Sanidad inicia la reversión de Dénia en un proceso que se alargará seis meses

Ya es oficial. La Generalitat rescatará la gestión del departamento de salud de Déniaantes de que finalice la concesión de Marina Salud. Así lo anunció ayer la Conselleria de Sanidad después de ordenado «el inicio de las actuaciones necesarias para permitir, a través del instrumento jurídico más adecuado, el rescate para la gestión pública directa» de la citada área de salud; un proceso que se alargará entre seis meses y un año. La falta de acuerdo en las negociaciones mantenidas entre la Generalitat y DKV, accionista mayoritaria en la UTE, ha llevado al Consell a adoptar una decisión unilateral que, si no logra fundamentarla adecuadamente, podría terminar en los tribunales.

En concreto, la consellera de Sanidad, Ana Barceló, ha solicitado a la Dirección General de Asistencia Sanitaria, la Dirección General de la Alta Inspección, y a la Dirección General de Eficiencia y Régimen Económico los informes preceptivos necesarios para el cambio del modelo de gestión. La conselleria, para tomar esta decisión, se basa en las conclusiones adoptadas recientemente por la Comisión de Auditoría del Departamento de Salud de Dénia-La Marina entre las que destacan que «no hay evidencia científica de que este modelo -el de concesión- sea más eficiente». Contrasta, sin embargo, con las auditorías desarrolladas por la Sindicatura de Comptes en departamentos concertados como Manises o Torrevieja, en los que apunta que ahorran a las arcas públicas entre el 25 y el 30%. Además, este órgano del Consell establece que las áreas bajo el modelo de concesión (incluida Dénia) son, en su mayor parte, las más eficientes de toda la Comunitat, por lo que Sanidad tendrá que argumentar muy bien las razones que motivan el adelanto de la reversión.

En esta línea, desde la conselleria insistieron en que la citada comisión indica que el modelo «tampoco ofrece ni puede ofrecer equidad y, además, crea una brecha insalvable entre los trabajadores del sistema sanitario público». Incide el informe en que «el sistema de colaboración público-privada se implantó en su día sin buscar un consenso social».

Con esta resolución, firmada ayer, «se persigue poner fin a una década de gestión privada y dar paso a un modelo de gestión pública directa que garantice la equidad en el acceso de la ciudadanía a los servicios sanitarios en el departamento», señalaron. Frente a ello, según las últimas encuestas, la satisfacción de los pacientes de este área de salud oscila entre el 81 y el 96% en función del servicio y el tiempo de espera para una operación o la realización de una prueba diagnóstica es prácticamente la mitad que la media de todos los hospitales de la Comunitat, la mayoría de gestión pública.

En esta línea, y según fuentes jurídicas consultadas por LAS PROVINCIAS, el proceso que pretende utilizar la conselleria es un procedimiento de resolución unilateral de una concesión por motivos de interés público en virtud del cual la Administración termina un contrato con anterioridad a su plazo oficial. En el caso de Dénia, a Marina Salud todavía le restan unos cuatro años y medio de concesión. Este procedimiento, que no es muy habitual, debería estar, por tanto, muy bien motivado, según estas fuentes.

Debido a que Sanidad ha optado por esta vía, la Administración tendrá que indemnizar por todos los daños económicos que se generen, tanto por los daños emergentes como por el lucro cesante, es decir, lo que la concesionaria dejará de ganar en los años que le resten de concesión. Así, el proceso arrancará con la comunicación al concesionario del inicio del procedimiento administrativo para, posteriormente, permitir que se presenten alegaciones. Tras ello, Sanidad tendrá que sustentar una propuesta de resolución, en la que deberán concretar la motivación del rescate, y la propuesta de cuantificación de daños y perjuicios para asumir un nuevo trámite de alegaciones y la resolución final. Hasta este último paso, Marina Salud seguirá siendo la titular de la concesión; en un procedimiento que durará entre seis meses y un año y del que se cuenta con poca experiencia porque apenas hay precedentes.

Al parecer, incluso, el anuncio del inicio del proceso se ha llevado a cabo sin los preceptivos informes de la Abogacía de la Generalitat y del Consell Jurídic Consultiu necesarios para aprobar esta medida en el pleno del Consell. Asimismo, la «falta de mestizaje» del proceso ha generado tensión entre los socios que conforman el Consell, puesto que Compromís prácticamente no ha intervenido en las negociaciones.

Por otra parte, Les Corts celebrarán el próximo 24 de abril una reunión de la Diputación Permanente para hablar de la reversión de la gestión privada a pública del hospital de Dénia, a iniciativa de Podemos, que se suma a PP y Ciudadanos para pedir explicaciones al Consell sobre las maniobras que ha llevado a cabo para adelantar la reversión.

Por último, el vicesecretario general del Partido Popular de la Comunitat, José Juan Zaplana, afirmó ayer que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig «sigue adelante con las chapuzas en Sanidad cometidas durante toda la legislatura y ahora da un paso más con la propuesta chavista de expropiar el hospital de Dénia». Zaplana criticó «el empecinamiento» de Puig «de seguir adelante con la reversión incluso aunque no tenga un acuerdo con la concesionaria y pese a que sabe que no será un proceso fácil, que están pendientes las liquidaciones y que no habla de cifras concretas». «Esta expropiación del hospital viene sin ninguna solución real ni propuestas para los trabajadores del departamento de salud».