Sanidad mantiene la reversión de Torrevieja pero no aclara qué informes va a presentar

La sentencia hecha pública el jueves da la razón a Ribera Salud, en su momento la concesionaria del departamento de la Ribera, y reconoce que a partir de ahora las administraciones tendrán que adjuntar al expediente un informe económico pormenorizado para cumplir la Ley de Sosteniblidad Financiera al asumir cualquier servicio público en concesión.

La decisión del Tribunal Supremo sienta precedente y establece una jurisprudencia. Desde la Conselleria de Sanidad se limitaron a mostrar su satisfacción porque en su opinión la sentencia viene a avalar la política de la Generalitat en la reversión del área de salud de Alzira ya que no ha tumbado la operación.

Pero la claridad en las respuestas desaparece al mirar hacia el futuro y abordar la próxima reversión de Torrevieja. La mismas fuentes insisten en que la sentencia nada ha cambiado pero no concretan qué informes se presentarán: «Los que sean necesarios», apuntaron.

En la misma línea se posicionó la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, que se congratuló de la decisión del Supremo «porque avala las políticas del Botànic» que se dirigen a recuperar los servicios públicos frente «a los que quieren hacer negocio».

La sentencia del alto tribunal puede tener importantes repercusiones ante la intención del Consell de recuperar la gestión del área de salud de Torrevieja. Según la decisión del alto tribunal, la administración va a tener que presentar un informe detallado sobre la repercusión de la operación en las arcas públicas. Este todavía no se ha elaborado y desde Sanidad lo único que aseguraron es que «se presentarán los que sean necesarios». Pero apenas quedan tres meses de plazo -con agosto en medio- para redactar un estudio que a priori parece bastante complicado. En el caso de que no se adjunte al expediente se puede incumplir la doctrina establecida por el Supremo.

Ya la Sindicatura de Cuentas presentó en 2018 un informe en el que establecía que el hospital de Torrevieja ahorra cada año 45 millones a las arcas valencianas de forma que la asistencia integral de la población atendida es un 30% más barata que el gasto que supone la gestión pública de los hospitales de la Comunitat.

La portavoz del PP en Les Corts, Eva Ortiz, tras conocer la sentencia pidió la comparecencia del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, para que explique qué va a pasar con la reversión a la sanidad pública del departamento de salud de Torrevieja, un proceso que reclama que se paralice mientras no haya informes económicos que lo justifiquen y que, según indicó, en este momento no están.

Además, la síndica popular reclamó la dimisión «inmediata» de la consellera de Sanidad, Ana Barceló, «que ha demostrado una incapacidad tremenda no solo en la gestión del covid sino también en la gestión de la reversión de Torrevieja». «Quiere cambiar un modelo que funciona por otro que no está funcionando en Alzira», recalcó. con la reversión a la sanidad pública del departamento de salud de Torrevieja, un proceso que reclama que se paralice mientras no haya informes económicos que lo justifiquen y que, según indicó, en este momento no están.

La visión de Ribera Salud es totalmente contrapuesta. Para la concesionaria del área de Salud de Torrevieja, el proceso de reversión debe empezar desde cero porque consideran que la administración tiene que elaborar el informe antes de tomar la decisión. Fuentes de la empresa explicaron que tienen que recibir el aviso de que no se prorroga el contrato con un año de antelación. «Al no haber estudio económico no se puede haber tomado la decisión por lo que nosotros seguiremos actuando como hasta ahora». También dejaron claro que acudirán a los tribunales en el caso de que no se cumpla la doctrina establecida por el Supremo. «Con esta sentencia se ha acabado el populismo en la economía española», sentenciaron.

Desde la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), patronal que representa al 80% del sector, considera que la sentencia supone «una garantía contra las decisiones arbitrarias o no suficientemente justificadas de las administraciones públicas en los procesos de reversión de servicios«.

Para este colectivo, las administraciones públicas deben velar «por la eficiencia del servicio al ciudadano, evitando en todo momento que éste se vea condicionado por decisiones puramente de carácter ideológico en contra de la calidad asistencial y el buen funcionamiento de los servicios en concesión«.

La asociación recordó que el fin de la concesión del Hospital de La Ribera ha generado un sobrecoste de 76 millones de euros, según los datos de la propia conselleria.