El TSJ se reubicará a principios de 2019 en la antigua sede de la Conselleria de Gobernación

valencia. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat contará a partir del primer trimestre del próximo año con una nueva sede provisional. La Generalitat ha decidido que el edificio que albergaba la antigua Conselleria de Gobernación, en la calle Historiador Chabás, sea el emplazamiento en el que durante los próximos cinco años se encuentre el Alto Tribunal valenciano, plazo que la Administración autonómica estima que durarán las obras de remodelación de la actual sede, en la Real Casa de la Aduana, una obra que tendrá un coste de unos 25 millones de euros.

Así lo anunció ayer la consellera del ramo, Gabriela Bravo tras visitar las instalaciones del edificio acompañada por la presidenta del TSJ, Pilar de la Oliva, y el fiscal superior, Antonio Montabes. Este inmueble no es propiedad de la Generalitat, por lo que el Gobierno autonómico tendrá que hacer frente a un alquiler mensual de 25.000 euros, aunque cuenta con una cadencia de ocho meses -precisamente para que la conselleria pueda tramitar el proyecto y acometer las obras de reforma necesarias-. En el quinto año de alquiler, la cuantía ascenderá a 30.000 euros. Por tanto, de cumplirse los cinco años, el departamento de Bravo tendrá que hacer frente a un montante superior a los 1,3 millones de euros, más el coste de poner a punto el citado edificio. Aún así, Bravo destacó el ahorro que supone con respecto al alquiler que abonaba el anterior Gobierno autonómico por el edificio, y que ascendía a los 45.000 euros al mes, según la consellera.

Debido a la urgencia de la actuación será la empresa pública Tragsa la que elabore el proyecto para adecuar el inmueble y el próximo mes de septiembre está previsto que comiencen las obras de puesta a punto, con un plazo de ejecución de unos cuatro meses. Por tanto en el primer trimestre de 2019 se prevé el traslado del personal del TSJ. Será a partir de ese momento cuando empiecen los trabajos de reforma integral de la vieja sede, que se alargarán unos cinco años.

El inmueble previsto para el traslado cuenta con unos 3.000 metros cuadrados de superficie y parking para el personal y los magistrados del TSJ. Precisamente la falta de espacio es uno de los motivos por los que la Generalitat no ha apostado por otros edificios de su propiedad, ya que tendría que haber dividido al TSJ en varias sedes.