Daniel Guindo
Martes, 18 de julio 2023, 23:31
Se trata de un mandato de Europa. Las Administraciones Públicas, en este caso la valenciana, deben mejorar la estabilidad laboral de sus trabajadores por lo que, progresivamente, tienen que reducir la temporalidad y la concatenación de contratos a las que están sometidos la mayor parte ... de los interinos en la Comunitat. Y en el marco de este plan, la Conselleria de Sanidad impulsó una serie de oposiciones (la más conocida y concurrida, la de Enfermería) para consolidar esos puestos de trabajo y reducir los porcentajes de interinidad a través de unos exámenes que, teóricamente, iban a premiar a aquellos que más dominaran la materia.
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Pero la jugada no salió demasiado bien, sino todo lo contrario. En aquel polémico examen de Enfermería, en el que se preguntaba sobre el 'chemsex' entre otros variopintos asuntos, de los más de 20.000 aspirantes apenas superaron la prueba 2.660, por lo que algo más de un millar de las 3.817 plazas ofertadas quedaron vacantes. Algo parecido ocurrió en la oposición para incorporar a la red pública a técnicos especialistas en radiodiagnóstico, que supuso otro descalabro para los aspirantes, puesto que únicamente superaron la nota de corte 85 de los 1.770 profesionales que se presentaron, lo que desembocó en que 123 de las 208 plazas ofertadas por la conselleria quedaran vacantes. Ante esta situación de plazas desiertas, la pretensión de Sanidad es incorporarlas a otros procesos en los que, en lugar de examen, se valorarán los méritos de los aspirantes para su adjudicación, decisión que, aunque todavía no es oficial, ha indignado a todos aquellos que estuvieron a las puertas del aprobado de dos exámenes de una «exagerada» dificultad, tal y como lo definieron los afectados.
En concreto, según una nota de la Dirección General de Recursos Humanos de la conselleria a la que ha tenido acceso LAS PROVINCIAS, las plazas ofertadas que «no van a ser cubiertas» podrían acumularse a «los procesos de selección por méritos que próximamente se desarrollarán en ejecución de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para al reducción de la temporalidad en el empleo público».
En el escrito, la dirección general reconoce que está estudiando esta posibilidad jurídica de manera que «por principios de economía y eficacia, en aprovechamiento de los procesos ya previstos, pueda alcanzarse el fin establecido en la mencionada ley». Llega a asegurar, incluso, que se trata «de un interés general y, por tanto, de un objetivo compartido entre Administración y trabajadores»; afirmación que ha terminado de enervar a los miles de interinos que han pasado años, algunos incluso solicitando una excedencia laboral, para aprobarse un examen de una inusual dificultad y con preguntas cuanto menos extrañas; prueba a la que se han quedado a las puertas de superar. Sin embargo, ahora todo ese esfuerzo y tiempo empleado no servirá de nada porque «si existe aval jurídico y administrativo suficiente, las plazas que han resultado desiertas en los recientes procesos de selección, siempre y cuando cumplan los requisitos necesarios, serían incorporadas a las subsiguientes convocatorias derivadas de la oferta de empleo público actual».
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Afectados consultados por este diario creen que existen alternativas para evitar este perjuicio. Por un lado, respaldan que todo aquel que haya aprobado el examen mantenga el beneficio de obtener la plaza, pero que el resto, al menos en su mayor parte, se distribuyan entre los cientos, posiblemente miles, de aspirantes que en muchas ocasiones por décimas no alcanzaron la nota de corte. De hecho, en 2013 ya se utilizó está técnica y se decidió bajar ligeramente la nota de corte para poder cubrir las miles de plazas que quedaron vacantes tras las pruebas.
Así, se respetaría a todos aquellos que han aprobado el examen, incluso con la asignación preferente de plazas, y el resto de puestos vacantes se cubrirían en orden descendiente a la puntuación obtenida.
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Los afectados han llegado a remitir cartas al hasta ahora conseller de Sanidad, Miguel Mínguez, proponiéndole esta solución, pero las elecciones autonómicas y el cambio de manos del departamento autonómico habría frenado todo el proceso. Ahora es más que probable que los nuevos gestores de la conselleria valoren la situación y, juntamente con las fuerzas sindicales, establezcan cuál sería la mejor opción para agilizar los procesos y que, a la mayor brevedad posible, estos trabajadores puedan contar con su ansiada estabilidad laboral. De esta forma, se cumpliría también con el mandato de la Unión Europea de que, como máximo, el 8% de los trabajadores públicos sean temporales sin plaza.
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