Listas de espera, Albufera, Cercanías y barracones, retos del Consell en 2020

Vencer la violencia machista. Superado el terror de ETA, otra violencia se ha impuesto y gana terreno en nuestros días: la que tiene a la mujer como víctima. Crecen las denuncias y se disparan los crímenes en la región, con generaciones de jóvenes posesivos y celosos, sin la adecuada educación, empatía, moral y respeto a la libertad de la mujer.

7 mujeres han muerto este año asesinadas por sus compañeros sentimentales. Pero hay otros dos casos con mujeres víctimas de presuntos homicidios por parte de hombres: Marta Calvo y la joven Elena Raducanu, degollada en Xàtiva.

Mejoras para policías y guardias Un año más, la sede de Zapadores sigue cayéndose a pedazos y guardias civiles valencianos trabajan en cuarteles muy deficientes para sus necesidades.

500 es el número de agentes que, según lo convenido con el Gobierno, debería tener la Policía de la Generalitat. No se cumple. El número de agentes del cuerpo autonómico asciende hoy a 386, muy por debajo de lo acordado. No se cubren bajas ni jubilaciones.

La nueva cárcel, aún sin plazos La inicialmente prevista como nueva cárcel de Siete Aguas no avanza. Las obras se iniciaron para crear un millar de nuevas celdas que descongestionen el centro de Picassent. Pero se frenaron por la falta de presupuestos. A finales del año pasado Instituciones Penitenciarias tenía otro plan: terminar el proyecto reconvirtiendo la edificación en un gran centro psiquiátrico penitenciario.

La reforma de la sede del TSJ Presentado el proyecto de reforma de la sede del histórica del TSJ, el nuevo año será clave para activar todo el proceso de licitación de las obras, ya que deberían comenzar a mediados de 2021 al estar aún pendientes las catas arqueológicas y estructurales en el Palacio de Justicia (previstas para realizar entre marzo y junio). El anterior proceso de licitación fue recurrido al encargarse a la empresa pública Tragsa, que finalmente sólo ha hecho la redacción del proyecto.

Luz verde a las oposiciones Sanidad y Educación son dos de las consellerias que abordarán oposiciones masivas en 2020, pero también la Generalitat, que tiene previsto convocar las OPE de 2018 y 2019. En el horizonte, la jubilación durante esta legislatura de más de 2.100 funcionarios o que el 60% de la plantilla tiene más de 50 años.

Avanzar las obras en hospitales La reforma del Hospital Clínico y la antigua Fe de Campanar, ambas programadas, debe centrar buena parte del esfuerzo inversor en infraestructuras, pero sin olvidar la necesidad de reacondicionar buena parte de los centros de salud, sobre todo los más antiguos, y mejorar la disposición de Urgencias de la mayor parte de los hospitales.

Atajar las esperas en Urgencias La presión asistencial en las Urgencias hospitalarias no para de aumentar y cada año más pacientes pasan por los servicios, por lo que el tiempo medio de espera supera ampliamente las tres horas. Los sanitarios reclaman más personal y una mejor organización para agilizar el paso de pacientes a planta.

205 minutos pasan, de media, los usuarios en Urgencias.

Ampliar las plantillas en Primaria El déficit de médicos de familia y, sobre todo, de pediatras en Atención Primaria lastra la atención en los centros de salud, de ahí de la necesidad de incrementar las plantillas. De los 307 refuerzos prometidos hace un año apenas se han incorporado a su puesto de trabajo la mitad, mientras que los facultativos reclaman más tiempo para poder atender a los usuarios.

307 refuerzos prometió Sanidad hace un año y apenas se han incorporado la mitad.

La reversión de las resonancias El 1 de noviembre de 2018, hace ya más de un año, expiró el contrato que la Conselleria de Sanidad había suscrito con la Unión Temporal de Empresas (UTE) Erescanner Salud para la realización de las resonancias magnéticas en la mayor parte de los hospitales públicos valencianos. Desde entonces, sigue pendiente que el Gobierno autonómico asuma la gestión y active los nuevos contratos suscritos para complementar la actividad y reducir las esperas. Por ahora, la UTE sigue prestando el servicio y lo hará, al menos, durante buena parte del primer trimestre del año que ahora empieza. Sanidad, mientras tanto, tiene que definir la fórmula que empleará para subrogar a los especialistas que se encargan, en la actualidad, del servicio y compaginarlo con la instalación de los nuevos dispositivos donados por la Fundación Amancio Ortega.

