La reversión del Hospital de Alzira obliga a contratar a 300 trabajadores

La reversión del Hospital de La Ribera, en Alzira, obligará a la Conselleria de Sanidad a contratar a 300 trabajadores más para llevar a cabo la gestión del área de salud que hasta el 1 de abril está en manos de la concesionaria Ribera Salud. Sumar profesionales a un departamento que inició su andadura en 1999 es la primera medida anunciada por la titular del departamento, Carmen Montón, para afrontar la gestión directa. La responsable autonómica quiere equiparar la ratio de trabajadores del departamento de Alzira al resto en un escenario con «déficit» de recursos humanos de algunas áreas al que añade el compromiso de ofrecer nuevos servicios.

Montón dio a conocer ayer la decisión de aumentar en 303 profesionales a lo largo del año la plantilla en toda el área de salud «para ampliar y llevar la ratio que nosotros consideramos que es idónea y se asimila al resto de departamentos de la Comunitat porque de eso se trata: de asimilar ese departamento al nivel del resto».

Con las nuevas contrataciones se subsanará «el déficit» identificado en algunas áreas, constatación que ha llegado a los gestores de la sanidad pública tras las entrevistas que ha celebrado la directora general de Alta Inspección Sanitaria de la conselleria, Isabel González, con jefes de servicio, coordinadores de primaria, profesionales y alcaldes.

Las razones expuestas por la consellera incluyeron el anuncio de un compromiso: «Vamos a crear nuevos servicios» y citó cirugía pediátrica, porque a su juicio «en estos momentos no existe como tal; hay contratos mercantiles de dos profesionales por las tardes».

La incorporación de los tres centenares de trabajadores para seguir el camino que el día 1 de abril emprenderá la gestión directa, se llevará a cabo «paulatinamente» a lo largo de este año, ejercicio para el que Sanidad asegura que ya ha organizado los turnos de trabajo de los cerca de 2.000 profesionales de un departamento donde Montón garantizó que «no va a haber ningún tipo de ruptura asistencial».

La incorporación de los 303 nuevos profesionales se irá viendo en los próximos meses, pero el primer día de abril, el departamento «arrancará» con 1.423 trabajadores fijos, 310 estatutarios y 254 temporales que cesarán el 31 de marzo por finalización del contrato.

Para el reemplazo de estas bajas Sanidad acudirá a la bolsa de trabajo que desde el pasado 19 de febrero incluye también al departamento de La Ribera. Ya se está llamando a profesionales para cubrir esos puestos.

«Normalidad», además de «tranquilidad», son los mensajes que Carmen Montón quiso trasladar ayer ante el inminente cambio de modelo de gestión sanitaria que se va a materializar en el departamento de La Ribera. No habrá «ruptura asistencial, ya que los profesionales seguirán en sus puestos» y la dirección se irá nombrando al igual que en el resto de departamentos.

El anuncio del aumento de plantilla previsto para este año, así como el de la que estará en marcha el 1 de abril, ha llegado antes de la aprobación del decreto de personal, documento que la consellera aseguró que el pleno del Consell aprobará el viernes y que es conforme con las observaciones realizadas por el Consell Jurídic Consultiu (CJC) a su redacción.

Un dictamen del órgano consultivo no vio clara, entre otras cuestiones, la fórmula de decreto en este proceso señalando que «la subrogación del personal y las condiciones en que se efectúa, así como la lista del personal subrogado, no pueden formar parte de una norma jurídica aprobada por Decreto». El pronunciamiento entiende que el camino a seguir debía ser un acuerdo entre los trabajadores y la Generalitat Valenciana.

La dirección general de recursos humanos de la conselleria emitió un informe para adaptar las consideraciones del CJC apuntando que la opción del decreto llegó porque antes de la subrogación la Generalitat no tenía la condición de empledor y, por tanto, «no estaría legitimada para negociar» con los representantes del personal subrogado en el futuro.

La presidenta del comité de empresa, Belén Doménech (CC.OO), refirió ayer las dos consideraciones apuntando que consideraron que debían ser ellos quienes negociaran, si bien también aceptaban la falta de capacidad negociadora hasta la reversión.