Retrasos de hasta dos años para obtener el certificado de discapacidad fuerzan al Consell a activar un plan de choque

Los retrasos que en la actualidad sufren los discapacitados para obtener el certificado que acredita su situación, bien por una nueva solicitud o por renovación al variar su grado de discapacidad, rozan ya los dos años en algunos puntos de la Comunitat, por lo que la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas se ha visto obligada a activar un plan de choque para tratar de agilizar la situación.

Los afectados que carecen todavía del documento debido al atasco existente en los centros de valoración se ven imposibilitados de optar a los distintos beneficios y ayudas que contarían si pudieran acreditar su grado de discapacidad. Por un lado se encuentra el ámbito laboral, puesto que al no tener el certificado no pueden optar a puestos de trabajo protegido, por ejemplo en los centros especiales de empleo, o a las oposiciones que reservan una serie de plazas para personas que presenten algún tipo de discapacidad. De hecho, en las últimas de técnico auxiliar de Enfermería, buena parte de las plazas previstas para el colectivo se quedaron vacías por falta de aspirantes. Tampoco pueden disfrutar de becas específicas, ayudas o descuentos en las tasas universitarias si no presentan la preceptiva documentación. En el caso de los discapacitados con movilidad reducidas, se ven privados de la posibilidad de obtener la tarjeta para aparcar en los espacios reservados para ellos o en poder beneficiarse de los descuentos para la compra de vehículos adaptados. Afecta, incluso, a las familias numerosas, ya que una pareja con dos hijos, uno de ellos discapacitados, ya forma parte del colectivo en el régimen general. Sin embargo, si carecen del certificado tampoco pueden tramitar el carné de familia numerosa y, de esta forma, también se ven privados de los beneficios que esto conlleva.

En el caso de la Comunitat, al menos según los últimos datos disponibles, los retrasos rozan los dos años en la provincia de Alicante, en Valencia oscilan entre los 12 y los 18 meses, mientras que en Castellón los afectados sufren retrasos de hasta 15 meses para obtener la documentación.

La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas es consciente de la situación, una problemática que se viene arrastrando prácticamente desde la última década en la Comunitat y que, ni el anterior Gobierno ni el actual han podido, de momento, solventar. Para tratar de atajar las esperas, el departamento que dirige Mónica Oltra ha reforzado con 18 nuevos funcionarios los centros de valoración (provisionalmente, había contratado también a otros 42 técnicos de forma temporal) y va a modificar la normativa actual con el fin de que sea más ágil la tramitación. En concreto, estos cambios buscan mejorar la coordinación de los informes que realizan los médicos y trabajadores sociales de los centros de salud con los que emiten los trabajadores de los centros de valoración, con el objetivo de evitar duplicidades de trabajo y que los afectados tengan que pasar varias veces por el mismo trámite; y esto pasa por mejorar la coordinación entre Igualdad y la Conselleria de Sanidad. Asimismo, el departamento de Oltra también trabaja en otras medidas como la concesión de la tarjeta acreditativa de la condición de persona con diversidad funcional de forma directa a todas aquellas personas que tengan reconocido un grado de discapacidad mínimo del 33%.

sustituir el tema del plan de choque para los certificados de discapacidad