Sanidad cuestiona el plan para que la policía vigile a los contagiados y frena el acuerdo

La Conselleria de Sanidad ha decidido no aprobar de momento que la Policía Local de Valencia vigile que los contagiados por Covid-19 realicen la cuarentena en sus domicilios. El alcalde Joan Ribó y la responsable de este departamento autonómico, Ana Barceló, se reunieron ayer para reforzar la colaboración del Consistorio en medidas que frenen el coronavirus, aunque la citada no se encuentra entre ellas, al tener la Generalitat dudas sobre la legalidad del uso de datos personales en esta iniciativa.

La propuesta partió del concejal de Protección Ciudadana, Aarón Cano, que no la dio por perdida. Es más, ha encargado un informe específico sobre este punto a un profesor de Derecho, convencido de que este control es la manera más eficaz de reducir la incidencia en la ciudad, donde el aumento de brotes es evidente a la vista de los datos.

«En Aragón y Baleares trabajan con medidas similares. Es algo que no vemos problema, por lo que seguiremos trabajando en esa línea». Así, precisó que los agentes no entran en los domicilios, por lo que la inviolabilidad de los mismos está asegurada. El rechazo inicial de Sanidad afecta también al control de los escolares que den positivo en las aulas y deban hacer la cuarentena, por lo que se queda en el aire el acuerdo entre el Consistorio y la Conselleria de Educación.

La intención del edil de Protección Ciudadana es ampliar la vigilancia en el confinamiento a los que deban seguir la cuarentena de 14 días, aunque no hayan dado positivo en la prueba PCR. Una vez tenga el informe jurídico, tratará con nuevos argumentos de convencer a Sanidad de la bondad de la iniciativa.

Cano destacó también el papel en este asunto de la Federación Española de Municipios, entidad a través de la que se quiere proponer esta iniciativa a todos los Ayuntamientos. Dijo que es especialmente importante en los casos de las áreas metropolitanas. «No hay que pensar en una ciudad de 800.000 personas en Valencia, sino en el conjunto de todas las que viven alrededor».

La propuesta se mantiene por lo tanto vigente por parte del Consistorio, que busca encajarla en la Ley de Protección de Datos. Eso sí, algunos sindicatos han cuestionado la capacidad de la Policía Local en poder realizarla debido a la falta de personal.

El Cuerpo se encuentra en Valencia afectado por las jubilaciones anticipadas, igual que ocurre en el resto de España desde la aprobación del decreto, aunque el caso valenciano es especialmente duro porque la edad media de los agentes y mandos era muy elevada.

El Consistorio ha puesto en marcha varias oposiciones, procesos que tardan unos dos años desde que se inicien hasta que los agentes pueden trabajar con todas las condiciones adecuadas. El Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos ha pedido que la que ahora esté en marcha incluya todas las vacantes hasta el final del periodo. También la ampliación de las bolsas de interinos de años anteriores, para facilitar la entrada en servicio de más personal. El sindicato Csif se mostró también escéptico con la viabilidad.