Frenar la demora quirúrgica Es el gran problema de la sanidad pública valenciana. Las listas de espera para pasar por quirófano preocupa, y mucho, tanto a los pacientes como a los profesionales y a la propia Administración autonómica, que ha activado para este año, una vez más, un nuevo plan de choque con más inversión para derivar pacientes a clínicas privadas y para incentivar al personal sanitario a que realice intervenciones fuera de su jornada habitual de trabajo, normalmente por las tardes.

133 días, de media, esperan los pacientes valencianos para pasar por quirófano, doce días más que hace un año.

Reducir las esperas en dependencia La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas ha conseguido ya que 88.367 dependientes disfruten de alguna de las ayudas previstas en la normativa estatal, más del doble de los usuarios registrados en 2015. Sin embargo, y pese a ello, la bolsa de solicitantes sin prestación sigue rozando los 30.000 usuarios, lo que supone casi 10.000 más de los contabilizados a mediados de 2018. El aluvión de nuevas solicitudes y los cambios en el proceso que se han puesto en marcha, delegando en los servicios sociales municipales las valoraciones, ha lastrado la reducción de las demoras en la tramitación.

536 días, de media, esperan los dependientes para recibir las ayudas.

Gestión de los centros de menores Uno de los quebraderos de cabeza del departamento de Mónica Oltra son los centros de menores. Al aluvión de 'menas' (menores no acompañados) registrado en el último año se suma el rechazo que la implantación de estas residencias ha generado en algunos municipios como Llíria, Paterna o l'Eliana y los procesos judiciales abiertos por presuntos malos tratos -en el caso del centro de Segorbe, que finalmente se archivó- o por casos de presuntos abusos sexuales -como el del exmarido de Oltra en su etapa como educador en uno de las residencias-. Evitar las demoras en los pagos a los centros de día debería ser también otro de los objetivos.

Extender la renta de inclusión A finales de 2016, la consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, presentaba su proyecto estrella: la renta valenciana de inclusión, una ayuda monetaria destinada a personas con muy pocos recursos y que iba a ampliar el espectro de beneficiarios de su predecesora, la renta garantizada de ciudadanía, puesto que reducía los requisitos y ampliaba los perfiles para poder optar a ella. La idea era pasar de los 44.500 de aquel momento a unos 230.000 en 2020. Sin embargo, en la actualidad son 36.147 los beneficiarios de estas ayudas.

Ampliar plazas en residencias El déficit de plazas en las residencias para mayores y dependientes es otro de los problemas a los que se enfrenta la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que dirige Mónica Oltra. De hecho acaba de contratar 1.550 plazas. De ellas, 626 ya estaban concertadas, pero los contratos vencieron y se han sacado de nuevo a concurso. Las 874 restantes son nuevas. Sin embargo, el sector cree que resulta insuficiente e instan al departamento a facilitar la construcción de más residencias.

Mejorar la atención al autismo Las familias de niños con Trastorno del Espectro Autista celebran protestas prácticamente de forma semanal a las puertas del Palau de la Generalitat -convocadas por la plataforma Defensa TEA- para reclamar que se derogue el actual modelo de atención impulsado por el Consell que reduce la atención que perciben estos niños, tanto en los centros de Atención Temprana. Con el paso a la gestión de Igualdad, estos pequeños también han dejado de ser atendidos por neuropediatras y su diagnóstico pasa a las unidades de salud mental. El Consell prometió mejorar su situación.

Los frentes judiciales por resolver Durante el próximo año seguirán conociéndose sentencias derivadas de recursos presentados contra las políticas educativas, especialmente en relación a la reducción de aulas concertadas. Al menos hay 26 ante el TSJCV, y no se pueden olvidar los casos que Educación llevó al Supremo tras sufrir el primer varapalo judicial. Sus consecuencias pueden condicionar la acción de la conselleria, que debería trabajar al máximo para evitar la judicialización que ha marcado la anterior legislatura. Negociar no sólo es escuchar, sino consensuar.

