Riba-roja y Aldaia ultiman los informes para solicitar las ayudas por las inundaciones de noviembre

Ha pasado casi un mes desde que el último temporal que azotó la Comunitat arrasara zonas como Riba-roja o Aldaia y todavía se pueden ver sus consecuencias en algunos puntos de estos términos. Los municipios todavía están realizando el recuento de daños y los trámites administrativos para poder acogerse a las ayudas de la Generalitat.

En este sentido, el secretario autonómico de Seguridad y Emergencias, José María Ángel, y el director general de Interior, Salvador Almenar, han visitado ambas poblaciones y han recordado a los responsables municipales que los ayuntamientos disponen hasta principios de enero, para presentar las estimaciones de daños, tanto de infraestructuras como de bienes públicos o gastos extraordinarios en los que hayan incurrido.

El director general de Interior ha señalado que la Generalitat “realizará la valoración de los daños con el compromiso de acelerar la concesión de la línea de ayudas acordadas por el Consell. Estas ayudas permitirán a los municipios iniciar todas aquellas acciones necesarias para reparar los daños que produjo el episodio de lluvias en noviembre y volver a la normalidad”.

Almenar ha añadido que los Ayuntamientos que lo necesiten también cuentan con el soporte del servicio técnico de la Generalitat “para llevar a cabo las correspondientes estimaciones de daños y agilizar los expedientes”.

“Queremos acompañar a los municipios para evaluar los daños que se registraron y trasladarles nuestra solidaridad. También asesorar a cada ayuntamiento en la presentación de las memorias valoradas que deben derivar en las ayudas de la Generalitat. Quedan quince días para que los ayuntamientos revisen los daños y desde la Generalitat los servicios técnicos están visando cada uno de los expedientes para dar una respuesta rápida y eficiente a las poblaciones afectadas”, ha agregado el responsable de Interior.

Las solicitudes presentadas por las corporaciones locales serán evaluadas por la Oficina Única Postemergencia, a la que corresponderá una estimación económica que se elevará a la Comisión Interdepartamental, para su posterior aprobación por el Consell.

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