Sanidad cobrará a los hospitales concertados poco más de la mitad de lo que había previsto Montón

La Conselleria de Sanidad ha tenido que rebajar sus pretensiones en relación a las cifras que pretendía cobrar la anterior responsable del departamento, Carmen Montón, a los hospitales concertados con las liquidaciones pendientes desde 2015, por lo que el último varapalo judicial que ha sufrido la gestión de la también exministra, precisamente en relación a esta materia, no ha hecho más que confirmar que el plan ideado por Montón era difícilmente sostenible. Así, de los 300 millones de euros que la exconsellera quería cobrar a los centros sanitarios concertados, el Consell ahora ha rebajado esa cifra hasta los 182,95 millones, poco más de la mitad de lo que la exconsellera aseguraba que se iba a obtener.

En concreto, a principios de mes, el Tribunal Supremo prácticamente finiquitó el plan de Montón para llevar a cabo las liquidaciones con los hospitales concertados; es decir, los pagos que estos centros sanitarios deben abonar al Consell en función de la actividad que han desarrollado entre la población propia o ajena de su área de influencia, que suele fluctuar, y el dinero recibido por parte de la Administración autonómica. La propia Montón, hace ahora un año, cifró en más de 300 millones de euros la cantidad que debían los hospitales concertados a la Administración por las liquidaciones pendientes de realizar hasta 2015 –según sus propios cálculos y criterios– y aseguró que se cerrarían a lo largo de este año. Sin embargo, esta previsión de ingresos se ha visto sensiblemente reducida, a tenor del último informe del Ministerio de Hacienda y Función Pública de seguimiento de los planes económicos y financieros de las comunidades autónomas.

En el caso de la Comunitat, el informe remitido por el Consell al ministerio deja entrever que la Administración autonómica ya sospechaba, antes incluso de la decisión del Supremo, que las previsiones iniciales no iban a poder cumplirse, puesto que recoge que «la comunidad ha revisado la previsión de cierre para el capítulo V de ingresos, al disminuir la previsión de la liquidación de las concesiones administrativas derivadas del nuevo modelo de gestión sanitaria implementado, de los 300 millones de euros previstos en la información de seguimiento del primer trimestre, a los 182,95 millones de euros que prevé en la última información remitida». Por tanto, las arcas públicas dejarán de ingresar unos 117 millones de euros, pese a que en las cuentas de Montón estaban previstos.

La situación explotó a los actuales gestores de Sanidad a principios de mes, cuando el alto tribunal no admitía a trámite el recurso de casación interpuesto por la Abogacía de la Generalitat contra la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ el pasado 16 de enero, fallo que daba la razón al Hospital de Manises, que había presentado la reclamación ante el juez al no estar de acuerdo con los criterios utilizados por la conselleria, entonces en manos del PP, para llevar a cabo las citadas liquidaciones.

Dado que la situación había llegado a los tribunales, según explicó en su momento el portavoz popular de Política Social, José Juan Zaplana, «se optó por paralizar las liquidaciones a la espera de ver los criterios que establecía la resolución judicial y adaptarlos». Y, además, «para evitar una cascada de recursos del resto de concesionarias», agregó. Con el cambio de Gobierno en la Generalitat, y la llegada de Montón al frente de la conselleria, «en lugar de esperar a ver qué decían los jueces, criticó al PP, a quien acusó de no cobrar las liquidaciones para beneficiar a las concesionarias».

«Le dijimos que no frivolizara, que esa cifra -los 300 millones que había previsto- no era real y que esperara a la sentencia, pero querían cargarse el modelo de concesión, no sabían cómo y atacaron en la línea frontal del dinero a percibir a través de las liquidaciones», agregó Zaplana, «y ahora se ha visto que el PP tenía razón en esperar y que las prácticas que ha impulsado Montón son irregulares».

De esta forma, y con la inadmisión del recurso, el Supremo dejó herido de muerte el sistema de la exconsellera, lo que obligaba al departamento a recalcular las cifras y a establecer un sistema que, por el momento, vuelva a basarse en las comisiones mixtas utilizadas con anterioridad, que acercaban posturas y establecían los pagos con el acuerdo de todas las partes. Sin embargo, y a tenor de la información remitida al ministerio, Sanidad ya estaba recalculando las cuantías.

La importancia del fallo judicial, por tanto, no radica exclusivamente en los importes adeudados por el Hospital de Manises. Todos los centros hospitalarios concertados se encuentran en la misma situación. De esta forma, las liquidaciones de los centros sanitarios de Dénia, Elche-Crevillente y Torrevieja, además de el de Manises, sufrirán modificaciones frente a los cálculos iniciales de Montón. En el caso del Hospital de La Ribera deberá tenerse en cuenta el periodo comprendido antes de la reversión que tuvo lugar el pasado 1 de abril.

En relación al centro hospitalario de Manises, el fallo del TSJ obligaba al departamento que ahora dirige Ana Barceló a llegar a un acuerdo con los responsables del hospital y buscar una fórmula alternativa para calcular estos pagos. Sin embargo, Sanidad optó por presentar un recurso ante el Supremo, proceso que no prosperó puesto que ni siquiera se admitió a trámite. La Sección de Admisión de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal argumenó su decisión en que no se ha justificado «debidamente» en el escrito que «las infracciones imputadas a la sentencia hayan sido relevantes y determinantes de la decisión adoptada en la misma».