Una ley valenciana pendiente Se trata del principal proyecto legislativo que quiere sacar adelante el Consell. La previsión es que llegue a Les Corts durante 2020. El articulado final debe fijar las bases de un modelo educativo que, al menos, dé estabilidad en aspectos comunes, como avanzar en la reducción del abandono escolar.

El avance del modelo lingüístico La Ley de Plurilingüismo completa su aplicación en el curso 2020-2021, al implantarse en todos los niveles de la ESO, FP y Bachillerato. La contestación en las zonas castellanohablantes, donde habrá más asignaturas en valenciano para un alumnado poco familiarizado con la lengua, ya es palpable. Educación ha anunciado que aceptará una adaptación progresiva.

Agilidad contra los barracones Durante 2019, tanto el Consell como los Ayuntamientos sólo han sacado a concurso las obras para eliminar un colegio íntegramente en barracones. Más allá de las sucesivas promesas incumplidas en la materia, todo parece encarrillado para que en 2020 el impulso sea definitivo para adjudicar los ocho que quedan actualmente.

Un gesto claro para la universidad La Conselleria de Universidades no ha comenzado con buen pie su andadura en solitario, con las críticas de los rectores a los presupuestos y el rechazo a firmar el convenio colectivo del personal laboral tras los cambios introducidos al preacuerdo firmado en abril, cuando aún era una competencia de Marzà. A la reticencias de los máximos representantes se suma el enfado monumental del personal afectado, al que se le prometieron unas mejoras salariales y laborales que no llegan. La racionalización de la oferta de titulaciones (incluyendo la patata caliente de Medicina en Alicante) y el nuevo plan de financiación plurianual son otras medidas que deberían concretarse en 2020.

Impulso al tren de la costa Reclamado desde hace décadas, el tren de la costa sigue dilatando sus plazos y el único avance en el año que termina ha sido la adjudicación de la redacción del proyecto de duplicación del tramo Cullera-Gandia, que se prolongará durante 18 meses. Poco más, pues el Ministerio de Fomento decidía a finales de noviembre abrir un nuevo periodo de exposición pública del estudio informativo que ya se publicó en 2016 (y que se remitía al Ministerio de Transición Ecológica un año después) y, además, dividía la petición de Declaración de Impacto Ambiental (DIA) en dos expedientes. Esas alegaciones deberán resolverse en 2020 para que continúe la tramitación de la conexión ferroviaria entre Valencia y Alicante por la costa.

Inversiones para el Plan de Cercanías «Mucho por hacer y mejorar». La frase, pronunciada por el ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, a mediados de este año sobre la situación de la red de Cercanías de la Comunitat sigue estando vigente. Porque el ambicioso plan de mejoras presentado hace dos años apenas se ha materializado en inversiones. La C-3, por ejemplo, sigue pendiente de los proyectos de modernización. A las inversiones habrá que sumar mejoras en el material rodante y en la plantilla para evitar las constantes quejas de los usuarios.

Planificar cómo crece el metro Con las obras de la línea 10 (antigua T-2) en marcha -deberán estar concluidas en verano de 2021-, el horizonte de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana está en la ampliación de la red, que anticipaba el conseller de Obras Públicas, Arcadi España, hace unas semanas y que deberá conocerse este año. Habrá que comprobar si finalmente se incluye la ejecución de un túnel peatonal para conectar las estaciones de Alicante y Xàtiva (contemplada en el proyecto inicial de la línea 10 pero no ahora) y si se recuperan propuestas como el tranvía orbital, la prolongación de la línea 1 hasta La Fe o la conexión de los municipios de l'Horta Sud, que en su día formaron parte del Plan de Infraestructuras Estratégicas (PIE) de la Comunitat.

Una agencia para vigilar el urbanismo La creación de la Agencia Valenciana de Protección del Territorio es uno de los anuncios de la Conselleria de Obras Públicas para esta legislatura, por lo que deberían darse los primeros pasos en 2020. Sobre todo si se tiene en cuenta que su figura se incluyó en la modificación de la ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat (LOTUP), aprobada en enero de 2019. Entre sus competencias, como detalló el conseller España en Les Corts, las inspecciones o los procedimientos de restauración de la legalidad urbanística. Un dato, el Consell afronta demandas en los tribunales por valor de 1.400 millones por paralización de planes urbanísticos.

