Sanidad entierra la empresa pública y usará el modelo Alzira para revertir Torrevieja

La consellera de Sanidad, Ana Barceló, tardará en olvidar el día de San Juan de este año. Una jornada en la que tuvo que dar marcha atrás al plan del departamento de crear una empresa pública de salud que asuma las reversiones sanitarias después de que sus socios de Gobierno (Compromís y Unidas Podemos) y los sindicatos se opusieran frontalmente a la iniciativa. El día en el que prácticamente se vio forzada a apostar por la figura del personal laboral a extinguir -fórmula cuyo encaje legal se sigue cuestionando- impulsada por su antecesora en el cargo, Carmen Montón, en el área de salud de la Ribera, la primera en volver a la gestión pública. Una mañana en la que los representantes de la conselleria fueron recibidos con pitos y pancartas de usuarios contrarios a la reversión del departamento y en la que hasta se perdieron las llaves de la sala donde se iba a celebrar la reunión con el comité de empresa del hospital -y en la que la consellera informó de este cambio de rumbo-, por lo que el encuentro tuvo que trasladarse al restaurante del centro sanitario. Una jornada que Sanidad vistió de éxito por el paso a la gestión pública y directa de un área de concesión cuyo contrato expira el próximo 15 de octubre; pero que en realidad ha evidenciado la brecha existente entre los distintos partidos del Botánico.

A mediados de abril, LAS PROVINCIAS avanzó en exclusiva el plan de Sanidad de crear una empresa pública de salud para, entre otras cuestiones, poder asumir al personal de servicios sanitarios que, en la actualidad, prestan empresas privadas o entidades ajenas a la administración autonómica, como la asistencia farmacéutica a los centros sociosanitarios, la realización de resonancias magnéticas o la gestión de los hospitales concertados; iniciativa que provocó una cascada de críticas y protestas de trabajadores, radiólogos y todos los sindicatos presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad (CSIF, Satse, CESM-SAE, CCOO, Intersindical Valenciana y UGT), todos ellos contrarios a la medida. Sin embargo, fue el rechazo de Compromís y Unidas Podemos el que obligó a paralizar una iniciativa que estaba prevista aprobar en el pleno del Consell y que se retiró del orden del día en el último momento.

La reunión que la vicepresidenta Mónica Oltra mantuvo el martes con las fuerzas sindicales y en la que mostró su apoyo a los representantes de los trabajadores, rechazando la empresa pública y apostando por la fórmula de Alzira «con mejoras», fue la gota que colmó el vaso. Hasta el síndico del PSPV, Manolo Mata, se lo afeó a Oltra. «Es uno de los incumplimientos más graves, rompe unas reglas del juego que hasta ahora han venido funcionando», le espetó el socialista.

Además, la Conselleria de Sanidad quería evitar utilizar la figura del personal laboral a extinguir empleada en la Ribera dado que aquel proceso de reversión todavía está pendiente del pronunciamiento del Tribunal Supremo -al que recurrió la concesionaria Ribera Salud- sobre si se hizo contando con el preceptivo informe económico-financiero que requiere la normativa. Un fallo en contra podría suponer que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat tampoco avale la fórmula jurídica empleada para asumir a los trabajadores, impugnada por directivos de ese departamento de salud y un sindicato ante los jueces valencianos.

Pero el tiempo apremia -el contrato de Torrevieja expira el 15 de octubre con las vacaciones estivales mediante- y la conselleria ya no puede alargar mucho más las negociaciones para contar con el apoyo necesario para crear una empresa pública que contrate a los, aproximadamente, 1.600 profesionales que componen el departamento de Torrevieja -empresa que jugaría con las reglas del sector privado-; o por la fórmula por ahora escogida del personal laboral a extinguir, que prácticamente supone la progresiva creación de esas plazas en la red pública para que, tras renuncias y jubilaciones, vayan siendo ocupadas por interinos o personal estatutario.

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