se han proporcionado los detalles del informe encargado por la entidad para analizar el proyecto de la Generalitat.

En concreto, el estudio recoge que estas instalaciones tendrán como mínimo 40 plazas y como máximo 100; por lo que se verían afectados 105 centros (el 32% del parque de residencias) que superan en la actualidad ese centenar de plazas. Así, la aplicación del decreto, según interpretan desde el sector, supondría reducir la capacidad de estas instalaciones en 4.692 plazas (casi el 17% de la oferta actual) y conllevaría el despido de unos 2.300 trabajadores. Además, la Comunitat cuenta en estos momentos con otros 57 centros que no alcanzan esas 40 plazas mínimas, por lo que se verían abocados al cierre (con la pérdida de sus 1.533 plazas) y a prescindir de sus 750 trabajadoras. De esta forma, calculan que la nueva normativa, si se aplica tal y como está definida en la actualidad, provocará la pérdida de 6.225 plazas y 3.050 puestos de trabajo en 162 residencias de ancianos.

La apertura de la asamblea ha contado con la participación del secretario autonómico de Planificación y Organización del Sistema, Xavier Uceda, quien ha matizado que este nuevo decreto está todavía en fase de tramitación, y que asume la demanda que ha surgido durante los últimos años que marcaba la necesidad de adaptar las plantillas con el objetivo de «dar atención a los perfiles de las nuevas personas usuarias, que tienen un mayor grado de dependencia». «El decreto mejora las ratios blindando y aumentando la calidad en la atención, de manera que la ratio de atención directa en una residencia de 100 plazas para personas mayores pasa de 27 profesionales a 59 para los centros acreditados, lo que supone más que duplicar la atención a las personas que viven en estos centros». La futura norma, ha indicado, también contempla duplicar el número de auxiliares de enfermería por cada 100 plazas, así como incrementar los perfiles dirigidos al fomento de la autonomía personal, como son los terapeutas ocupacionales.

Precisamente estos nuevos ratios de trabajadores en relación a la cifra de usuarios es el punto «más conflictivo» del borrador, como señala el informe encargado por Aerte. «La Generalitat apuesta por un modelo diferente de atención en función de quién paga la plaza, exigiendo más personal cuando quien paga la plaza es la administración en vez de fijar los criterios en función de las necesidades. Este tipo de planteamientos generan desigualdades entre las personas dependientes», sentencia. Sobre ello, detalla que mientras los centros autorizados (privados sin ningún tipo de ayudas de la Administración) tendrán que cumplir un ratio general de 0,69 trabajadores por plaza, en los acreditados (que trabajan con financiación pública) se eleva hasta el 0,85. Esto supone que en centros de 100 plazas, el coste al día por usuario asciende en los primeros a 82 euros y en los segundos a 94. En el caso de una residencia de 40 plazas, las cifras se elevan hasta una horquilla de entre 102 y 122 euros. Este incremento de costes sería difícil que no se trasladara al precio que abonan los usuarios y/o las administraciones. Además, se da la paradoja, como apunta el informe, de que los centros, servicios y programas de titularidad autonómica no tienen por qué estar acreditados, de ahí que las residencias propiedad del Consell y de gestión pública presentarían unos ratios de personal inferiores a aquellas de gestión privada que reciban financiación pública.

Además, y como otros puntos negativos, el informe agrega que «en ningún momento del decreto ni de los anexos queda claro que la persona dependiente y su familia tendrán derecho a elegir el centro en el que quieren vivir». Tampoco «se plantean requerimientos diferenciados en función de los grados y niveles de dependencia, tratándose de manera homogénea a todo el colectivo, entendiéndose que las necesidades y los servicios a prestar serán iguales tanto para personas dependientes válidas como para aquellas con un grado III de dependencia o las aquejas por graves trastornos de conducta». Critica también que el borrador del decreto da a entender que será la Generalitat «la que diga dónde y quién puede promover centros de titularidad e inversión privada», puesto que como recoge el artículo 76 del borrador del decreto, al hablar de la implantación territorial de los centros, se dice que «se llevará a cabo de acuerdo a las normas de zonificación y mapificación adoptadas por la conselleria competente en servicios sociales, conforme a lo dispuesto en el Decreto Mapa».

Las principales conclusiones del informe encargado por Aerte se han presentado en una mesa redonda en la que han participado Aitor Pérez, socio de Gerokon (consultora especializada en el sector gerontológico) y responsable del informe; Esteban Burillo, presidente de la Asociación Profesional de Instituciones de Menores de la Comunidad Valenciana (Apime); y Francisco Bellver, vicepresidente de la Sociedad de Psiquiatría de la Comunidad Valenciana.

Pérez ha recordado que la Comunitat está «a la cola de todo el estado» en ratio de camas en residencias, mientras que «marcos como este (en referencia al futuro decreto) no es atractivo para los inversores, por la inseguridad jurídica que genera». Además, ha lamentado que carece de memoria económica. «Es inviable, no va a haber inversión para la construcción de nuevas infraestructuras», agrega, para destacar también que decretos que se podrían asemejar aprobados en otras comunidades autónomas «se han anulado porque son inaplicables»

En su intervención, Burillo ha resaltado que «van a subir los costes de gestión y se generarán dos velocidades, con centros de un tipo y de otro. Es tan grande el absurdo que es difícil pensar que vaya a llegar a buen puerto». Por último, Bellver ha lamentado que, en la actualidad, la falta de plazas ya empuja a parte de los usuarios a buscar recursos fuera de la Comunitat, de ahí que la pérdida de oferta o el incremento de precios abundaría en esta problemática.

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