Año clave para la V-30 o el by-pass Licitadas las obras para duplicar la N-220 (acceso al aeropuerto de Manises), en materia de carreteras, son varios los proyectos de ampliación sobre los que Fomento deberá despejar incógnitas este año. El más apremiante, por ser un punto negro de accidentes y retenciones, la ampliación del by-pass, pendiente desde 2014 y actualmente en información pública uno de los tres subtramos en que está dividida la actuación (el trazado entre los enlaces con la CV-32 y la CV-35). También las mejoras de la V-30, en un cajón desde que se retomó el proyecto en 2015.

Acabar con vertidos sin control Municipios del área de Valencia tuvieron que cerrar al baño sus playas varios día en plena temporada turística. La llegada de vertidos al mar obligó a ondear la bandera roja. Este hecho puso de relieve que barrios, urbanizaciones y diseminados todavía no se encuentran conectados al alcantarillado y vierten en acequias que desembocan en el mar. Lo más grave es que el Consell tiene asumido que el escenario se puede repetir el próximo verano. Desde la oposición y entidades civiles y ciudadanas están exigiendo una planificación para atajar el problema.

Renovación normativa de parques Numerosos parques de la Comunitat tienen parte de la normativa pendiente de revisión. Es es el caso de los planes de prevención de incendios. A lo largo del último ejercicio únicamnete se ha concluido la tramitación de uno de ellos, el de la Sierra de Espadán. Otros, como el de la Calderona, el de Mariola, el de Montgó, el del Túria o la Albufera, y hasta un total de 17 todavía no han concluido el proceso de renovación establecido para cada diez años. Tampoco se ha terminado la redacción del plan de ordenación del Túria, pese al impulso que se le quiso dar desde la entonces Conselleria de Medio Ambiente. La Albufera tiene pediente el plan de usos y gestión.

La amenaza de los incendios El número de hectáreas de suelo forestal quemadas en 2019 es el más bajo en los últimos años. Tan sólo se ha producido un incendio de envergadura, el de Beneixama, con 900 hectáreas quemadas. Pero las críticas a la política forestal del Consell se mantienen por parte del sector. Denuncian la falta de gestión en los bosques valencianos de forma que el riesgo de que se produzca un gran siniestro aumenta progresivamente año tras año. En este sentido, las críticas se centran en que se destinan grandes recursos a medios de extinción, mientras que se descuidan las medidas para la prevención de los incendios. En esta línea, insisten en la necesidad de actuar sobre las masas vegetales para reducir su densidad y mitigar el impacto de las llamas.

El agua que no termina de llegar El año termina con el trasvase Tajo-Segura cuestionado tras la decisión del Gobierno de no enviar aportes para la agricultura en noviembre y diciembre. La decisión pone en un brete a todo el sector agrario del sur de la Comunitat y arroja numerosas incertidumbre sobre la continuidad de esta infraestructura. La nueva crisis vuelve a evidenciar, además, el problema hídrico que sufre la Comunitat y que en estos últimos años se había visto mitigado por las lluvias. De hecho, numerosas infraestructuras siguen sin funcionar a pleno rendimiento pese a los años que han pasado desde que se diseñaron. Es el caso de algunas desalinizadoras, como las de Torrevieja o Sagunto. También está paralizado desde hace años el trasvase Júcar-Vinalopo pese a que supuso una inversión de 400 millones de euros. Además, la Generalitat tiene todavía pendientes obras por ejecutar.

La Albufera, emergencia cercana El parque natural de la Albufera se encuentra «en la UVI», según la actual directora. No todos los implicados coinciden con la literalidad de esta afirmación, pero sí en que el parque está enfermo. La Conselleria de Emergencia Climática se enfrenta al reto de tomar medidas para salvaguardar un espacio tan querido por los valencianos que hasta ahora no ha sido una prioridad para los gestores autonómicos. Ha pasado un año más y el Plan Rector de Usos y Gestión (PRUG) sigue sin aprobarse. Tampoco se ha avanzado en solventar que el parque reciba mayores aportes de agua y de mejor calidad, un punto en el que todas las partes coinciden en destacar como la medida más necesaria para rescatar la Albufera. Además, numerosos expertos piden soluciones de carácter más integral como el dragado del parque. Continúa también pendiente impulsar la declaración como reserva de la biosfera y no se han concluido obras para acabar con los vertidos.