Rovira también se moviliza: remite una carta a todas las familias en defensa de la consulta

Que Rovira defienda su postura no es extraño. Este mismo jueves lo hizo en Les Corts, acusando a Compromís y a los «movimientos de izquierda» de hacer «una campaña contra el castellano» con «mentiras y coacciones». Pero sí que sorprende que recurra a un envío de emails masivo para trasladar su mensaje a las familias.

En cualquier caso, a diferencia de la facción contraria -básicamente englobada en la Plataforma en Defensa de l'Ensenyament Públic, que se moviliza este sábado- el conseller no pide el voto, que no podría, sino la participación. En los últimos días organizaciones como Escuela de Todos o Hablamos Español han denunciado decenas de casos en los que los propios centros y su personal toman partido a favor de la lengua propia, algo que contraviene la legislación vigente, por lo que han exigido a la administración educativa que ponga fin a estas prácticas.

«Adjunto se remite carta del conseller de Educación con información sobre el proceso de elección de lengua base», dice el email, que pide no sólo su lectura, sino que «la difundan entre la comunidad educativa de su centro».

Los dos primeros párrafos son informativos. Se da por sentado que las familias ya han sido informadas por sus centros del proceso para elegir la lengua de preferencia a partir del próximo curso (castellano o valenciano), se recuerdan las fechas y a continuación se alega que los progenitores ya han sido consultados «en ocasiones anteriores» sobre la jornada lectiva (el cambio a la continua) «sin que se haya cuestionado la capacidad de los progenitores para tomar este tipo de decisiones sobre la educación de sus hijos».

Además se justifica el cambio de modelo de decisión respecto a lo que regulaba la ley de Botánico, pues ya no eligen los claustros y los consejos escolares, sino que la planificación se basará en los resultados de la consulta a los progenitores. Ha sido un aspecto criticado por sindicatos docentes e incluso por la organización mayoritaria de Ampas, la Gonzalo Anaya.

«Tanto los claustros como los consejos escolares son ámbitos de decisión dentro de las competencias atribuidas por la legislación. No obstante, como responsable de la Conselleria de Educación, así como el resto de altos cargos, consideramos que lo más justo y democrático es que las familias puedan tomar la palabra y decidir libremente», se alega.

La carta destaca además que la ley de libertad educativa, de la que emana la consulta, se fundamenta en la «preocupación por el descenso del uso del valenciano, un hecho que pretendemos revertir con un cambio de paradigma: de la imposición a la promoción».

También dice que su voluntad es «defender que somos una comunidad bilingüe», que la norma «es respetuosa con las dos lenguas oficiales, tanto en las poblaciones valencianoparlantes como en las castellanoparlantes», o que el modelo propuesto es equilibrado, pues en los primeros territorios (la mayoría de la Comunitat) la diferencia entre las dos no será superior al 20% del tiempo lectivo a partir de 3º de Primaria.

Además, destaca que la principal novedad pasa porque la introducción a la lectoescritura será en la lengua base que se aplique en cada aula, y recuerda que en las zonas castellanas, «si las familias lo solicitan», también habrá líneas en valenciano. Sin hacer una referencia directa, Rovira está respondiendo a otra de las críticas más repetidas por las entidades contrarias: el arrinconamiento de la lengua autonómica en las escuelas.

«Desde la conselleria recomendamos que se vote en libertad. Sea cual sea el resultado, aspectos que preocupan a las familias como la continuidad del banco de libros, la atención al alumnado con necesidades especiales, las actividades extraescolares y todo aquello relacionado con el funcionamiento ordinario está totalmente garantizado, con independencia de la lengua base escogida por las familias», se concluye, antes de decir que la participación de las familias «es fundamental», por lo que les anima «a ejercer su derecho en libertad».

De nuevo Rovira se refiere a críticas que se repiten en la campaña contra la consulta, como la merma que sufrirán los bancos de libros, pese a que Educación se ha comprometido a reponer los manuales que sean necesarios, o la dificultad de atender a alumnos que precisan refuerzos al dificultar su reparto equilibrado entre grupos. Algo que, según la administración, sí se podrá hacer si es necesario mediante agrupamientos flexibles en las materias que se vehiculen en la misma lengua.