Rovira advierte de que cambiar las plantillas puede provocar un aluvión de recursos judiciales

Dicho de otra forma, se abriría la puerta a una cascada de recursos, pues la asignación de plazas se basa en una serie de criterios de prelación en función del colectivo al que se pertenece, desde profesionales desplazados o en excedencia hasta opositores, sin olvidar que las bolsas de interinos también se ordenan en función de la antigüedad de los integrantes, eligiendo antes los que tienen más experiencia.

El titular de Educación se ha pronunciado en estos términos tras la firma del convenio de colaboración con Avacu para la impartición de talleres sobre un uso responsable de los móviles en 60 centros valencianos.

Rovira ha justificado la decisión de anular las normativas de planificación que dejó el Botánico -«la Abogacía nos dijo que eran denunciables porque estaban diseñadas por un gobierno en funciones y sin ningún informe económico o presupuestario»- antes de entrar en las derivadas que puede acarrear la ejecución de la cautelar, como la reasignación de más de 27.000 plazas docentes ya adjudicadas.

«Dentro de sus funciones el TSJCV ha dictado la cautelar pedida por los sindicatos (STEPV y CC.OO. PV). Si hubiera sido en julio no causaría problemas, habríamos añadido las plazas y realizado las adjudicaciones (las del citado mes son las más numerosas)», ha explicado. «Ahora le vamos a pedir al TSJCV que nos diga cómo la deberíamos ejecutar. Porque si ahora saco 800 vacantes, ¿aquellas personas que pidieron plaza hace meses tienen derecho a solicitar una de estas, que a lo mejor le pillan más cerca de casa?» se ha preguntado el conseller. «No queremos tener problemas jurídicos con ningún docente, y todo esto los genera», ha sentenciado.

La estrategia, ahora, pasa por conseguir un acuerdo con los sindicatos y negociar un nuevo acuerdo de plantillas para Infantil, Primaria y Secundaria. Y como contraparte, que no se solicite al tribunal la ejecución de la cautelar para evitar semejante reorganización con el curso ya rodado. No será sencillo, más bien al contrario, pues los dos sindicatos que recurrieron la anulación y consiguieron la suspensión provisional de la denuncia ya han mostrado su intención de dirigirse al tribunal para que despliegue efectos y se creen las 833 plazas adicionales. Ambas organizaciones también han denunciado «la amenaza» de Educación de que si dan el paso, cuando se negocien de nuevo las plantillas (una potestad que siempre tiene la administración, por ejemplo, de cara a próximos cursos) no se contemplarán los 3.200 puestos ya incluidos en el ejercicio 2023-2024 en el marco de los acuerdos anulados.

UGT PV, que también recurrió la anulación pero no pidió cautelar, ha trasladado la misma crítica, lamentando a través de un comunicado la advertencia de Educación de «suprimir el incremento de todos los puestos de trabajo que contemplaban para organizar las plantillas a su conveniencia».

El sindicato también cuestiona que cumplir con la cautelar implique repetir las adjudicaciones de plazas realizadas entre julio y septiembre, como defiende la conselleria. «Se tiene que realizar un estudio de cómo quedaría la plantilla de cada uno de los centros en aplicación de los acuerdos y, a continuación, dotarlos de manera inmediata», alega el sindicato.

«En contra de lo que dice el conseller, no es necesario repetir ningún proceso de provisión de plazas y, mucho menos, el de inicio de curso. Todos sabemos cómo se crean los puestos en los centros: primero se habilitan y se cubren con profesorado interino o provisional y, tras un tiempo, se catalogan de manera definitiva y se ofrecen en el concurso de traslados correspondiente para su cobertura definitiva. Se trata, por tanto, de una nueva 'engañifa' de la conselleria para no cumplir con su obligación: la aplicación de los acuerdos», sentencia.

En sus declaraciones el conseller ha dicho que los anteriores dirigentes «trabajaron más cuando estaban en funciones y habían perdido las elecciones que en época normal», en referencia a que ambas regulaciones se firmaron y refrendaron entre junio y julio de 2023. «En ocho años no firmaron ningún acuerdo, se rigieron por el del último gobierno del PP, y cuando estaban en funciones rubricaron otros con los sindicatos con un montón más de personal», ha explicado, antes de defender que «gran parte de estos se ha cumplido»: aproximadamente un 80% del total, en referencia a los 3.200 puestos de trabajo que ya se incorporaron en el 2023-2024 y al medio millar del ejercicio actual. «Pero la última parte de los acuerdos (es decir, el 20% restante) entendimos que no era necesaria, pues no hay más demanda de más personal en los centros y decidimos que las prioridades debían ser otras», ha señalado.

Rovira ha dicho que se ha optado por dotar de más recursos a las etapas de Infantil o Primaria en lugar de seguir con lo estipulado en los acuerdos, que planteaban más horas para coordinadores y equipos directivos de institutos para atender sus asuntos de gestión (si se les aumentan acaba siendo necesario algún profesor adicional, pues van en detrimento de sus horas lectivas), más codocencia (dos profesionales en el aula) o más plazas de orientadores, pues el departamento entiende «que los números que hay ya están ajustados». «A nosotros no nos llega una demanda real de los centros quejándose de falta de plantilla», ha apostillado. Cabe recordar que el principal recorte aplicado en la dotación de recursos humanos para este curso respecto a los acuerdos del Botánico afecta a los centros públicos de Secundaria y FP.