Las reversiones del Consell engordarán la plantilla autonómica en miles de trabajadores

La reversión de algunas de las concesiones que ha anunciado el Consell supondrá incrementar la plantilla de la administración valenciana en miles de trabajadores que, además, pasarán a tener una condición similar a la de los funcionarios.

Hasta el momento únicamente se ha llevado a cabo la incorporación del personal del departamento de salud de Alzira (unos 1.500 trabajadores), que en abril volvió a ser gestionado por la Generalitat tras rescatar la concesión que tenía la empresa Ribera Salud.

Pero el Consell ya tiene en el punto de mira nuevas reversiones, como la de los centros de personas con diversidad funcional.

La figura elegida por la administración autonómica para asumir a los trabajadores es la de personal a extinguir. Con ella, la plantilla de las concesiones rescatadas pasarán a depender directamente de la Generalitat y, sin ser funcionarios, tendrán la plaza a perpetuidad gozando así de una de las características más preciadas del empleado público: la garantía de conservar el puesto hasta la edad de jubilación.

La elección de la figura no ha sido bien vista por los funcionarios, especialmente por los interinos. Estos tienen que conseguir su plaza con una oposición, mientras que los que accedan como personal a extinguir no tienen que pasar por este proceso selectivo con lo que se pueden generar agravios comparativos.

Además, estas plazas están bloqueadas con lo que no salen en los concursos de traslados ni están disponibles para las promociones internas.

Fuentes sindicales advierten, además, que se ha abierto una caja de Pandora. Recuerdan que gran parte de los servicios que se presta la administración, especialmente desde los ayuntamientos, están externalizados. Es el caso de los servicios de jardinería, de mantenimiento de hospitales y otros edificios públicos, del catering de los centros sanitarios, del control del aparcamiento regulado. Y muchos más. Todos ellos, explican, «pueden hacerse la pregunta. ¿y si ellos sí, por qué no yo? y reivindicar que se les aplique la misma figura. El proceso puede ser interminable».

En el anteproyecto de la ley de acompañamiento de los Presupuestos de la Generalitat de 2019 el Consell ha incluido una disposición transitoria en la que el personal a extinguir no podrá obtener la categoría de empleado público, pero sí disponer de la plaza hasta que se jubile.

Esta categoría profesional abre también varios interrogantes jurídicos que todavía no han sido resueltos, según las mismas fuentes, como la subrogación de los trabajadores que proceden de una empresa privada en la administración autonómica.

Juan Cruz, secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, consideró que es el Estado quien debe orquestar una solución a nivel a esta problemática generado por él al crear esta figura, ya que «no son empleados públicos, pero en cierto modo lo son».

El presidente de CSIF en la Comunitat, Daniel Matoses, consideró que la Generalitat ha generado un problema con la expansión de la figura del personal a extinguir. Matoses recordó que para ser empleado público es necesario pasar un proceso selectivo, ya que en caso contrario se conculcan los principios constitucionales de igualdad, capacidad y mérito. Además, «se crean las condiciones para que se produzcan agravios comparativos». Desde UGT, por su parte, declinaron valorar esta figura.

Quienes se han quedado fuera son los bomberos forestales. La Generalitat ha optado por la creación de una empresa pública a la que se incorporarán estos trabajadores que en estos momentos prestan sus servicios en Tragsa, la mercantil dependiente del Ministerio de Transición Ecológica. El colectivo pretendía que se les asumiera como personal a extinguir, pero ayer la Agencia Valenciana de Seguridad consiguió que los sindicatos mayoritarios respaldaran su propuesta de crear una mercantil.